“La mitad de Asia se cura con los medicamentos de India, si los traemos el precio cae a un décimo”, fantaseó el delirante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Sturzenegger, dejando en claro que para él la salud de los argentinos es solo un costo más en la balanza del Estado, y está dispuesto a ponerla en riesgo con tal de que los números le cierren.

Vale aclarar que actualmente las importaciones no están cerradas. Lo que existen son procesos a cargo de la agencia reguladora que divide sus condicionamientos de acuerdo al nivel de vigilancia sanitaria.

En el Anexo 1 del decreto 150/92 están países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, entre otros. En ese caso, los productos pueden ingresar con un simple registro en ANMAT. Esto sucede porque Argentina reconoce la actuación de esas agencias en el control de las buenas prácticas.

En cambio, en el Anexo II se encuentran los países con un nivel de vigilancia más bajo. Para esos productos, la autorización depende de la presentación de información del producto, un certificado de la autoridad sanitaria de origen y de la certificación de la planta por parte de países del Anexo I o por la propia ANMAT. En ese grupo de fabricantes está India.

Advierten un “incremento en los riesgos”

En los últimos días, la Casa Rosada incentivó a más provincias a importar medicamentos por su cuenta para evitar los controles de ANMAT. La agencia reguladora emitió un comunicado en el cuál destacó que los gobiernos provinciales no requieren de su autorización.

Para la ex jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, “los requisitos de importación obedecen a criterios estrictamente sanitarios” y su omisión “incrementaría significativamente el riesgo”. En ese punto, la ANMAT anticipó: “La responsabilidad política y legal de asegurar la calidad, eficacia y seguridad de lo que se decida importar corre exclusivamente por el gobierno provincial”.

En la industria aseguran que estas maniobras configuran un escenario de competencia desleal: los productos importados desde países del Anexo 2 no estarán obligados a cumplir requisitos que los fabricantes locales sí. Advierten entonces que se ponen en riesgo miles de fuentes de trabajo en laboratorios, distribuidoras y droguerías.

El Gobierno apuesta a que el crecimiento de las importaciones traiga una baja en los precios. Según Tarragona: “no hay evidencia de que el ingreso de esos productos impacte en la reducción de precios del mercado local” y advirtió que el escenario “acrecienta la dependencia comercial y la vulnerabilidad en contextos desfavorables como se vio en la pandemia de COVID-19”.

No contentos con esto, el Gobierno analiza otras medidas para desregular el sector. Busca abrir el juego al comercio electrónico y la venta en comercios no especializados, lo que diluiría el rol de los farmacéuticos profesionales. En Casa Rosada hay quienes sueñan con crear una agencia médica paralela para facilitar la importación de productos.

La situación hace que la relación entre el Gobierno y distintos sectores económicos comience a resentirse debido al impacto que tiene la desregulación excesiva a la que apunta Sturzenegger en el ecosistema comercial y productivo nacional, que muchas veces no puede competir en igualdad de condiciones con la importación.

La figura del pelado diabólico está comenzando a cansar al empresariado, que lo considera un opinólogo sobre temas de los que realmente no domina: “Opina de todo y no sabe de nada. Hoy es experto en transporte, mañana en salud y así…”, critican desde el ámbito de los negocios.

Todo parece indicar que si Milei ratifica el rumbo al que apunta “Sturze”, como advierte la sabiduría popular, el remedio en este caso podría ser, valga la redundancia, peor que la enfermedad.