Tiene 63 años, hace siete que trabaja en el pasaje Corbellini al 1100 y sostiene que la Municipalidad y la policía lo hostigan sin distinguir entre quienes trabajan por necesidad y quienes cometen delitos. Después de que inspectores les retiraran los baldes mientras lavaba autos, recurrió al hábeas corpus para poder seguir trabajando en la calle. Para la Defensoría Pública Penal, “la actividad policial fue evidentemente ilegal, en tanto se lo demoró y se lo hostigó en función de la aplicación de una ley no vigente, pues se requiere una reglamentación y adhesión de parte del municipio que aún no existe”.

“Este trabajo me cambió la vida” dice Quinteros a Rosario/12, a metros del Centro de Justicia Penal de Rosario. No llegó a ese lugar por elección ni porque fuera su oficio de toda la vida. Llegó después de perder confianza para manejar por un problema de visión, dejar el taxi y pasar dos años buscando un empleo que nunca apareció. Hoy, con un nieto a cargo y dificultades para cubrir los gastos cotidianos, defiende el trabajo que le permite sostener a su familia.

En su favor se presentó un recurso de hábeas corpus para que pueda continuar trabajando ante lo que describe como hostigamiento policial y municipal. El planteo se inscribe en la discusión por la ley que regula la actividad de los cuidacoches y las medidas de control sobre quienes trabajan en la calle. Quintero pide que no se trate a todos por igual y que se distinga a quienes se ganan la vida con esta tarea de quienes incurren en hechos delictivos.

El episodio que precipitó su búsqueda de amparo ocurrió en el propio pasaje. Según relató, agentes de Control Urbano y policías llegaron cuando lo vieron lavando un auto y les retiraron los baldes con el argumento de que no podía trabajar de esa manera. Quintero les explicó que, según su interpretación, la normativa todavía no estaba reglamentada en Rosario y que por eso no correspondía impedirle la actividad en esos términos. No discutió ni se enfrentó con los agentes: dejó que se llevaran sus cosas y buscó otras vías para reclamar.

“Fueron intempestivamente a sacarme los baldes, diciéndome que no se podía trabajar, que no podía hacer estas cosas”, contó a este diario. Aclaró que el trato no fue necesariamente violento, pero cuestionó las formas: “Si vos venís de buena manera, es una cosa. Pero si venís con prepotencia, ahí es muy diferente”. Para él, el problema no se reduce a la intervención de ese día, sino a una política de control que, afirma, no contempla las diferencias entre las personas ni las razones por las que trabajan en la calle.

El habeas corpus preventivo oficial es “en favor de Marcelo Quinteros contra el accionar del personal del Comando Radioeléctrico de la policía de la provincia y del personal de Control Urbano municipal en virtud de la amenaza cierta, inminente e ilegítima contra su libertad ambulatoria y el hostigamiento sufrido en la vía pública”. Por lo que se solicita “se ordene de manera urgente el cese inmediato de todo acto de amedrentamiento, persecución o amenaza de detención por parte de las fuerzas de seguridad y de control hacia nuestro asistido mientras ejerce de forma pacífica su labor en la vía pública, todo ello conforme lo autorizan los artículos 370, inciso 1, del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe” dice el recurso presentado desde el área de violencia institucional.

En concreto, el artículo 370, en su inciso 1, establece que “corresponderá la denuncia de habeas corpus ante un acto u omisión de autoridad pública que arbitrariamente y en violación de normas constitucionales implique una limitación o una amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente”.

“Cuando no se separa la paja del trigo, cuando no son todos iguales”, resumió Quinteros al explicar por qué decidió buscar respaldo para continuar con su actividad. Quinteros insiste en que no pretende quedar al margen de los controles. Por el contrario, sostiene que debe haber supervisión, pero reclama que se tenga en cuenta la situación de cada trabajador. “Yo me considero un trabajador. Siempre fui un trabajador desde chico”, dijo.

Antes de llegar al pasaje Corbelini, Quinteros pasó por numerosos empleos. Empezó a trabajar a los 16 años, mientras cursaba la secundaria, en una fábrica de moldes ubicada en 27 de Febrero y Crespo. Vivía en barrio Las Flores y tomaba dos colectivos para llegar. También trabajó en empresas de transporte, en taxis durante 16 años y como operador de radio en remiserías y compañías de taxis.

Dejó el volante cuando comenzó a perder visión en el ojo derecho. “Eso te hace perder confianza para manejar, por lo menos me pasó a mí. Antes de tener algún accidente, me bajé”, explicó.

Después intentó reinsertarse laboralmente. Tiene estudios secundarios, pasó por la Facultad de Medicina y cursó durante un tiempo abogacía, además de adquirir conocimientos de carpintería, electricidad, herrería y electrónica. Pero nada de eso alcanzó para conseguir otro empleo.

