En números, el anuario legislativo evidenció una marcha con el freno de mano puesto: en 2025 se sancionaron tan solo 11 leyes. Con una Cámara baja fragmentada y un Senado con mayoría opositora, el período ordinario que finalizó formalmente el 30 de noviembre dejó una postal de muy baja productividad.

La comparación histórica marca una caída drástica frente a otros períodos, como las 101 leyes de 2016-2017 o las 48 del período anterior. Así, el 2025 dejó el nivel de leyes sancionadas más bajo de los últimos diez años, de acuerdo a un informe elaborado por Directorio Legislativo.

Sesiones especiales con agenda repartida

La dinámica del año explica parte del resultado. El balance anual indica que se realizaron 22 sesiones a lo largo del 2025, 11 de las cuales fueron en carácter especial, un espejo de la dificultad para sostener un plan de trabajo estable. De manera que la actividad parlamentaria funcionó más por llamados de urgencia que por un calendario previsible. Además hubo 5 sobre tablas, 3 informativas y 3 extraordinarias, lo que ratifica la dificultad para acordar la agenda.

Otra singularidad del año fue el origen de las normas: de las 11 leyes sancionadas, 3 fueron acuerdos internacionales que habían sido enviados originalmente durante la gestión de Alberto Fernández. El resto —8 iniciativas— surgió del Poder Legislativo y, según el informe, tuvieron un sello común: fueron propuestas por la oposición.

No hubo leyes del oficialismo ni de autoría compartida. El Ejecutivo, en cambio, hizo uso de herramientas constitucionales con lógica de contención. El informe lo sintetiza como una estrategia “defensiva”: el Gobierno no logró impulsar sus iniciativas y se concentró en bloquear o frenar la agenda opositora.

Ahí aparece otro número que definió el año legislativo: 7 de las 11 leyes sancionadas por el Legislativo fueron vetadas por el Ejecutivo. Y aunque el veto se usó como escudo, el Congreso también mostró sus armas: en tres casos insistió y logró revertir esa decisión presidencial. En este juego de fuerzas, el Parlamento operó como contrapeso, más en clave de control y resistencia que como mesa de acuerdos.

Emplazamientos: la novedad

En materia legislativa, el “personaje del año” fue el emplazamiento a comisión. En 2025 se registraron 20 emplazamientos, una cifra inédita si se la compara con el máximo de 3 en períodos anteriores.

La oposición usó ese mecanismo procedimental para obligar a las comisiones a tratar proyectos que el oficialismo buscaba demorar. En castellano llano: cuando la puerta no abría, buscaron la ventana. Y funcionó.

Ese uso intensivo refleja un Congreso convertido en territorio opositor, donde la disputa por el control de los tiempos se volvió tan importante como la discusión del contenido. Allí se trataron temáticas álgidas para la discusión pública como el caso de la criptomeda $Libra, las muertes por una partida fallada de fentanilo y las auditorías masivas sobre pensiones por invalidez laboral, entre otras.

Qué normas se sancionaron

El listado de leyes aprobadas durante el período ordinario ayuda a entender por qué el conflicto fue permanente: no fueron iniciativas menores. El Congreso sancionó tres acuerdos internacionales y, además, normas vinculadas a emergencias y temas sociales sensibles:

Declaración de emergencia en Bahía Blanca.

Dos aumentos para el pago de jubilaciones.

Declaración de emergencia en discapacidad.

Modificación a la normativa sobre Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) a las provincias.

Financiamiento de universidades nacionales.

Emergencia en Salud Pediátrica.

Ley Nicolás.

Sin embargo, el Gobierno vetó “casi todas” las leyes, con excepción de los acuerdos internacionales y la Ley Nicolás. Mientras la oposición logró revertir tres vetos que aunaban emergencias: discapacidad, universidades y salud pediátrica.

Extraordinarias en diciembre

Con el impulso del recambio legislativo que lo dejó en una posición ventajosa, el Ejecutivo buscó pasar a la ofensiva convocando a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre con una agenda propia y ambiciosa, con proyectos listados explícitamente en el decreto de convocatoria.

El temario incluyó desde el Presupuesto 2026 como columna vertebral de la gestión, pasando por el Régimen de Inocencia Fiscal y el Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria como marco para blindar el rumbo económico, hasta un paquete de reformas de alto voltaje político, con Reforma Laboral y una reforma integral del Código Penal. También la adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambiente periglaciar.

Sin embargo, la ambiciosa agenda se frenó rápido ante la falta de acuerdos. El objetivo principal fue el Presupuesto, para conseguirlo tuvo que postergar la reforma laboral y los demás proyectos para comienzos del próximo año.