La denuncia por una golpiza policial en Villa Banana abrió una nueva investigación por violencia institucional en uno de los barrios más atravesados por la reciente escalada de violencia en Rosario. Cuatro agentes de la Policía Federal Argentina fueron demorados y luego recuperaron la libertad tras ser acusados de haber provocado graves lesiones a un hombre en situación de calle, que terminó internado y sometido a una intervención quirúrgica por una doble fractura en uno de sus brazos.

El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes en inmediaciones de Rueda y Lima, en el corazón de Villa Banana, el mismo sector donde el pasado 11 de junio fue asesinado el subinspector federal Rodolfo Manfredi durante un enfrentamiento armado en el que otro efectivo resultó gravemente herido. Desde aquel ataque, la presencia de fuerzas federales se intensificó en la zona mediante patrullajes y operativos de control.

Según la denuncia que dio origen a la causa, un hombre de 35 años manifestó haber sido agredido por varios uniformados federales. El relato fue recibido por efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería de la Policía de Santa Fe, que acudieron al lugar tras ser alertados sobre una persona lesionada.

De acuerdo con las actuaciones iniciales, el denunciante presentaba signos de haber consumido alcohol, aunque pudo describir lo sucedido ante los agentes provinciales. Una mujer que se encontraba con él afirmó haber presenciado la secuencia y declaró que varios policías lo tiraron al suelo, lo golpearon, lo sujetaron del cabello y le doblaron violentamente uno de los brazos.

Poco después arribó una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Los médicos constataron una fractura en el antebrazo izquierdo y dispusieron su traslado a un hospital. Estudios posteriores determinaron que la lesión era de mayor gravedad y el paciente fue intervenido quirúrgicamente para reparar dos fracturas en el mismo brazo.

La denuncia derivó en la intervención de la Justicia Federal. Cuando los policías provinciales intentaron identificar a los agentes señalados, los efectivos federales se dirigieron hacia una camioneta oficial y manifestaron que se comunicarían con un superior. La situación fue informada al fiscal federal Martín Gambacorta, quien ordenó la aprehensión de los cuatro sospechosos y dispuso el secuestro de sus teléfonos celulares y de las armas reglamentarias para incorporarlos a la investigación.

Las medidas se realizaron durante la madrugada y los uniformados quedaron a disposición de la Justicia Federal. Sin embargo, posteriormente recuperaron la libertad mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron apremios ilegales o un uso excesivo de la fuerza.

La causa busca reconstruir con precisión la secuencia de hechos ocurrida en la esquina de Rueda y Lima. Entre las medidas en evaluación figuran la toma de declaraciones testimoniales, la incorporación de informes médicos y el análisis de otros elementos de prueba que permitan establecer las circunstancias en que el hombre sufrió las fracturas.

El caso volvió a poner bajo análisis el accionar de las fuerzas de seguridad desplegadas en Villa Banana, un territorio donde la presencia policial se incrementó de manera significativa tras el asesinato de Manfredi. El agente federal murió durante un operativo realizado el 11 de junio en el marco de una investigación vinculada a una organización narcocriminal que opera en ese sector de la ciudad.

Por aquel ataque ya fueron imputadas tres personas vinculadas al entorno del clan Muñoz, señalado por los investigadores como una de las segundas líneas de la estructura criminal asociada al condenado Ariel Máximo “Sapo” Saravia. Uno de los sospechosos permanece detenido con prisión preventiva, mientras la investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.

En ese contexto de fuerte presencia de fuerzas de seguridad y operativos permanentes, la denuncia por la presunta agresión a un hombre en situación de calle sumó un nuevo frente judicial. La investigación deberá determinar si las lesiones fueron consecuencia de una intervención policial irregular y establecer las responsabilidades penales que correspondan.

Mientras tanto, el denunciante permanece bajo seguimiento médico tras la operación realizada por las fracturas sufridas en su brazo izquierdo, una lesión que constituye el principal elemento material sobre el que avanza la pesquisa judicial.