El comienzo del juicio oral por la causa “Laguna Paiva II”, considerado uno de los procesos más trascendentes en materia de delitos de lesa humanidad en Santa Fe por el enfoque específico sobre las infancias, quedó envuelto en una controversia que encendió las alertas de la querella.

A días del inicio previsto, el tribunal resolvió postergar el debate tras el cambio del abogado de uno de los principales imputados, una decisión que fue leída como una práctica dilatoria en un expediente atravesado por décadas de espera.

El juicio, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, con intervención del fiscal general Martín Suárez Faisal, debía comenzar el 29 de abril, aunque luego se había adelantado al 28. Finalmente, tras el planteo de la defensa de Óscar Alberto Cayetano Valdés, el inicio fue reprogramado para el 5 de mayo.

“A menos de dos días hábiles del inicio, se nos notificó que uno de los imputados, Valdés, cambió de abogado y su defensa solicitó la suspensión del juicio. El tribunal, en lugar de garantizar la continuidad, hizo lugar a ese planteo y postergó el inicio”, explicó la abogada querellante Noelia Zarza, en diálogo con Rosario Plus.

La decisión impacta directamente en la organización del proceso, que prevé cerca de 50 testigos, muchos de ellos provenientes de distintas localidades del país, y que, según la nueva planificación, se extendería hasta el 27 de mayo.

“Son víctimas y sobrevivientes que, con mucho esfuerzo, pidieron licencias laborales y reorganizaron sus vidas para participar de un proceso que ya de por sí es movilizante, tanto emocional como físicamente”, advirtió Zarza.

El inicio accidentado del juicio reavivó preocupaciones en torno a lo que la querella denomina “impunidad biológica”, es decir, el riesgo de que el paso del tiempo termine beneficiando a los acusados.

Actualmente son cuatro los imputados: los expolicías Eduardo Enrique Riuli, Óscar Alberto Cayetano Valdés y Antonio Parvellotti, y el exsecretario judicial Víctor Hermes Brusa, este último con múltiples condenas previas por delitos de lesa humanidad.

El caso de Valdés, cuya defensa motivó la postergación, también genera controversia porque cursa arresto domiciliario peser a tener una condena a prisión perpetua. También pese a haber violado el perímetro de su detención.

“Desde el juicio anterior hasta hoy falleció un imputado, y también hay víctimas y testigos que ya no están en condiciones de declarar por problemas de salud”, advirtió Zarza.

Luego resaltó que «estas situaciones con la justicia obligan a estar alerta«, e insistió en «la importancia de la participación social», para que el proceso «sea acompañado y visibilizado por todo lo que está en juego”.

En ese sentido, desde la querella remarcaron que “las víctimas eligieron el camino de la justicia” y que su sufrimiento “tiene que estar en el centro, entendido en toda su dimensión, sin reducirlas a un objeto de prueba”.

Zarza advirtió que la distancia entre los tribunales y la sociedad “habilita prácticas revictimizantes” y sostuvo la necesidad de una participación activa durante el proceso.

En tal marco, las expectativas pasan por garantizar la reparación desde la propia dinámica del juicio, en tanto “la ceremonia judicial tiene que poder instalar un marco legal y simbólico que permita que el testimonio de las víctimas adquiera otro sentido”.

Junto a Zarza, el equipo jurídico de la querella, a cargo de la APDH Rosario, lo completan Julia Giordano,  Federico Pagliero, Gabriela Durruty y Jesica Pellgrini.

Una causa que pone el foco en las infancias

El juicio “Laguna Paiva II” aborda delitos cometidos contra 34 víctimas durante el terrorismo de Estado, principalmente en 1980, en centros clandestinos de detención de la ciudad de Santa Fe y luego en unidades penitenciarias del país.

