Después de una negociación que se extendió hasta un rato antes de sesionar, el interbloque Unidos para Cambiar Santa Fe alcanzó un acuerdo interno y el gobierno de Maximiliano Pullaro consiguió aprobar en Diputados la reforma del paquete de leyes de seguridad pública sancionado en 2024. El entendimiento entre radicales y socialistas permitió destrabar un proyecto que llevaba cinco meses de tensiones parlamentarias y había expuesto fuertes diferencias dentro de la coalición gobernante.

Las concesiones del pullarismo apuntaron a morigerar los artículos más resistidos por el socialismo y de bloques opositores que, no obstante, persistieron en su voto negativo. Entre los cambios se eliminó la posibilidad de tomar declaraciones a imputados sin asistencia letrada obligatoria: en su lugar, se incorporó una declaración informativa ante el fiscal, con derecho a guardar silencio y advertencia de que sus manifestaciones no podrán utilizarse como prueba de cargo si renuncia a un abogado.

También se retiró el régimen especial de intervención policial en zonas afectadas por situaciones graves de violencia. Para los allanamientos excepcionales sin orden judicial que contemplaba el texto original, se estableció la intervención del fiscal y el control judicial. La reforma incluye además modificaciones al Código Procesal Penal y a otras normas sobre inteligencia, Defensa y organización policial.

La media sanción salió con el voto positivo de 37 diputados: el bloque Unidos -con la excepción de Fabián Cejas que faltó- más algunos ajenos que votaron parcialmente a favor, como el bloque de Amalia Granata y el de Somos Vida. También le levantaron la mano los aliados frecuentes Juan José Piedrabuena (Del barrio para la gente), Edgardo Porfiri y Omar Paredes (Unidad por Santa Fe) y Beatriz Brower (Unite).

En el peronismo solo Alejandra Rodenas votó a favor en general y en contra en algunos artículos.

En la vereda de enfrente, votaron por la negativa 7 del peronismo y los 3 del Frente Amplio por la Soberanía (FAS).

La socialista Lionella Cattalini reivindicó el resultado del debate y destacó que el texto aprobado es “mucho mejor de lo que envió el Ejecutivo”. También cuestionó las presiones de dirigentes oficialistas que habían presentado las objeciones como una posición favorable al delito. “No entramos en ese debate berreta de pretender que si no votábamos como ellos querían estábamos a favor del delito”, reprochó.

Desde la UCR, Martín Rosúa defendió la reforma como un cambio de paradigma que busca ampliar la capacidad de actuación estatal sin resignar garantías. Recordó la reducción de homicidios en Rosario y argumentó que las organizaciones criminales modifican sus modalidades y requieren nuevas herramientas.

La oposición mantuvo sus reparos. Carlos Del Frade (FAS) denunció una transferencia excesiva de facultades a la Policía y advirtió sobre posibles retrocesos democráticos. “Esta delegación de facultades es innecesaria incluso, porque se trata de una sobre legislación. Y lo peor es el sujeto tácito que se favorece: La Santafesina SA, la policía provincial y sus históricos vicios”, lanzó.

La media sanción dejó así una reforma que el oficialismo presenta como una actualización necesaria de su política de seguridad, pero que sigue cosechando cuestionamientos por el alcance de las atribuciones estatales y los controles sobre su ejercicio.

Celia Arena (PJ) consideró que el proyecto mejoró, pero todavía presenta riesgos para los inocentes y el debido proceso. Por eso anunció el voto negativo de su bloque, el perottismo.

“No se trata de ser garantista, se trata de tener una buena ley”, planteó. También reivindicó que el peronismo acompañó once leyes de seguridad impulsadas por el Ejecutivo desde 2023 y reclamó que el oficialismo reconozca las políticas aplicadas durante la gestión de Omar Perotti.

“Al policía hay que darle condiciones laborales dignas, sueldos dignos, no dándole patente de corso con esta ley”, interpretó Arena. Y agregó que una normativa deficiente puede terminar perjudicando a personas inocentes, aun cuando la necesidad de combatir el delito no esté en discusión.

Por su parte, Marcos Corach también salió al cruce de las referencias del radicalismo a las gestiones anteriores y recordó que la escalada de violencia en Santa Fe no comenzó con el peronismo sino con el Frente Progresista. Le devolvió al oficialismo las acusaciones sobre el pasado, al señalar los episodios de corrupción y connivencia político-policial registrados durante las gobernaciones de la alianza que hoy gobierno de nuevo Santa Fe. El planteo apuntó a cuestionar la pretensión de Unidos de presentar la actual política de seguridad como una ruptura absoluta con las responsabilidades de gobiernos anteriores.