Ante las críticas que recibió su reforma de las leyes de seguridad, el gobernador apuntó contra los abogados penalistas, a quienes acusó de defender a delincuentes, y aseguró que las modificaciones impulsadas por su gestión no vulneran garantías constitucionales.

La iniciativa, que ya tiene media sanción del Senado, espera su tratamiento definitivo en Diputados, en medio de cuestionamientos que también expresó la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

Maximiliano Pullaro salió este miércoles a defender la reforma de las leyes de seguridad pública que impulsa su gobierno en la Legislatura santafesina y respondió con descalificaciones a quienes cuestionan la iniciativa.

“Que estudien la Constitución”, lanzó el gobernador, al sostener que ninguna de las modificaciones propuestas contradice la Carta Magna. En particular, apuntó contra los abogados penalistas, a quienes atribuyó el propósito de “defender a los delincuentes que hace tres años mandaban a matar, a extorsionar y les pagaban sus honorarios”.

Las declaraciones se produjeron mientras el oficialismo busca la sanción definitiva del paquete legislativo en la Cámara de Diputados. Los proyectos ya obtuvieron media sanción del Senado y son objeto de cuestionamientos por sus implicancias sobre las garantías constitucionales y el funcionamiento del sistema judicial.

“No voy a mandar ninguna ley que sea inconstitucional”, insistió Pullaro, quien volvió a cuestionar el “garantismo bobo” y la “Justicia ingenua”. Según su interpretación, durante años se “romantizó el delito” en Santa Fe y en el país.

El mandatario presentó las reformas como parte de una política destinada a consolidar el control estatal sobre las organizaciones criminales y el sistema penitenciario.

Consultado por las objeciones de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el gobernador sostuvo que las diferencias se concentran en determinados puntos y no implican un rechazo general a la iniciativa. “Se está planteando medir algunas garantías y lo vamos a hacer”, afirmó, sin precisar en esa intervención cuáles son los aspectos que el Ejecutivo está dispuesto a revisar.

Pullaro también cargó contra la Asociación de Abogados Penalistas. Como argumento, mencionó pronunciamientos de la entidad en defensa de Marcos Cella, condenado por su colaboración en el plan previo a un asesinato en Rosario, y de Claudio Tavella, abogado del narcotraficante Esteban Alvarado.

A partir de esos antecedentes, el gobernador cuestionó a los profesionales que objetan las medidas de su administración y reclamó “equilibrar el discurso público”.

La discusión legislativa enfrenta así dos planos: la política de seguridad que el Ejecutivo reivindica por sus resultados y los cuestionamientos sobre los límites constitucionales de las herramientas que propone.

Pullaro sostuvo que la construcción de seguridad pública se desarrolló respetando las garantías constitucionales y atribuyó a las reformas impulsadas desde el comienzo de su mandato la reducción de los índices de criminalidad.

Durante un acto de ascenso de 300 agentes del Servicio Penitenciario y de personal del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip), realizado en el estadio Invencible de Santa Fe, el gobernador defendió el papel de las fuerzas de seguridad y destacó la inversión en infraestructura carcelaria. “Queremos que la sociedad pueda vivir en paz”, afirmó.

Como parte de su balance, comparó los homicidios registrados en la provincia: señaló que a esta altura de 2023 se contabilizaban 344, frente a los 128 que mencionó para el período actual. Según dijo, se trata de cifras que no se registraban desde 1996.

Pullaro presentó esos datos como respaldo de su política, aunque la comparación por sí sola no permite establecer qué proporción de la reducción corresponde a cada una de las medidas adoptadas.

El gobernador también aseguró que su gestión lleva adelante la mayor inversión en infraestructura penitenciaria de la historia provincial. Mencionó cinco cárceles nuevas, con capacidad para 3.700 celdas, y anticipó que durante los próximos cuatro años se sumarán otras 4.000 plazas.

“Estamos convencidos de que quien controla la cárcel, controla la calle”, sostuvo, al defender una política que busca reforzar el control sobre las personas detenidas y limitar la capacidad de acción de las organizaciones criminales desde las prisiones.

En ese marco, cuestionó decisiones judiciales que, durante su etapa como ministro de Seguridad entre 2015 y 2019, limitaron restricciones impuestas a las personas presas. Recordó especialmente los recursos de hábeas corpus relacionados con la cantidad de alimentos que podían recibir los detenidos y reprochó a funcionarios judiciales que, según su visión, no comprendían las consecuencias de sus decisiones sobre la gestión penitenciaria.

“Hace tres años”, dijo, la Justicia consideraba a los delincuentes víctimas y no victimarios de la sociedad. El mandatario adelantó que su gobierno no tratará a quienes cometen delitos como personas “desplazadas del sistema”, sino como responsables de hechos que deben cumplir las penas correspondientes.

Sin embargo, Pullaro reconoció que la política de seguridad no supone una victoria definitiva sobre las bandas criminales. “Las organizaciones criminales están contenidas, pero no están terminadas”, afirmó. “No hemos ganado ninguna batalla”, agregó, al admitir que el desafío continúa abierto.