Como otra pincelada más del clima de época, hubo en las últimas horas más agresiones a través de redes sociales desde la usina del oficialismo nacional contra quienes confrontan de alguna manera con el gobierno de Javier Milei.

Y los blancos fueron esta vez Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y su esposa, la presidenta del Concejo municipal, María Eugenia Schmuck. Al primero, en forma de amenaza anónima de muerte; y a ella, de parte de un alto funcionario del Ejecutivo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Los ataques se produjeron en la antesala de la marcha federal convocada para este jueves 15 en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El mensaje dirigido al rector, publicado en su cuenta de Instagram, contiene una amenaza explícita de violencia armada. “Empezá a hacer las cosas bien porque sino te re voy a hacer comer plomo”, dice el texto anónimo, que también incluye insultos y referencias a un grupo de personas que supuestamente participarían de las agresiones.

Bartolacci respondió con una reflexión sobre el deterioro de la convivencia democrática y la naturalización de los discursos violentos. “De tanto descalificar, agraviar e incitar a la violencia se habilita cualquier cosa y que parezca natural. Cuando se hace desde las más altas responsabilidades institucionales, más peligroso aún”, escribió.

El rector sostuvo que la sociedad no merece vivir en un escenario en el que parezca que todo está permitido y en el que “gritar más fuerte para imponer es mejor que escuchar o convencer con la palabra”. También cuestionó que la violencia y el agravio desplacen a la convivencia, el reconocimiento y el diálogo.

“Nunca dispusimos de tantos medios para comunicarnos y, al mismo tiempo, parece cada vez más difícil reconocernos –más aún en la diferencia– y construir una experiencia común”, planteó. Y concluyó con una reivindicación de la educación pública: “Soy una especie de pesimista esperanzado. Y por esa esperanza mi compromiso con la educación, que es lo único que nos salva”.

La amenaza provocó expresiones de repudio y solidaridad de docentes, profesionales universitarios y entidades intermedias, que respaldaron al rector de la UNR ante la gravedad del mensaje.

El Galleguito, otra vez al ataque

En paralelo, Álvarez publicó en su cuenta de X un mensaje en el que acusó a Schmuck de ejercer como docente presiones sobre estudiantes universitarios y de perseguir a quienes piensan distinto. El funcionario tomó como punto de partida declaraciones de la presidenta del Concejo durante una entrevista televisiva, en la que cuestionó con dureza la política económica de Milei y el recorte de recursos nacionales destinados a Rosario.

“Cómo funciona el ‘adoctrinamiento’ en las universidades: es un mecanismo de presión para lograr la autocensura y la sumisión”, disparó Álvarez. A continuación, sostuvo que se obliga a estudiantes a asistir a clases públicas bajo amenaza de desaprobar materias. Lo que Schmuck había dicho es que si uno de sus alumnos repetía en un examen los conceptos que Milei expresa sobre economía en sus visitas a la Bolsa de Comercio lo reprobaría.

El subsecretario utilizó un fragmento de las declaraciones de Schmuck para dirigir el ataque hacia su vínculo personal con Bartolacci. Recordó que ella es concejala desde 2011, preside el Concejo desde hace siete años y es profesora de Teoría Política en la Facultad de Ciencia Política de la UNR, donde el rector fue decano en dos períodos.

“Un matrimonio del poder que usa la causa noble de la educación para conquistar poder. Un buen ejemplo de la casta”, escribió el funcionario, que además acusó a Schmuck de “perseguir y censurar a quienes piensan distinto”.

Las declaraciones de la concejala habían apuntado, en cambio, al retiro de fondos nacionales para el transporte público, la obra pública y distintos programas sociales. También cuestionó el impacto de la política económica sobre los hogares y las dificultades de las familias para afrontar gastos básicos.

En ese contexto, afirmó que el gobierno nacional mantiene a Rosario fuera de su agenda y cuestionó la distribución de los recursos coparticipables. Sobre la política económica presidencial, agregó que, aunque tenga resultados en determinados indicadores, el ajuste sobre los ingresos familiares impide cubrir necesidades elementales.

Cuando Milei lo llamó “delincuente”

La confrontación del presidente y sus funcionarios escala desde hace meses contra autoridades universitarias. No es la primera vez que Bartolacci queda en el centro de los agravios provenientes del oficialismo.

En mayo pasado, después de un tenso debate televisivo entre el rector y Álvarez sobre el presupuesto universitario y la aplicación de la Ley de Financiamiento, Milei se refirió a Bartolacci durante una intervención en el canal de streaming Carajo y lo calificó de “delincuente”, en medio de una serie de insultos y descalificaciones. El episodio profundizó el enfrentamiento entre el jefe de Estado y el titular del CIN, que había defendido la movilización universitaria y reclamado que el Ejecutivo cumpliera con la norma aprobada por el Congreso.

El propio Álvarez había protagonizado en aquella oportunidad un áspero intercambio con Bartolacci en televisión. El funcionario cuestionó la movilización y la posición de los rectores, mientras que el titular del CIN defendió la legitimidad del reclamo y la obligación del Estado de respetar una ley vigente.

La disputa también se trasladó a los tribunales. En septiembre, la Justicia federal volvió a exigir al Gobierno que acreditara el cumplimiento de la cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. Y luego, un fallo declaró inconstitucional el congelamiento de fondos dispuesto por el Ejecutivo y ordenó aplicar la norma, una decisión que reactivó el reclamo de las universidades.

Bartolacci sostuvo entonces que no se trata de una disputa sectorial, sino de un conflicto institucional: “No es un conflicto del gobierno con las universidades, es un conflicto del gobierno con la ley”.