La Justicia federal resolvió este miércoles que los delitos atribuidos a Dolly Viale de Garrido, expartera del hospital Roque Sáenz Peña, no están prescriptos. La mujer, de 88 años, está acusada de supresión y alteración del estado civil y la identidad de un menor de diez años, previsto en el artículo 139 del Código Penal, y de falsedad ideológica de instrumento público, contemplado en el artículo 293.

La defensa de Viale había solicitado que ambos delitos fueran declarados prescriptos. Sin embargo, durante una audiencia ante la Cámara de Apelaciones, los jueces rechazaron el planteo.

La audiencia contó con la presencia de numerosas personas que buscan conocer sus orígenes biológicos. Algunas de ellas señalaron que sus partidas de nacimiento llevan la firma de Viale, un elemento que forma parte de las averiguaciones que se realizan en torno a sus respectivos casos.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, cuando trabajaba en el hospital Roque Sáenz Peña, Viale habría confeccionado un certificado de nacimiento con información falsa sobre los padres biológicos de una beba registrada como nacida en 1970.

La investigación también contempla las denuncias de otras cinco personas. Entre ellas se encuentra Silvina Garrido, quien fue criada como hija de la propia Viale. En su caso, la Justicia ordenó la extracción compulsiva de ADN para determinar si existe un vínculo biológico entre ambas.

El abogado Juan Singer, quien representa a Carmen Quiroga y a María Ángeles Camarasa, dos de las denunciantes, había cuestionado días atrás el planteo de prescripción en declaraciones a Rosario3. Si bien señaló que la prescripción constituye un argumento jurídicamente posible, sostuvo que no corresponde aplicarla porque, según su interpretación, se trataría de un delito continuado.

“Es decir, cada día a las 12 de la noche se reanudan los efectos perniciosos de ese delito y se vuelve a cometer por algo externo de los agentes”, explicó el abogado, quien vinculó esa interpretación con la presunta falsificación de partidas de nacimiento firmadas por Viale.

Singer también señaló que en los últimos días recibió consultas de personas que comenzaron a revisar sus documentos de nacimiento a partir de la difusión del caso.

“Al día de la fecha se contactan conmigo personas que recién ahora se dieron cuenta que está ella como firmante, que recién ahora se dieron cuenta que su partida es falsa o tienen dudas de que sea falsa y se van a poner a investigar si sus padres son apropiadores”, afirmó.

El abogado agregó que la difusión del caso permitió que otras personas tomaran conocimiento de situaciones que podrían estar relacionadas con la investigación. “Hay más casos que tomaron conciencia recién ahora por la difusión”, sostuvo.

Según estimó Singer, podría existir una docena de posibles denunciantes en distintos puntos del país y también en el exterior, aunque advirtió que el número podría ser mayor.

La investigación sobre Viale

La fiscal Soledad García atribuyó a Viale un hecho relacionado con la supresión de identidad, aunque la investigación analiza otros posibles casos.

De acuerdo con la pesquisa, la expartera habría separado bebés de sus madres biológicas y entregado a los niños a otras familias a cambio de dinero durante el período comprendido entre 1968 y 1980. Estas circunstancias forman parte de la hipótesis que investiga la Justicia y deberán ser determinadas durante el proceso.

La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada el 15 de abril ante la Unidad Fiscal Rosario por Carmen Quiroga. Su caso fue tratado durante una audiencia judicial.

Además de Quiroga, otras cinco personas denunciaron situaciones que, según sus testimonios, podrían estar vinculadas con la alteración o supresión de sus identidades y con la actuación de Viale.

Entre ellas se encuentra Silvina Garrido, de 58 años, quien relató que cuando tenía 15 años escuchó de la propia Viale que no era su madre biológica. También denunció a la expartera María Ángeles Camarasa, de 47 años, quien sostiene que su certificado de nacimiento fue alterado.

La Justicia deberá determinar, a partir de las pruebas reunidas y de las medidas que se dispongan durante la investigación, si los hechos denunciados ocurrieron y cuál fue la participación que pudo haber tenido Viale en cada uno de ellos.