Rosario se prepara para prohibir a los cuidacoches
El Concejo tratará un proyecto para adherir a la ley provincial que prohíbe la actividad de los “trapitos”. La iniciativa es de Federico Lifschitz y el oficialismo buscará aprobarla.
Rosario se encamina a adherir al nuevo régimen provincial que prohíbe la actividad informal de cuidacoches y lavadores de vehículos en la vía pública. El Concejo Municipal tiene a consideración un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Federico Lifschitz, del oficialismo, que propone incorporar la prohibición al Código de Convivencia local y establecer un esquema de controles específicos en distintos puntos de la ciudad.
La adhesión todavía debe ser aprobada por el Concejo. La iniciativa oficialista plantea que, una vez sancionada la ordenanza, quede prohibido en todo el ejido urbano el ejercicio no autorizado de la actividad de cuidacoches y/o lavadores de vehículos.
El proyecto toma como marco la ley provincial sancionada el 17 de septiembre por la Legislatura santafesina, a partir de una iniciativa del senador departamental por Rosario, Ciro Seisas. La norma modificó el Código de Convivencia provincial e incorporó nuevas figuras contravencionales vinculadas con el cuidado, guarda, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública, además de establecer un régimen de adhesión para municipios y comunas.
Controles reforzados en zonas específicas
La ordenanza que impulsa Lifschitz no se limita a establecer la prohibición. También fija los lugares y situaciones en los que el municipio debería concentrar los operativos de control.
El proyecto establece como áreas prioritarias las zonas comprendidas por el estacionamiento medido, los perímetros concesionados, corredores comerciales y gastronómicos, sectores de nocturnidad y alrededores de centros de salud.
También contempla un dispositivo especial durante eventos masivos, deportivos, culturales o espectáculos públicos. En esos casos, los controles deberían extenderse hasta un radio de 20 cuadras, desde dos horas antes del comienzo del evento y hasta una hora después de su finalización.
La Secretaría de Control y Convivencia sería la autoridad de aplicación y sus agentes quedarían facultados para fiscalizar, hacer cesar la actividad y labrar las correspondientes actas de infracción.
Operativos conjuntos
Otro de los puntos centrales de la propuesta es la coordinación entre el municipio y las fuerzas de seguridad provinciales.
El proyecto establece que el Ejecutivo municipal deberá suscribir convenios con el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe para organizar patrullajes preventivos conjuntos y garantizar la intervención de la Policía frente a situaciones de resistencia, coerción o violencia.
Además, la prohibición provincial debería incorporarse al Código de Convivencia Ciudadana de Rosario, con la aplicación de las sanciones locales y el eventual traslado de las actuaciones a la Justicia Contravencional provincial cuando corresponda.
La ley provincial contempla sanciones que pueden incluir arrestos y establece agravantes para determinadas circunstancias, entre ellas hechos cometidos durante eventos masivos o aquellos en los que exista violencia o intimidación.
Una discusión añosa
La actividad de los cuidacoches es desde hace años una discusión recurrente en el Concejo Municipal. En distintos períodos se presentaron proyectos que buscaron prohibirla, regularla o establecer mecanismos de control, sin que hasta ahora se alcanzara una solución definitiva.
La nueva legislación provincial cambió el escenario porque establece un marco común, pero deja a cada municipio la decisión de adherir y definir cómo aplicará las medidas en su territorio.
En Rosario, el intendente Pablo Javkin ya había anticipado, después de la sanción provincial, que el municipio seguramente adheriría y que el Ejecutivo enviaría su propio mensaje al Concejo una vez analizado el texto de la ley.
Ahora el proyecto presentado por Lifschitz busca que esa adhesión se concrete desde el Concejo. Si el oficialismo consigue los votos necesarios, Rosario quedará formalmente incorporada al régimen provincial y comenzará una nueva etapa en la política municipal frente a los llamados “trapitos”.