Entre los hechos investigados se encuentran privaciones ilegales de la libertad, tormentos, allanamientos ilegales, apremios, incumplimientos de deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

Sin embargo, el rasgo distintivo de este proceso es que por primera vez se juzgará el impacto del terrorismo de Estado sobre niños, niñas y adolescentes, como víctimas directas del aparato represivo.

La causa retoma y amplía lo investigado en el juicio “Laguna Paiva I”, realizado en 2021, que se centró en la persecución contra trabajadores y militantes sindicales vinculados a la agrupación “La Lucha”. A partir de ese proceso, emergieron testimonios que revelaron la dimensión del daño sobre las familias, en particular sobre las infancias.

Operativos ilegales que incluían secuestros de padres, saqueos de viviendas y amenazas derivaron en situaciones de niños abandonados durante días o semanas, traslados a centros clandestinos, exposición a torturas e incluso abusos sexuales.

“Esta causa es importante porque pone el foco en un universo de víctimas que históricamente quedó en segundo plano: niños, niñas y adolescentes”, subrayó Zarza.

Uno de los ejes novedosos es la incorporación del delito de abandono de persona como crimen de lesa humanidad, un precedente inédito en el país. La acusación sostiene que el desamparo de numerosos niños, algunos de apenas un año, fue parte del mismo plan represivo.

«Esperamos que las condenas sean más importantes que las del juicio anterior»

Entrevista completa a la abogada querellante Noelia Zarza

—¿Qué relevancia tiene esta causa en particular?

Esta causa es importante porque pone el foco en un universo de víctimas que históricamente quedó en segundo plano: niños, niñas y adolescentes.

Si bien hay antecedentes jurisprudenciales, lo novedoso aquí es la cantidad de casos y que todos pertenecen a una misma familia. Además, es la primera vez que se aborda el delito de abandono como crimen de lesa humanidad.

Las situaciones de violencia contra infancias durante el terrorismo de Estado ya estaban documentadas, pero muchas veces quedaron subsumidas en las causas de sus padres. En este caso, se las aborda de manera específica.

—¿Cómo fue la organización del juicio y qué ocurrió en los últimos días?

En primer lugar, respecto de la organización, lo que se nos informó el 17 de octubre del año pasado fue que el juicio iba a comenzar el 29 de abril. Luego, el 18 de febrero, en la audiencia preliminar, se estableció que habría audiencias semanales, todos los miércoles, en doble turno, mañana y tarde.

Sin embargo, a diez días del inicio, se nos notificó el cronograma con los testigos previstos para cada jornada y allí advertimos que la fecha se había adelantado al 28 de abril. Además, el esquema planteaba hasta 12 testigos por día, algo que consideramos irrealizable.

Frente a esto, desde la querella presentamos una propuesta alternativa de cronograma, que finalmente fue aceptada por el tribunal. Pero a menos de dos días hábiles del inicio, se nos notificó que el abogado de uno de los imputados, (Óscar Alberto Cayetano) Valdés, cambió su defensa y solicitó la suspensión del juicio.

El tribunal, en lugar de garantizar la continuidad, hizo lugar a ese planteo y postergó el inicio para el 5 de mayo.

—¿Qué impacto tiene esta postergación para las víctimas y el equipo?

Tiene un impacto muy negativo. Se trata de un juicio con alrededor de 50 testigos, la mayoría de los cuales no reside en Santa Fe: hay personas que vienen del norte de la provincia, del sur de Buenos Aires y de otras localidades.

Son víctimas y sobrevivientes que, con mucho esfuerzo, pidieron licencias laborales y reorganizaron sus vidas para participar de un proceso que ya de por sí es movilizante, tanto emocional como físicamente.

En nuestro equipo también hay consecuencias: un integrante de la querella postergó una cirugía para poder estar presente, y otros trabajan desde Rosario o Córdoba.

Esta decisión implica desarmar una organización construida con mucho esfuerzo.

—¿Qué lectura hacen de esta decisión del tribunal?

