La letra que tendrá la Constitución reformada en el capítulo concerniente a la Caja de Jubilaciones activó el alerta en los gremios de trabajadores públicos, porque el oficialismo impuso un dictamen que no declara la intransferibilidad del régimen –como exigían los sindicatos del Estado– y, por lo tanto, no asegura la certeza constitucional de que el sistema previsional santafesino nunca vaya a entregarse a Nación o a privatizarse.

El gremio municipal de toda la provincia, nucleado en la Festram, interpretó la definición de la comisión a cargo de la temática de seguridad social como una maniobra del Ejecutivo en sintonía con el clima de época que baja desde el gobierno nacional. «Es otra decisión del gobernador, en consonancia con Milei», dispararon desde la federación de municipales. Los docentes, por su parte, también abrieron alertas y desde Amsafé advirtieron que «la caja de jubilaciones no puede ser objeto de transferencia, vaciamiento ni especulación».

El dictamen de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana  encendió la sospecha de los aportantes a la caja. Establece que «la Provincia organiza un sistema de seguridad social con carácter integral e irrenunciable, basado en los principios de solidaridad, equidad distributiva, accesibilidad, sostenibilidad y transparencia, destinado a la protección de las personas ante contingencias, conforme las leyes que lo reglamenten». Y consagra, además su financiamiento «mediante un mecanismo de reparto solidario de carácter público e indelegable. La administración está a cargo de un órgano específico. Se tenderá a la sustentabilidad del sistema a través de acciones progresivas, equitativas y razonables». En la misma línea, el texto que iría a la nueva Carta Magna asienta que «los recursos que integran el patrimonio de las cajas previsionales son intangibles y no pueden destinarse a otros fines».

Sin embargo, la letra fina induce a propugnar conceptos como «eficiencia» y «salud financiera», tópicos que despiertan sospechas de algún cambio de paradigma a futuro, en caso de que el panorama político lo amerite. La propuesta de modificación del artículo 21ª de la Constitución deja abierta la posibilidad de alterar el estatus institucional del régimen jubilatorio, si hay consenso necesario. Otro detalle para la sospecha es un tramo que reza: «Se tenderá a la sustentabilidad del sistema a través de acciones progresivas, equitativas y razonables».  Si la Constitución expresara literalmente que la Caja de Jubilaciones es intransferible, estas posibilidades quedarían clausuradas para siempre.

«Los dictámenes conocidos, la información disponible, no deja margen a dudas de que el bloque de Unidos para la reforma constitucional vuelve a utilizar la misma metodología que usó para la reforma previsional: hacer una parodia de participación ciudadana y formular un mentiroso escenario de consenso, cuando en realidad su forma de proceder es el autoritarismo y la imposición de sus ideas», dispararon desde Festram, que conduce el dirigente Ignacio Monzón.

El dardo apunta a lo sucedido el martes, cuando el oficialismo entregó a último momento los dictámenes en la comisión de Régimen Municipal, donde se debate los aspectos de la autonomía, y sin más tiempo intentó forzar una aprobación a lo pirro. Eso rebeló al bloque Más para Santa Fe, y su presidente, Juan Monteverde, se levantó y se fue de la sesión. Los ocho convencionales de Unidos que quedaron los aprobaron igual.

En cuanto al sistema previsional, el documento crítico de Festram fustiga que «evitaron que se mencione, expresamente, la intransferibilidad de la misma para utilizar el término indelegable, estableciendo así una puerta abierta para que en contextos futuros se pueda incorporar a la esfera nacional, dejando a miles de jubilados y jubiladas al arbitrio del Presidente de turno, para lo cual el ensañamiento y la crueldad de Javier Milei son una prueba tangible de los riesgos concretos que se pueden correr», advirtió el gremio.

En este sentido, apuntaron a Pullaro. «El gobernador de la Provincia es el primer responsable de esta situación y de las consecuencias que para miles de familias santafesinas puede tener este texto que ha tenido despacho de comisión». Con esa premisa, Festram remarcó «la gravedad de estas decisiones» y advirtió que continuará con otras organizaciones sindicales y sociales «defendiendo el derecho y la vida de los trabajadores y trabajadoras activas y pasivas toda la provincia».

En Amsafé tienen una lectura parecida que alienta suspicacias. «El dictamen, si bien recupera principios como la solidaridad, la equidad distributiva y la intangibilidad de los recursos, incorpora formulaciones que habilitan la posibilidad de avanzar en criterios de ‘sustentabilidad’ y ‘razonabilidad’ propios de las políticas de ajuste».

Con ese análisis, el sindicato docente reiteró la presentación que realizó en vísperas de la apertura de la Convención Constituyente. «Los regímenes jubilatorios y de pensiones de la Provincia de Santa Fe deben ser públicos, solidarios, estatales y de reparto, con el total respaldo del Estado provincial y a cargo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, de carácter intransferible a cualquier otra jurisdicción, nacional o privada», recalca el pronunciamiento.

«Los sistemas previsionales –añade el documento– no pueden estar atados a los vaivenes financieros de los gobiernos de turno ni a criterios de ‘sustentabilidad’ que encubran recortes. Deben garantizar salarios dignos a sus afiliados».

Como parte de su plan de lucha post paritarias, Amsafé irá hoy ante la sede de la Caja de Jubilaciones, en Santa Fe, para marcar esta posición. «Los haberes jubilatorios deben alcanzar como mínimo el 82% móvil de los salarios de los activos de cada sector y no pueden ser reducidos por leyes de emergencia, de ganancias u otras disposiciones especiales. Cualquier modificación que afecte a trabajadores activos o jubilados debe discutirse en el ámbito paritario correspondiente», abundó Rodrigo Alonso, secretario general del sindicato docente.