Una docena de diputados se negó a avalar un proyecto de resolución para entregar un diploma especial al personal legislativo que colaboró, con la policía, en la defensa del Palacio Legislativo durante la tarde del 12 de septiembre cuando un grupo de manifestantes de gremios estatales derribó la puerta, ingresó al hall y arrojó una bomba de estruendo y otros elementos contundentes en rechazo al tratamiento del proyecto sobre emergencia y reforma previsional.

El tratamiento de las iniciativas ingresadas semanas atrás por Rubén Galassi (PS) y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) llegó con el dictamen de las comisiones. Se votó a pocas horas de la detención, mediante allanamientos, de los principales responsables del ataque al edificio y de la audiencia imputativa que se había realizado esa misma jornada a pocas cuadras del edificio legislativo, en el Palacio de Tribunales. Entonces, todo se mezcló y la resolución para reconocer a los empleados e incluso propiciar que el ministerio de Justicia y Seguridad hiciera lo propio con los policías derivó en fuertes cruces políticos, abstenciones y quedaron votando juntos todo el oficialismo, más los diputados allegados a Omar Perotti y los dos integrantes de Vida y Familia, mientras que la izquierda (Frente Amplio por la Soberanía), más el bloque de Amalia Granata (Somos Vida) y cuatro justicialistas optaron por abstenerse.

La resolución votada dispone otorgar la distinción «Diploma Especial» a los trabajadores de la Cámara «que brindaron su apoyo y colaboración a los agentes policiales que intervinieron desde el interior del Palacio Legislativo ante los incidentes producidos el pasado jueves 12 de septiembre en el marco del tratamiento de la ley de reforma del régimen previsional de empleados públicos de la provincia». Además faculta a la Presidencia de la Cámara a extender un reconocimiento a los agentes de la policía de la Provincia que intervinieron para conservar la integridad física del personal de la Cámara, trabajadores de prensa, legisladores, así como la preservación del patrimonio edilicio público, el cual se hará efectivo por intermedio del Ministerio de Justicia y Seguridad. Por último, solicita a esta cartera «incorpore el reconocimiento otorgado al legajo personal de los agentes alcanzados».

Galassi pidió que se leyera cómo quedó redactada la resolución para que se entendiera el sentido del reconocimiento, admitiendo que se vendrían los cuestionamientos y «para evitar las falsas interpretaciones, por lo menos las que se hacen de buena fe» pidiendo no entrar al fondo de la cuestión que está en etapa judicial. «Son compañeros de trabajo a los que vamos a reconocer, a los que cruzamos en los pasillos todos los días», aclaró. «Es un reconocimiento y un agradecimiento por la acción de ese jueves» resaltó el socialista.

El Frente Amplio por la Soberanía pidió la abstención de sus tres miembros por entender que ese día se llevó adelante una decisión política de sacarle recursos a los jubilados. También Granata se sumó al pedido de abstención. «Hablé con varios policías y estoy seguro que ellos querían estar en la plaza protestando porque les tocaban derechos y recursos. Su obediencia hizo que estuvieran defendiendo el edificio. El mejor reconocimiento no es discursos, sino sueldos dignos y que no se les toque la jubilación», subrayó. «Los que rompieron la puerta son delincuentes, no docentes que vinieron a protestar», agregó. Las justicialistas Lucila De Ponti y Alejandra Rodenas se abstuvieron sin discursos. También optaron por la abstención Verónica Baró Graf y Miguel Rabbia.

Mariano Cuvertino, desde el socialismo, defendió el reconocimiento y ponderó la tarea del personal legislativo en forma permanente al igual que Armas Belavi quien hizo un especial párrafo a la policía recordando su voto contrario a la reforma. «Ellos necesitan transparencia en los concursos de ascensos, apoyo para uniformes y ropa de trabajo; trabajo digno y que no se los persiga», añadió.

Celia Arena (PJ) votó a favor pero calificó de «inoportuna la inclusión del tema en la jornada un día después de allanamientos irregulares a gente que estaba a derecho». Acotó que la responsabilidad de lo que ocurrió ese jueves fue del oficialismo así como la de garantizar la pacífica manifestación de los afectados. «Votamos porque había trabajadores que defendieron a trabajadores que estaban acá dentro», acotó.

El radical José Corral hizo un fuerte discurso defendiendo el accionar de la Cámara e incluso al titular del Poder Ejecutivo que había siendo cuestionado por la oposición y repudió el accionar violento de algunos que atentaron contra una institución de la democracia. «Que el reconocimiento esté en el propio legajo policial está muy bien porque puede influir en algún ascenso». Por otra parte consideró «muy sano» que avance la investigación para que los responsables de los delitos que se cometieron ese día paguen las consecuencias. Hubo delitos graves», aseveró. «La obligación central de esta institución es hacer cumplir la ley, que se cumpla la ley», reafirmó.

Ese discurso fue respondido por su ex correligionario Fabián Palo Oliver y sobre el final, el también radical Martín Rosúa destacó que la ley se votó para darle sustentabilidad al sistema jubilatorio y pidió a quienes cuestionaron los allanamientos que realicen las denuncias correspondientes si entienden que hubo irregularidades.

Dow

Con una docena de discursos con tono crítico a la política del gobierno nacional, la Cámara de Diputados «declaró su profunda preocupación por el cierre de la empresa química y petroquímica DOW Argentina, radicada en la ciudad de Puerto Gral. San Martín, por sus graves consecuencias económicas, sociales y laborales para la comunidad, afectando la fuente laboral de 120 trabajadores».

El debate fue seguido por dirigentes del sindicato que representa a los trabajadores presentes en el recinto. El texto fue ingresado por el socialista Joaquín Blanco con la firma de los integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión Social.

Minutos después de la votación de Diputados, el Senado avanzó con un proyecto de ley de Armando Traferri para expropiar esa planta, texto que ahora deberá revisar la Cámara Baja. En el texto, se pide a las autoridades de la empresa «el cumplimiento de los términos acordados en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, y a los Gobiernos provincial y nacional que tomen en forma urgente las medidas que consideren necesarias para mitigar el impacto de esta decisión empresarial, promoviendo y sosteniendo el diálogo permanente con los trabajadores y la empresa, e instando a la misma a reconsiderar su decisión y buscar alternativas que permitan la continuidad de sus operaciones en la provincia».