La Asamblea Legislativa deberá tratar este jueves los 36 pliegos que enviara el Poder Ejecutivo a las cámaras para cubrir juzgados comunitarios en la provincia. A la fuerte controversia política generada entre diferentes sectores de la oposición – hubo denuncias cruzadas de supuestos pactos con el oficialismo-, se sumó la judicialización del procedimiento, a partir del amparo presentado por uno de los postulantes. La medida la impulsó el abogado villense Juan Manuel González, quien estaba primero en la terna para el Juzgado Comunitario de Santa Taresa, sin embargo, su nombre no fue incluido en el pliego. La jueza en lo civil y comercial de Villa Constitución, María Agueda Orsaria, hizo lugar a la cautelar y ordenó a la provincia suspender el proceso de designación para ese juzgado en particular. El gobierno apeló a través de la Fiscalía de Estado y se espera que este miércoles, la cámara resuelva.

Legisladores de la oposición advirtieron la semana pasada acerca de un posible «efecto dominó», que redundaría en la presentación de otros participantes con buenas posiciones en el orden de mérito, pero cuyos nombres no fueron seleccionados como candidatos a jueces.

Pese a ello, desde el Poder Ejecutivo se siguió defendiendo la legalidad y legitimidad de los concursos, y se insistió en que incluso la judicialización del proceso, es una maniobra promovida por la oposición. Así lo expresó consultado por El Litoral, el ministro de Gestión, Marcos Corach.

– ¿Qué opina sobre la judicialización del proceso?

– La ministra de Gobierno (Celia Arena) y el secretario de Justicia (Gabriel Somaglia) estuvieron en la Legislatura reunidos con los diputados y dieron las explicaciones. Ahora, el proceso se judicializa. Lo que creo, más allá del caso de María Teresa, es que esto tiene mucho que ver con el ruido que se genera alrededor del proceso; lo genera intencionadamente la oposición y hace que (el trámite) termine en la Justicia.

– ¿Lo atribuye a una cuestión política más que técnica?

– Las cuestiones técnicas ya las explicaron hasta el hartazgo los funcionarios, tanto la ministra como el secretario de Justicia.

– Pero hay un participante del proceso que se queja, va a la justicia, la justicia le da la razón y acepta el amparo…

– Está bien, y seguirá su proceso.

– ¿Entonces todo es político?

– No es que todo sea político. Lo que digo es que la oposición hace rato que viene meneando con esto de la judicialización del proceso. Hay alguien que ha tomado la decisión de presentar un amparo porque no está conforme con el resultado, y el mismo será evaluado

Ivana Fux