Nos preocupa profundamente porque evidencia que el tribunal no pone en el centro a las víctimas ni organiza la agenda en función de ellas, sino que prioriza otras cuestiones.

Esto es especialmente grave en un proceso donde las personas esperan justicia desde hace 46 años. Desde la querella se trabajó mucho para reconstruir la confianza en las instituciones, que no dejan de ser parte de un Estado que en su momento ejecutó el plan sistemático de la dictadura.

Este tipo de decisiones daña esa confianza. Además, hay que tener en cuenta que desde el juicio anterior hasta hoy falleció un imputado, y también hay víctimas y testigos que ya no están en condiciones de declarar por problemas de salud.

Incluso hay otro imputado que alega deterioro cognitivo para evitar el proceso, aunque las pericias indicaron que sí está en condiciones. Todo esto refuerza el riesgo de la llamada “impunidad biológica”.

—¿Qué ocurre con el imputado Valdés?

Óscar Alberto Cayetano Valdés ya tiene una condena a prisión perpetua en una causa anterior de 2019. Se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, pero en 2024, durante un control, se comprobó que había salido de su casa.

La fiscalía y la querella solicitaron que regresara a una cárcel común. Tanto en primera instancia como en Casación se hizo lugar a ese planteo, y los estudios médicos indicaron que estaba en condiciones de ser trasladado. Sin embargo, continúa en su domicilio.

—¿Qué expectativas tienen respecto a las condenas en este juicio?

Esperamos que las condenas sean más importantes que las del juicio anterior. Si no corremos el peligro de que pase lo mismo que con (Eduardo Enrique) Riuli a quien el Tribunal Oral Federal de Santa Fe le concedió la libertad condicional dos meses después de la sentencia.

Este caso adquirió particular centralidad por ser Riuli una figura reconocida, ya que era conductor de radio y television, y le permitieron volver a vivir en una localidad pequeña, compartiendo esa misma localidad con las victimas. En este nuevo juicio se le imputa una mayor cantidad de hechos.

De todos modos, estas situaciones con la justicia nos obligan a estar alerta. Por eso insistimos en la importancia de la participación social: que el proceso sea acompañado y visibilizado, porque sabemos lo que está en juego.

—¿Cuánto se estima que durará el juicio?

Inicialmente, la última audiencia estaba prevista para el 26 de mayo. Con la reprogramación, ahora sería el 27 de mayo. El juicio se desarrollaría del 5 al 27 de mayo.

Además, se modificó la dinámica: ya no serán dos audiencias semanales, sino tres, lo que también complica la organización del equipo, que en muchos casos no reside en Santa Fe y tiene otras actividades laborales.

—¿Hay acompañamiento institucional o político?

En ese sentido, sí vemos una señal positiva. Hemos tenido reuniones con el defensor provincial de Niños, Niñas y Adolescentes, quien manifestó su apoyo e interés en impulsar actividades durante el juicio.

También hay interés de colegios profesionales y de la universidad, particularmente de distintas cátedras. Es una causa con múltiples aristas, que permite abordajes desde el derecho, la historia o el trabajo social.

Cabe destacar que la investigación se inició en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que tuvo un rol clave para llegar a esta instancia. Nos interesa destacar el trabajo del equipo de investigación, apoyo y seguimiento de causas de lesa humanidad, así como el programa de acompañamiento que busca garantizar que los testimonios se den en un marco ético y de humanidad.

—¿Qué aporta esta causa en términos más amplios?

Permite visibilizar cómo operó el terrorismo de Estado sobre las infancias y también pensar las continuidades en el presente.

Hoy el paradigma jurídico reconoce a niños y adolescentes como sujetos de derecho, pero aún persisten prácticas del viejo modelo tutelar.

En estos casos, el Estado no solo no protegió a los niños, sino que los dejó en situación de abandono o directamente los expuso a situaciones extremas.

Incluso, en algunos planteos de defensa aparece la idea de que “no se dieron cuenta”, lo cual agrava aún más la situación.