El gobierno provincial prohibió ayer y durante un año el acopio de pescado de cualquier especie, con destino a la exportación, cuando provenga del río Paraná, sus afluentes o cualquier curso de agua natural bajo jurisdicción santafesina. La nueva regulación especifica que, tras los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial, quedará suspendida por 12 meses la vigencia de las licencias de acopio categoría A, destinadas a la comercialización y transporte de pescado con destino a la exportación, si el producto proviene de la pesca de ríos naturales. Quedan excluídos de la medida los pescadores artesanales y quienes comercializan para el mercado interno.

En concreto: los frigoríficos y empresas exportadoras que operan con pescado extraído de ríos quedarán impedidos de acumular ese producto con vista al comercio exterior, salvo que puedan demostrar que viene de acuicultura (criaderos o sistemas controlados) y no de extracción fluvial libre.

La fundamentación del gobierno apunta a una combinación de factores. En primer lugar, informes técnicos indican que el recurso ictícola está en estado crítico. Los organismos provinciales de investigación, junto con la Dirección General de Manejo Sustentable de Recursos Pesqueros, han señalado que la cantidad de peces no sólo no ha mejorado pese a restricciones, sino que presenta una marcada caída. Según el reporte del Programa de Evaluación Biológica y Pesquera (EBIPES) para los años 2022, 2023 y 2024 la tendencia es negativa.

En segundo lugar, la baja prolongada del río Paraná -una de las más severas en la historia reciente- ha agravado las condiciones de reproducción, alimentación y supervivencia de varias especies fluviales, aumentando la vulnerabilidad del ecosistema íctico.

Además, hay antecedentes judiciales que ordenan al Estado provincial a implementar políticas concretas de preservación. En particular, la sentencia 711/2023, ratificada por la Cámara de Apelaciones de Rosario en 2024, exigía acciones específicas para proteger las especies de ríos.

La medida tiene implicaciones directas en la zona norte y en la costa santafesina, donde miles de familias dependen de la pesca comercial y de subsistencia. Al ralentizar el flujo de productos hacia la exportación, se busca darle «aire” para que el recurso pueda recomponerse y, junto a ello, asegurar que los pescadores locales no se queden sin posibilidad de ingreso.

Desde el sector exportador se advierte que el impacto económico será significativo: los frigoríficos que usualmente acopian productos de río para procesarlos y exportarlos verán interrumpida su operativa habitual. Por otro lado, los pescadores artesanales celebran que se reconozca la necesidad de preservar el recurso que sostienen sus ingresos.

Es importante aclarar que la resolución no afecta a la pesca artesanal orientada al consumo interno ni a la comercialización dentro de la provincia o del país entre particulares y mercados locales. La prohibición se limita al destino exportación de pescado extraído de ríos naturales.

Si un frigorífico o empresa exportadora puede certificar que el pescado proviene de criaderos o de acuicultura, y no de la extracción libre en ríos naturales, podrá seguir operando para exportación. El foco está en diferenciar la extracción natural del cultivo controlado.

A nivel nacional e internacional, no es inédita la restricción para exportar especies de agua dulce cuando los stocks se agotan o el ecosistema está en riesgo. En Argentina, por ejemplo, ya en 2021 la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura de la Nación había fijado cupos de exportación para sábalos y prohibido otras especies de río debido a la bajante del Paraná.

En ese caso, se hablaba de cupo de 6.378 toneladas para sábalos y prohibición para surubíes, tarariras, bogas, manguruyúes, dorados, patíes, armados, bagres de río. Ese antecedente ya marcaba la preocupación por la sostenibilidad de estos recursos.

La resolución marca un giro: por primera vez en la provincia de Santa Fe se adopta una disposición que prioriza la conservación del ecosistema fluvial frente a los intereses inmediatos de exportación. La lógica es clara: “cuidar el río y sus peces para asegurar el futuro de la pesca y de quienes viven de ella”. Como afirma el gobierno provincial, se opta por un enfoque precautorio, ante datos técnicos claros, en lugar de esperar a un colapso que obligue a medidas más drásticas.

La pesca de agua dulce es una actividad que mezcla lo económico, lo social y lo ambiental. En la cuenca del Paraná, las comunidades ribereñas y la pesca artesanal están vinculadas históricamente al río y sus especies. La sobreextracción, la bajante prolongada del cauce y las presiones de la exportación amenazaban con romper ese vínculo. Con esta medida, la provincia hace un alto en el camino.