“Se tienen que quemar en la hoguera”, bramó el viernes pasado Javier Milei. Ahora, Amnistía Internacional y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) lo denunciarán por expresar “violencia extrema” hacia los trabajadores de prensa del país. Presentarán información ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los nuevos ataques proferidos por el Presidente hacia los periodistas que cubrieron el caso $LIBRA. Desde las organizaciones advirtieron que la escalada de hostilidades conlleva un gran deterioro para la libertad de expresión en Argentina, y buscan la intervención de la ONU.

Durante la cena anual de la Fundación Faro, centro de ideas libertarias dirigido por Agustín Laje, el Presidente apuntó contra algunos periodistas en concreto que cubrieron la investigación judicial por la presunta estafa con criptomonedas $LIBRA. En el Yacht Club Argentino de Puerto Madero, ante un auditorio repleto de empresarios afines, calificó a los periodistas como “ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones”. Poco después, sostuvo que “a los buenos les tiene que ir bien, y los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

En diálogo con Página/12, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, expresó profunda preocupación debido a que “estos ataques provienen de la máxima autoridad del país, que tiene una responsabilidad reforzada de garantizar la libertad de expresión y tolerar el escrutinio público”.

Los insultos de Milei no son novedad, pero desde Amnistía definieron los últimos dichos como una “grave e inadmisible escalada en la hostilidad presidencial hacia la prensa, que no se limita a cuestionar una cobertura periodística, sino que individualiza y estigmatiza a periodistas”. Por lo cual, presentarán denuncias internacionales ante la ONU y la CIDH, y acudirán al relator especial de Naciones Unidas sobre libertad de expresión, el abogado mexicano Leopoldo Maldonado Gutiérrez, quien tiene la posibilidad de dirigir comunicaciones al Estado Argentino.

El movimiento denunciante difundió que, entre las obligaciones estatales del país, se encuentra la de “prevenir la violencia contra periodistas, evitar discursos que aumenten sus riesgos y reconocer públicamente la legitimidad de su trabajo, incluso cuando la información difundida resulte crítica o inconveniente para el gobierno. Las expresiones presidenciales avanzan en sentido contrario a esos deberes”.

Según el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, el año pasado se registraron 278 casos de ataques contra periodistas, un 55% más que en 2024 y la cifra más alta desde el inicio del registro en 2008. Por su parte, Milei fue identificado como autor de 119 de esos hechos, lo que lo convierte en el “principal agresor individual”. El relevamiento incluyó la contabilización de 139 casos de discursos estigmatizantes, 20 demandas contra periodistas y 28 restricciones de acceso a la información.

FOPEA también repudió las expresiones de Milei, realizadas tras conocerse que la Justicia sobreseyó al presidente y a su hermana Karina en la causa $LIBRA. Desde el Foro resaltaron que “un sobreseimiento no convierte en falsa la cobertura periodística de una investigación judicial que durante más de un año y medio involucró al Presidente, a su hermana y secretaria general de la Presidencia y a otros funcionarios y particulares. Informar sobre esa causa fue un ejercicio legítimo del periodismo sobre un asunto de evidente interés público, no una operación”.

Así mismo, FOPEA se sumó a las denuncias formales y presentó ante la ONU el informe del Monitoreo que evidencia “el grave deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país”, adjudicado al “crecimiento récord de las agresiones contra periodistas y trabajadores de prensa”. Y convocaron a los dirigentes políticos de todos los sectores “a pronunciarse sin ambigüedades frente a este discurso, porque el silencio también contribuye a naturalizarlo”.

Para Belski, los ataques del Jefe de Estado “no son hechos aislados sino que forman parte de una serie de episodios de hostigamiento, estigmatización y judicialización de la prensa que desde Amnistía Internacional venimos documentando e informando ante mecanismos internacionales”. El equipo de Amnistía Internacional ya confirmó que están terminando de preparar los documentos para realizar las denuncias formales esta misma semana.

En noviembre del 2025, organizaciones de derechos humanos, entidades periodísticas, sindicatos de prensa y Amnistía participaron en una audiencia ante la CIDH donde denunciaron el incremento de las agresiones, la violencia digital, el acoso judicial y la represión durante la cobertura de movilizaciones, todo enmarcado en la “expansión de prácticas autoritarias”, según definió Amnistía. En ese entonces, la Comisión solicitó información sobre las medidas de prevención y protección para la prensa, y manifestó interés en visitar el país para seguir de cerca la situación.

Desde Amnistía Internacional comunicaron que la reiteración de prácticas violentas hacia la prensa “puede generar un efecto de silenciamiento que trasciende a las personas directamente atacadas: desalienta investigaciones, favorece la autocensura y empobrece la circulación de información de interés público. Investigar las actuaciones de quienes gobiernan es una función esencial del periodismo y una garantía para el control democrático del poder”.

En esa misma línea, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) afirmó que Milei cruzó “un límite gravísimo” al instigar a “quemar en la hoguera” a un grupo de periodistas, lo que “debe generar una reacción inmediata de todo el arco político y mediático para frenar los ataques contra nuestro oficio”. Además, recordaron la brutal represión que casi le cuesta la vida al fotógrafo Pablo Grillo, y expresaron que lo que está haciendo Milei es convocar más agresiones.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recordaron que en 2023 Argentina se encontraba en el puesto 40° dentro de la clasificación mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Ahora se ubica en el puesto 98°. El CELS definió los últimos dichos de Milei como una escalada autoritaria: “si la máxima autoridad del Estado señala y convierte a personas concretas en enemigas, las consecuencias son legitimar agresiones y violencias contra ellas y restringir el debate democrático”.

Todos los organismos que se pronunciaron al respecto concuerdan en que las expresiones del Jefe de Estado tienen graves consecuencias para la libertad de expresión en el país, y no pueden seguir impunes pues agravan la violencia hacia los trabajadores de prensa. “La libertad de expresión también implica poder cuestionar al Gobierno sin temor a represalias”, concluyó Belski.

Informe: Camila Pace