Desde ATE Rosario repudiaron una serie de cambios vinculados a la salud laboral en la provincia, que entienden buscan poner trabas en la toma de licencias. Por medio de un comunicado, el gremio advirtió sobre una “privatización” de la salud laboral en la provincia y planteó que la prevención sanitaria estará gestionada por el Ministerio de Economía lo que “busca deshumanizar el control médico”. También cuestionan la implementación del premio por asistencia para los asistentes escolares, denunciando que viola el convenio colectivo de trabajo del sector. “El objetivo del gobierno de Pullaro es que nosotros vayamos a trabajar enfermos, porque están poniendo más burocracia de la que había para pedir una licencia”, resumió Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario. Convocan a un plenario para este viernes, para definir los pasos a seguir.

Por medio de una circular interna, a finales de agosto el gobierno informó que las licencias médicas de larga duración deberán ser “auditadas y autorizadas, en todos los casos, de manera presencial, sin que pueda admitirse excepción alguna”. Por un lado, las enfermedades de larga duración por afección psiquiátrica serán auditadas y otorgadas únicamente en dos sedes, ubicadas en Rosario y Santa Fe. En tanto, las licencias autorizadas por SAMCo, centros asistenciales y delegaciones provinciales podrán otorgarse “hasta un máximo de treinta días por patologías no psiquiátricas”. Las modificaciones comenzaron a regir esta semana para la administración pública, pero no corren para el sector de Educación.

Ante ese escenario, desde ATE emitieron un comunicado, entendiendo que todas las modificaciones buscan dificultar el acceso a las licencias. “Nuestro gremio expresa una profunda preocupación ante la posibilidad de que una empresa privada bajo supervisión del Ministerio de Economía pueda tomar a su cargo el área Salud Laboral en toda la provincia, tarea hasta el momento desarrollada por trabajadores y trabajadoras enmarcados en el régimen de carrera y con estabilidad laboral”, expresa y agrega: “La prevención sanitaria no puede ser gestionada por el Ministerio de Economía. Este cambio busca deshumanizar el control médico”.

Asimismo, desde el gremio estatal plantearon que el objetivo del gobierno es que los trabajadores asistan “aun estando enfermos”, mientras se siguen produciendo malas condiciones laborales. “Se supeditarán los criterios clínicos a la lógica de la productividad”, advierte el comunicado. “Esta modificación regresiva desde lo humano, lo ético, lo político, lo profesional y procedimental, es parte de un nuevo desprecio a la situación crítica en la que nos encontramos las y los trabajadores santafesinos con los bajos salarios, el pluriempleo, la sobrecarga por falta de personal y la angustia por carencia de insumos básicos en diversos sectores”, añade el escrito.

En ese marco, Almirón advirtió un proceso de “mercantilización” de la salud, por parte del gobierno. “Es el ministerio de Economía el que va a tener a su cargo el área de salud laboral de toda la provincia. Esa tarea era desarrollada por médicos o administrativos, pero ahora puede estar sujeta a una empresa privada que te atienda en cualquier lugar de la provincia”, evaluó en diálogo con Rosario/12. “Es una tercerización del servicio de salud laboral, que para nosotros implica una privatización”, añadió.

Según explicó la dirigente gremial, la medida alcanza a toda la administración pública provincial con excepción del sector de Educación, que seguirá tramitando las licencias médicas “de manera digital y a través de salud laboral salvo algún reclamo puntual”. No obstante, entienden que se trata de una medida “regresiva” en materia laboral, que se suma “a un amplio listado” a lo largo de esta gestión.

“El objetivo del gobierno de Pullaro es que nosotros vayamos a trabajar enfermos, porque están poniendo más burocracia de la que había para pedir una licencia”, sostuvo. “En el acceso a la salud tenemos graves problemáticas. En el Iapos nos suben permanentemente los coseguros y cada vez tenemos menos servicios. Lo que buscan con esto es que vayas a trabajar enfermos, por eso también ampliaron el incentivo por asistencia perfecta”, remarcó.

Esta semana, desde el gremio también emitieron un comunicado cuestionando esa medida. En el documento critican la definición “unilateral” del gobierno de aplicar el “Incentivo a la Asistencia para el sector de Asistentes Escolares”. Desde ATE sostienen que la decisión “viola abierta y expresamente el convenio colectivo de trabajo del sector público provincial afectando derechos, incluso desde una perspectiva de género”, reclamando que la suma de dinero extra “empuja a agentes de la Administración Pública Provincial a trabajar enfermos”.

Según el gremio, quedarán fuera del incentivo las mujeres que se pidan licencia por maternidad, pero también los trabajadores que se tomen licencias por enfermedad de larga duración, incluidas enfermedades oncológicas; licencias por accidente de trabajo; y licencias por duelo de familiar directo. Las inasistencias por inclemencias climáticas y por el día destinado a la prevención también quedan afuera, al igual que las ausencias vinculadas a algún tipo de carga pública. “Es una extorsión a los trabajadores. Eso debería ser parte del sueldo, teniendo en cuenta que estamos un 50% abajo de lo que deberíamos estar ganando” planteó Almirón.

“El sector de asistentes escolares va a estar entre los más afectados, porque es uno de los más feminizados y son los más empobrecidos. Nosotros tenemos un 95% de compañeras mujeres y disidencias en el sector. Implementar este presentismo es desconocer las licencias por maternidad, enfermedad o cuidado. Es un ataque laboral sanitario y de género”, cuestionó. El gremio convocó a los trabajadores a un plenario el próximo viernes, que tendrá lugar en la sede de ATE Rosario (San Lorenzo 1879) donde analizarán las diversas “modificaciones unilaterales” efectuadas por el gobierno, donde se definirán las acciones a seguir.

La denuncia del FIT

Desde el Frente de Izquierda de Santa Fe también se hicieron eco de los cambios en el régimen de licencias y denunciaron que el gobierno provincial “obliga a estatales a justificar licencias médicas por enfermedades profesionales o patologías psiquiátricas únicamente ante auditores designados por el Estado, en lugar de ser reconocidas por sus médicos especialistas”. En esa línea, advirtieron que “las mismas colas que vemos en la Andis, donde las personas con discapacidad tienen que peregrinar para demostrar lo que ya está certificado por sus médicos, se van a replicar en Santa Fe”.

El comunicado está firmado por Franco Casasola, candidato a diputado nacional del FIT en la provincia: “Quienes tengan enfermedades de larga duración o padecimientos psiquiátricos vinculados al trabajo, ya no podrán presentar la licencia con el aval de su especialista. Van a tener que hacer colas interminables para que el Estado les crea y, en muchos casos, trasladarse cientos de kilómetros para justificar una licencia. Esto es un maltrato terrible”.