La primera reunión paritaria del año entre el Gobierno provincial y los gremios de profesionales de la salud dejó, más que números, una radiografía cruda del estado del sistema público. En la sede del Ministerio de Trabajo, en la ciudad de Santa Fe, funcionarios provinciales y representantes de Amra y Siprus –los sindicatos que representan a los y las profesionales del sector– inauguraron formalmente la negociación salarial con un intercambio que, según coincidieron las partes, continuará la semana próxima. No hubo propuesta concreta sobre la mesa, pero sí un planteo concreto de parte del gremio: llevar el piso salarial de 1,1 millón de pesos a $2,6 millones. Como dato preocupante, las autoridades ministeriales revelaron que renunciaron al sistema más de 800 profesionales del aparato de salud pública provincial.

Desde el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), Jerónimo Ainsuain explicó que el eje central del planteo fue la fijación de un salario inicial de 2.600.000 pesos “sin adicionales ni antigüedad”, como referencia de una canasta profesional acorde a la formación y responsabilidad del sector. Hoy, ese ingreso ronda los 1.100.000 pesos por 24 horas semanales. La distancia entre una cifra y otra expone el tamaño de la recomposición pretendida: más de un 100 por ciento si se lo mide en términos porcentuales.

“Fuimos con todo el pliego, más de 30 puntos, pero creemos que lo principal es discutir el piso salarial y una verdadera jerarquización profesional”, señaló Ainsuain. El presidente de Siprus remarcó que el incremento otorgado a los policías, luego del agitado reclamo salarial de esta semana, oscila entre el 40 y el 50 por ciento. “Si hubo recomposiciones de esa magnitud, creemos que en Salud hay que hablar de un piso similar para arrancar”, sostuvo.

Pero el reclamo no se agota en el básico. Siprus planteó la necesidad de una nueva ley profesional que contemple el pago diferencial por especialidad, un aumento del adicional por título y por antigüedad, y mecanismos de jerarquización que permitan proyectar una carrera. “Hoy un compañero puede trabajar 20 o 30 años en la provincia y seguir en el mismo escalafón, con un leve aumento por antigüedad, pero sin progresión real”, describió Ainsuain. También reclamaron el pase a planta de un centenar de profesionales que ingresaron antes de diciembre de 2022 y aún no fueron regularizados, el pago de adicionales adeudados en guardias y terapias intensivas, y la actualización de un reglamento de residencias que data de fines de los años 80.

Cada vez más se van del sistema

El diagnóstico gremial conecta los salarios con un fenómeno que ya impacta en la atención cotidiana: la migración de profesionales al sector privado o directamente fuera del sistema provincial. Según datos mencionados en la reunión, el año pasado se habían registrado unas 500 bajas; ahora el número superaría las 800, con más de 600 renuncias. “Un profesional puede cobrar en el privado dos, tres o hasta seis veces más por la misma hora de trabajo. Con estas condiciones, muchos terminan renunciando, pidiendo licencia sin goce de sueldo o acumulando pluriempleo”, advirtió el médico y representante gremial. El resultado, agregó, es una sobrecarga en guardias, demoras crecientes para conseguir turnos y servicios críticos con planteles mínimos, especialmente en el norte provincial, donde áreas como salud mental o pediatría atraviesan situaciones delicadas.

Del lado oficial, el encuentro fue encabezado por el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, y el secretario de Administración del Ministerio de Salud, Guillermo Álvarez, junto a otros funcionarios de las carteras de Salud, Trabajo y Economía. Álvarez definió la reunión como “positiva” y señaló que “hay una decisión política de mejorar las condiciones de los trabajadores pero en un contexto macroeconómico que no es sencillo”.

El funcionario destacó el “gran esfuerzo” que realiza la Provincia para sostener el sistema de salud en medio de dificultades que atribuyó, en parte, a la retracción de políticas nacionales. Mencionó, entre otros puntos, un 56 por ciento de rechazos de cobertura por parte del Banco Nacional de Drogas Oncológicas durante 2025, lo que obligó a Santa Fe a garantizar con recursos propios medicación que no llegó desde Nación. También indicó que se destinaron más de 2.000 millones de pesos para asegurar tratamientos de pacientes trasplantados y que se compensó la disminución de envíos del Programa Remediar y la falta de insumos de salud sexual y reproductiva. En paralelo, puso en valor la creación del programa FonRes para recuperar infraestructura sanitaria deteriorada.

La ausencia en la mesa de negociación de la ministra de Salud, Silvia Ciancio, y del ministro de Economía, Pablo Olivares, fue leída por los gremios como una señal de escaso margen para definiciones inmediatas. No hubo oferta salarial ni porcentajes en discusión. Las partes acordaron un cuarto intermedio para la próxima semana cuando el Gobierno debería presentar una propuesta concreta.