La protección del procurador interino Eduardo Casal al funcionario involucrado en el D’Alessiogate podría durar hasta después de las PASO. Ya lleva casi 130 días de impunidad.
El fiscal federal Carlos Stornelli cumplirá este lunes –cuando haya terminado la feria judicial– 130 días en situación de rebeldía, ya que faltó a los seis llamados a indagatoria a los que lo convocó el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, que sospecha que habría participado en ocho hechos de espionaje ilegal, aprietes y armado de causas descriptos en el “D’Alessiogate”. Goza, así de una situación de privilegio respecto de otros imputados, algunos de los cuales están presos. Lo que le ha permitido a Stornelli hasta ahora quedar eximido de la indagatoria es, por un lado, que el juez interpreta que la inmunidad de la que goza por su cargo impide que lo detengan aunque solo sea para que declare. Pero, en especial, se debe a que esa protección ha sido sostenida –hasta ahora– por los superiores del Ministerio Público que podrían revisarla. De hecho, solo podría dejarla sin efecto una decisión del Jurado de Enjuiciamiento o de la Procuración General, que dirige de manera interina Eduardo Casal. Pero éste último órgano ha manipulado plazos y procedimientos como para dilatar un decisión, todo indicaría que hasta después de las PASO. En tribunales dan como un hecho un supuesto pacto político que va de la mano con la apuesta del oficialismo y de los imputados en el expediente de Dolores a que la investigación pase a Comodoro Py.
Stornelli fue citado por primera vez a indagatoria para comienzos de marzo. Al cuarto faltazo Ramos Padilla lo declaró en rebeldía, el 27 de ese mes. La Cámara Federal de Mar del Plata respaldó esa declaración e incluso le indicó al juez que debía ser más enfático en su pedido ante la Procuración para que activara mecanismos para que el fiscal se pusiera, como se dice en términos legales, “a derecho”. Stornelli manejó a lo largo del expediente algunas estrategias simultáneas: evitar presentarse a indagatoria escudándose en los fueros para, a la vez, eludir un procesamiento; argumentar que hay una ofensiva en su contra que pretende afectar su actividad como fiscal, en particular en la causa de las fotocopias de los cuadernos y hacer presentaciones en ese sentido (como la denuncia basada en las controvertidas escuchas a ex funcionarios en el penal de Ezeiza también conocida como “operativo Puf”); y alegar que Ramos Padilla no es el juez natural para investigarlo.