La Cámara Federal de Rosario detectó que 760 causas penales que figuraban en los registros de los juzgados federales N.º 3 y 4 no aparecían en los sistemas de las fiscalías. La diferencia salió a la luz durante una revisión que comenzó después de que ambos tribunales informaran que tenían 8.502 expedientes residuales en trámite. Un primer control redujo esa cifra a 1.854, pero el nuevo cotejo con los registros del Ministerio Público Fiscal, que contabilizaba 1.094 causas, dejó al descubierto una brecha que ahora está bajo investigación. De los 760 expedientes sin registro en las fiscalías, alrededor de 200 requieren un análisis más profundo para determinar si hubo responsabilidades administrativas o penales.

La revisión de los expedientes penales residuales comenzó a partir de un requerimiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que pidió a los juzgados federales N.º 3 y 4 información sobre las causas que permanecían en trámite y que, por su antigüedad o estado procesal, integraban el universo de expedientes pendientes de resolución.

El juzgado federal número 4 estaba a cargo de Marcelo Bailaque, destituido e imputado por lavado de activos y el número 3 corresponde a Carlos Vera Barros.

Los primeros informes consignaron 8.502 causas, una cifra que encendió las alertas y obligó a revisar los registros de las secretarías.

El nuevo relevamiento redujo ese número a 1.854 expedientes, mientras que el Ministerio Público Fiscal (MPF) tenía registrados 1.094. La diferencia entre ambos sistemas, de 760 causas, motivó una nueva revisión para determinar qué había ocurrido con esos expedientes y si existían responsabilidades en su tramitación.

La Cámara detectó inconsistencias en los registros de ambos tribunales y estableció que un grupo de alrededor de 200 expedientes requiere un análisis más exhaustivo para determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.

La resolución, firmada el 1º de octubre de 2026, dispuso la apertura de sumarios administrativos contra secretarios del Juzgado Federal N.º 4 y remitió información a las fiscalías y al Consejo de la Magistratura para que evalúen posibles responsabilidades.

El camarista federal Aníbal Pineda explicó que la revisión permitió precisar el alcance de las inconsistencias y diferenciar los expedientes que requieren una investigación adicional de aquellos cuya situación procesal puede aclararse a partir de las últimas actuaciones registradas. “En lugar de 8.500 causas, la diferencia es de 760”, señaló, al precisar que el universo que debe ser examinado no equivale a la totalidad de los expedientes que inicialmente figuraban como pendientes.

El informe de la Cámara señala que parte de las diferencias se explica por expedientes archivados, sobreseídos, remitidos a otros organismos o cuyos estados procesales no habían sido actualizados en el sistema informático Lex 100. Sin embargo, la revisión no se limitó a corregir las cifras: también permitió identificar situaciones que necesitan un análisis específico para establecer si hubo incumplimientos en la gestión de las causas.

Pineda precisó que alrededor de 200 expedientes integran ese grupo que requiere mayor atención. “Hay un lote de 200 causas que requieren un mayor análisis para ver si hay responsabilidad administrativa o penal”, indicó.

A partir de ese diagnóstico, la Cámara dispuso distintas actuaciones para que los organismos competentes determinen si corresponde avanzar en la investigación de eventuales responsabilidades.

En el caso del Juzgado Federal N.º 4, que se encuentra vacante, la Cámara abrió sumarios administrativos contra sus secretarios para examinar su desempeño.

La situación es diferente en el Juzgado Federal N.º 3, que cuenta con un juez titular y cuya superintendencia corresponde a ese magistrado. Por ese motivo, se remitió la información al juez a cargo para que evalúe las posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios de su tribunal.

En paralelo, la Cámara envió el detalle de los expedientes a las fiscalías federales para que analicen si existen elementos que justifiquen investigar eventuales responsabilidades penales. También remitió los antecedentes al Consejo de la Magistratura, que deberá evaluar si corresponde examinar la actuación de los jueces involucrados. Los informes fueron enviados, además, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El camarista aclaró que las causas que ya estaban registradas en el Ministerio Público Fiscal no fueron sometidas a este mismo procedimiento de revisión, dado que contaban con intervención de fiscales. “No se evaluaron los 1.090 que tiene registrada la Fiscalía porque, como tienen control e intervención de la Fiscalía, no hacía falta evaluar si había algún tipo de desprolijidad en la tramitación porque ya había un fiscal actual”, explicó. La cifra mencionada por Pineda corresponde al registro aproximado de las fiscalías, consignado en la resolución en 1.094 expedientes.

La Cámara advirtió, no obstante, que el relevamiento tuvo un alcance limitado: no incluyó el análisis del contenido de las investigaciones ni de las pruebas reunidas, sino que se concentró en las últimas actuaciones asentadas en el sistema informático. Por esa razón, los resultados son preliminares y no permiten establecer, por sí solos, que hayan existido irregularidades administrativas o judiciales, ni atribuir responsabilidades individuales.

La resolución también dispuso que los juzgados presenten informes actualizados sobre las causas residuales cada 80 días y que se elaboren reportes complementarios sobre los expedientes del Juzgado Federal N.º 4 que requieren un examen más detallado.