“Fueron dos años seguidos tratando de buscar otro lugar para trabajar”, recordó sobre 2012 y 2013. Llevó currículums, buscó oportunidades y realizó changas. Nunca tuvo respuestas. La edad y los problemas de salud, entiende, terminaron cerrándole las puertas del mercado laboral.

La posibilidad de trabajar en el pasaje surgió por intermedio de un empleado de la escuela secundaria Leonardo da Vinci, que ya se jubiló. La institución necesitaba a alguien que ordenara el estacionamiento, especialmente para facilitar la llegada de sus autoridades. Quinteros aceptó, primero sin experiencia en el cuidado de autos. Desde entonces, construyó una relación cotidiana con vecinos, docentes, trabajadores judiciales y comerciantes.

“Me dio la posibilidad de conocer mucha gente, de ganarme la confianza de mucha gente, conocer gente con mucho conocimiento, estudiados, inteligentes”, contó. Y agregó: “Da mucha alegría ser tratado bien por otras personas. Eso llena de orgullo”.

Su tarea no se limita a cuidar vehículos. Dice que intervino cuando intentaron robarles a estudiantes menores de edad de la escuela, evitó que abrieran un auto y ayudó a comerciantes de la zona. También colaboró cuando una nena quedó encerrada dentro de un vehículo y cuando fue necesario auxiliar a personas que habían dejado las llaves adentro. Son episodios que menciona para explicar por qué considera que su presencia cumple una función reconocida por quienes transitan el lugar.

Quintero asegura que el vínculo con los vecinos y con las personas que estacionan en el pasaje es bueno. También recuerda que, durante los juicios a integrantes de Los Monos, cuando se vallaron sectores cercanos al Centro de Justicia Penal, fue uno de los pocos que permaneció trabajando en la zona. En aquel momento policías que no lo conocían le advertían que no podía estar allí. Personas que trabajaban en el ámbito judicial intercedieron para que pudiera continuar.

Bajo observación

Ahora, la aplicación de la ley sobre los cuidacoches volvió a ponerlo bajo observación. Quintero cuestiona que las intervenciones no distingan entre las distintas situaciones y teme perder el único ingreso que consiguió después de años de búsqueda laboral.

“Estamos excluidos de todo”, afirmó al describir lo que considera una disputa más amplia sobre el lugar de los trabajadores informales. “Yo pienso seguir con mi batalla cultural, porque lo necesito, porque yo soy el sostén de hogar”, afirma.

Sus hijos son adultos, pero tiene a cargo a un nieto cuyos padres no consiguen empleo estable. El padre trabaja con una moto haciendo viajes para Uber Moto, una actividad que, según Quintero, no garantiza ingresos suficientes. La economía familiar se mide en gastos elementales y cuentas que cuesta reunir.

“Hace dos días le dije: se nos terminó la garrafa, tenés que juntar plata para la mitad. La otra mitad la pongo yo”, relató. La garrafa cuesta 27.000 pesos. “No es nada, pero cuesta conseguirlo para nosotros los pobres”.

Quinteros también es propietario, pero aclara que eso no significa que tenga resuelta su situación económica. “Hay veces que no puedo pagar los impuestos, no puedo comprar una garrafa”. Su testimonio pone en primer plano la contradicción que atraviesa su caso: tener una vivienda propia no le garantiza un ingreso suficiente ni le abre las puertas de un empleo formal.

Por eso, su reclamo no se dirige solamente a los agentes que le retiraron los baldes. También apunta a los responsables políticos de la normativa. Al senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas y a los legisladores que acompañaron la ley les pediría que reconsideren el modo en que se aplica.

“Que piensen más en las personas que trabajamos, no en los vagos, porque yo me considero un trabajador”, sostuvo. Y extendió el pedido a los concejales de Rosario, que deben definir la adhesión municipal a la norma: “Que sepan separar a aquellos que son buenos de los malos”.

Quinteros no plantea que deba desaparecer el control. “Que haya un control, eso es importantísimo”, afirmó. Pero advirtió que ese control necesita recursos y acuerdos políticos para no terminar castigando a quienes dependen de una actividad informal para subsistir.

A los 63 años, después de una vida de trabajos diversos y de dos años sin conseguir empleo, Quinteros no pide que lo eximan de las reglas. Pide que su situación sea escuchada antes de que le quiten la posibilidad de ganarse la vida. “Hay personas que necesitan de verdad y trabajan de verdad”, dijo. Su recurso de hábeas corpus busca que esa diferencia también sea considerada por la Justicia. Justamente muchos de esos actores judiciales son quienes a diario dejan sus vehículos, y hasta las llaves de los mismos, mostrando la confianza que genera Marcelo.