Un estudio en detalle sobre el hot sale que el gobierno nacional urdió para las agroexportadoras desmenuzó la dimensión de esta transferencia de ganancias en favor de un grupo de 7 empresas centrales y le puso cifras que fundamentan el enojo chacarero de las últimas horas, y que retumbó en el hotel donde Federación Agraria Argentina realizó la semana pasada su congreso anual en Rosario.

Fueron 19,5 millones de toneladas de granos (80% soja y derivados) las que se liquidaron entre el lunes y el miércoles de la semana pasada, por imperio del Decreto 682/2025 que eliminó las retenciones a las exportaciones granarias –supuestamente hasta el 31 de octubre– y que fue desactivado en 72 horas habiendose completado el monto de 7.000 millones de dólares que esperaba el gobierno para surfear el tembladeral cambiario y financiero hasta pasar la elección legislativa del 26 de octubre.

El equipo rosarino denominado Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), dirigido por Sergio Arelovich, marcó la diferencia con claridad: aquel viernes 19 la semana había cerrado con una cotización de la soja a U$S 297 por tonelada. Con la eliminación del arancel a la exportación, el lunes abrió con un precio de U$S 342 en promedio. Esto implicó un incremento real en los precios de 15 por ciento, y es lo que llegaron a aprovechar los pocos productores (grandes) que tenían reservas de soja todavía para vender.

Sin embargo –y aquí estriba el meollo de la jugada– el precio de lo que las cerealeras deberían haber pagado por la quita de retenciones debería haber sido 35% más, y no 15, a los productores. Es que el hot sale del gobierno le quitó por esa ventana de 72 horas el 26% del precio, que es la alícuota por derechos de exportación. Pero no.

Por lo tanto –demuestra el informe– la industria aceitera y las compañías agroexportadoras capturaron la mitad del beneficio de las retenciones de quienes todavía tenían algún grano para vender.

Este volumen de exportación se embarcará a lo largo de un año, y significa que el Estado nacional dejó de percibir 1.540 millones de dólares en concepto de retenciones perdonadas. Vale decir, el gobierno se hizo de un adelanto de 7 mil millones de dólares a cambio de cederle una ganancia de 1.540 millones al lobby agroexportador.

De esa torta, el 80% fueron operaciones con soja y derivados (U$S 5.600 millones); el trigo se llevó el 10%, 6% con maíz, y 3% con girasol. El complejo sojero fue el que mejor aprovechó la dispensa del Ministerio de Economía porque tiene la alícuota más elevada. Acaparó el 92% del filón de 72 horas.

«Los tiempos de embarque declarados indican que sólo un 9% tiene permiso para octubre de 2025. En noviembre de 2025 se embarcará un 20% y en diciembre un 50%; el 20% restante recién se embarcará a lo largo del año 2026. Esto significa dos cosas: en primer lugar, que eligieron declarar embarques cuando los precios FOB oficiales eran más bajos, para liquidar menos dólares. Lo segundo es que tienen tiempo de abastecerse de granos a precios descontados los derechos de exportación cuando termine la vigencia del decreto ya que no deben comprar los productos para embarcar en el corto plazo. Esto va a iniciar una puja con los productores en la cual las agro-exportadoras tienen todo para ganar. Todo lo que puedan descontar a los productores significa que le están cobrando derechos de exportación que no van a abonar al Estado», devela el análisis de MATE.

Dentro de los 7.053 millones de dólares que liquidó el sector a retenciones 0, la que más ganó fue Cargill, que exportó por 1340 millones y embolsó 320 millones que de otra forma hubieran sido derechos de exportación. Le siguen Louis Dreifus Commodities (LDC) con 1077 millones liquidados, Aceitera General Deheza (886 M), Bunge (819 M), Cofco (778 M), Molinos Agro (672 M), Viterra (575 M), y otras por 905 M. Entre todas, sumaron 7.053 millones de dólares liquidados que alivian al gobierno, y unos U$S1.543 millones de pérdida en concepto de derechos de exportación y ganancia líquida de las empresas. Porque en gran medida, las reservas de las cerealeras habían sido adquiridas a la cadena de producción con un precio que incluyó el descuento por las retenciones. Y los granos que comprarán de aquí en más para cubrir esos despachos comprometidos lo pagarán de nuevo habiendo descontado la alícuota de retenciones.

Es decir, compraron y comprarán descontando el impuesto, pero vendieron con el precio libre de ese gravamen. Negocio redondo.

Las entidades ruralistas llegaron a ilusionarse en las primeras horas del anuncio del Decreto 628, y luego sus dirigentes admitieron haber creído que era un estímulo para ellos, para que los productores liquidaran reservas y poder hacerse de divisas. Pero pronto advirtieron el bleff.

«Las medidas implementadas no nos beneficiaron en nada a los pequeños y medianos porductores; por el contrario, parece un mecanismo implementado a medida de algunos pocos amigos que en horas se beneficiaron con el fruto del esfuerzo de miles de productores genuinos. El descontento es generalizado porque se anunció una política cortoplacista dirigida a algunos pocos y con foco en la recaudación. Se trató de una brutal transferencia en horas de los productores a los concentrados, es decir que fue en detrimento de todos los que trabajamosnos arriesgamos y sostenemos el interior productivo», repudió Federación Agraria el viernes, en el epílogo de su congreso anual realizado en el hotel Ariston, de Rosario.

«La gente está muy enojada con Milei, fue una tomada de pelo, una estafa a cielo abierto. Estafa que necesita de dos, no de uno. Esto no se armó de la noche para la mañana. No fue una decisión unilateral del gobierno, sino algo planificado en conjunto con las agroexportadoras, con su gremial que es la que fija el tipo de cambio en Argentina», fustigó Pedro Peretti, chacarero de Máximo Paz y referente de los pequeños productores agropecuarios, con pasado en Federación Agraria, en alusión a CIARA-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales.