Siete represores fueron procesados por los crímenes de lesa humanidad vinculados con el operativo militar y policial desplegado el 31 de diciembre de 1976 en Balcarce 740, en Rosario, y con otros hechos relacionados con el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe. La resolución -a la que tuvo acceso Rosario/12-, dictada el 22 de octubre por el Juzgado Federal N.º 4, alcanza a Jorge Alberto Fariña, integrante del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, y a Mario Alfredo Marcote, José Carlos Scortechini, Julio Héctor Fermoselle, Ramón Telmo Alcidez Ibarra, Ernesto Vallejo y Ramón Rito Vergara, integrantes del aparato policial represivo.

La investigación, impulsada por la Unidad Fiscal especializada en delitos de lesa humanidad, a cargo del fiscal Adolfo Villatte, permitió reconstruir la intervención coordinada de personal militar y policial en una de las jornadas más brutales de la represión clandestina en Rosario. El procedimiento terminó con cinco muertos, un niño gravemente herido y dos personas secuestradas y trasladadas al Servicio de Informaciones, donde permanecieron en cautiverio ilegal.

El expediente reunió testimonios de sobrevivientes y familiares, publicaciones periodísticas de la época, partes militares, informes de inteligencia policial y otros documentos. Ese conjunto de pruebas permitió reconstruir las características del ataque y avanzar en la determinación de las responsabilidades individuales dentro de la estructura estatal que ejecutó el operativo.

Una lluvia de balas

La mañana del 31 de diciembre de 1976, las fuerzas de la dictadura cercaron la manzana delimitada por Córdoba, Balcarce, Santa Fe y bulevar Oroño. El objetivo era un departamento del octavo piso, a pocas cuadras de la Jefatura de Policía y del Comando del Segundo Cuerpo del Ejército. El despliegue incluyó efectivos apostados en edificios linderos y armamento de guerra. Desde distintos puntos, las fuerzas dispararon contra la vivienda.

En el departamento estaban María Cristina Lucchesi, Ana María Teresa Drago, Claudia Omar, Osvaldo Antonio Lindner López y Daniel Hugo Cambas, vinculados con la organización Montoneros. Las mujeres murieron durante el operativo; la reconstrucción histórica señala que, ante la inminencia de la captura, se arrojaron al vacío. Los otros dos jóvenes también murieron. Claudia Omar cursaba un embarazo de ocho meses y medio.

El único sobreviviente fue Cristian Horton, hijo de Lucchesi, que tenía cinco años. Las esquirlas de una granada lo hirieron en el abdomen, el pecho y una pierna. Su relato, reconstruido años después en una entrevista con este cronista, permite dimensionar la violencia del ataque desde el interior del departamento.

“Me acuerdo que levantaban los colchones para hacer trincheras. Me habían metido contra una pared donde había como dos columnas para estar cubierto porque las balas venían desde todas las ventanas, entraban por todos lados, había policías en los dos edificios linderos”.

Horton recordó el estruendo de los disparos, el humo de las granadas de gas lacrimógeno y los intentos de los jóvenes por protegerse. “Hasta que en un momento me hieren y uno de los muchachos pide la voz de alto el fuego, porque yo estaba herido”. Tenía una esquirla en el abdomen, el pecho y una pierna.

Los jóvenes lo envolvieron con sábanas e intentaron contener la hemorragia. Durante un instante, los policías dejaron de disparar. Horton bajó por la escalera y una vecina lo escondió debajo de una cama hasta que terminó el operativo. Después, efectivos policiales lo trasladaron en un jeep al Hospital de Niños.

La escena que describió aquel niño contradice la imagen de una operación aséptica contra un supuesto objetivo militar: las fuerzas dispararon contra un departamento ocupado, mientras un chico de cinco años intentaba sobrevivir en medio de las balas, las explosiones y el humo.

La conexión entre el operativo y el Servicio de Informaciones

La investigación judicial también reconstruyó la privación ilegal de la libertad de Gabriel Omar y Stella Maris Báez, trasladados al centro clandestino que funcionó en el Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe. Ambos episodios forman parte de una trama represiva más amplia, que alcanzó a familiares de otras víctimas del terrorismo de Estado. Los nuevos procesamientos no se limitan a reconstruir las muertes ocurridas en calle Balcarce.

El cruce de testimonios, documentación militar y registros policiales permitió avanzar sobre los vínculos entre las fuerzas que participaron del operativo y el circuito clandestino de detención.