El proyecto de Presupuesto 2027 desembarca este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El oficialismo quiere dictamen light para el 28 de octubre, llevar el proyecto al recinto en noviembre y que el Senado lo vote antes del 30, cuando termina el período de sesiones ordinarias. La letra del proyecto que envió el Poder Ejecutivo fija un gasto total consolidado de $216 billones (25,3% más nominal), una inflación anual estimada del 21,3% y un dólar a $1.847, con el déficit cero como pilar innegociable y cerca del 70% del gasto ya comprometido en jubilaciones, programas sociales y servicios de deuda. La discusión, entonces, no es cuánto se reparte, sino quién paga la cuenta.

La primera respuesta está en los jubilados. El proyecto destina $102 billones a prestaciones previsionales (7,2% del PBI) y reserva $3,9 billones para el bono extraordinario, la misma cifra que en 2026: el refuerzo de $70.000 se mantiene sin ningún aumento nominal durante todo 2027, con una inflación proyectada del 21,3%. El bono está congelado en ese monto desde marzo de 2024, de modo que sumará casi cuatro años de pérdida real acumulada. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó además que la cantidad de jubilados, pensionados y retirados caerá de 9,20 millones este año a 9,12 millones en 2027: unos 79.000 titulares menos en la nómina. Los pagos regulares, los que no llevan bono, recibirían una suba real del 5,7%, es decir, menos que la suba que el propio Gobierno proyecta para la actividad.

El segundo blanco es la educación pública. Según el análisis del proyecto, Educación y Cultura cae 44,1% en términos reales frente a 2023 y queda en 0,77% del PBI, el tercer registro más bajo desde el regreso de la democracia en 1983. Las Becas Progresar, que alcanzan a los sectores más pobres, se recortan 77,1% real respecto de 2023: desaparecen 443.142 becas y la que queda está congelada en $35.000, cuando el propio sector calcula que debería superar los $150.000. El Fondo de Compensación Salarial Docente cae 99,4%. La lectura por función muestra el resto del mapa: Vivienda y Urbanismo baja 98,9%, Agua Potable y Alcantarillado 93%, Promoción y Asistencia Social 77,2% y Ciencia y Técnica 37,9%, un nivel equivalente al de 2002.

Para las universidades nacionales, el Programa 26 asigna $7,5 billones: apenas 0,3% más que en 2026 y 25% menos que en 2023 en términos reales. Cumplir la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada con insistencia de ambas cámaras, vetada por Milei y con una cautelar firme que ordena acatarla, requeriría al menos $9,7 billones: la brecha es de unos $2,4 billones. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidió $11 billones y el proyecto oficial contempla alrededor de un 34% menos de lo necesario para funcionar, mientras el salario real de docentes y no docentes sigue 25% por debajo de noviembre de 2023. Hace días, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 declaró inconstitucional el artículo del decreto 759/2025 que suspendía esa ley y ordenó cumplirla; el Ministerio de Capital Humano apeló. Este mismo martes, los diputados de Unión por la Patria reclamaron cambios en el proyecto y propusieron compensar los fondos universitarios con partidas de la jurisdicción «Obligaciones a cargo del Tesoro», sin tocar el resultado financiero.

El ajuste tampoco figura en el presupuesto bajo el nombre de las provincias, pero se siente igual. Las transferencias no automáticas de la Nación a las provincias y a la Ciudad sumaron $966.463 millones entre enero y septiembre, una caída real de 60,1% frente al mismo período de 2025 y el peor registro para esos nueve meses desde 2005, según la consultora Politikon Chaco; contra 2023, el recorte llega a 85,9%. Entre los fondos que dejaron de girarse está el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el DNU 280/2024.