Carlos Rosenkrantz volvió a quedar en minoría en una discusión clave sobre la Ley de Tierras. Su postura a favor de permitir la venta de tierras rurales a extranjeros vuelve a poner bajo la lupa una trayectoria marcada por su paso por el mundo de los grandes estudios jurídicos, su llegada a la Corte Suprema durante el gobierno de Mauricio Macri y sus votos en causas de alto impacto político y social.
Antes de integrar el máximo tribunal, Rosenkrantz construyó una extensa carrera como abogado de grandes empresas. Desde el estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados representó a compañías y grupos económicos de peso, entre ellos Clarín y firmas de los sectores farmacéutico y petrolero. Su posterior llegada a la Corte abrió interrogantes sobre los vínculos entre su pasado profesional y el ejercicio de la función judicial, especialmente en causas donde aparecían intereses relacionados con su anterior actividad privada.
En 2016, Mauricio Macri intentó incorporarlo a la Corte por decreto, junto con Horacio Rosatti, sin esperar el procedimiento ordinario de acuerdo del Senado. La iniciativa generó fuertes cuestionamientos y finalmente ambos jueces atravesaron el mecanismo constitucional correspondiente.
Pero fue en 2017 cuando su nombre quedó asociado a uno de los fallos más controvertidos de la historia reciente, el denominado 2×1, que abrió la posibilidad de reducir las condenas de un represor condenado por delitos de lesa humanidad. La decisión provocó una movilización multitudinaria y una respuesta legislativa que limitó la aplicación de ese beneficio a condenados por crímenes de lesa humanidad. Rosenkrantz sostuvo su posición en disidencia cuando la Corte volvió a tratar el tema bajo el nuevo marco legal.
Su actuación también quedó bajo discusión en otras causas vinculadas con derechos laborales e intereses empresariales. En cada caso, sus votos y fundamentos permiten examinar qué concepción del derecho sostiene y qué consecuencias tienen sus decisiones sobre distintos sectores de la sociedad; porque en definitiva, la Corte Suprema, no es un espacio ajeno a las disputas sobre el modelo de país.