La escena se repitió esta semana en el anexo del Pami, en Sarmiento al 400: columnas sindicales, trabajadores y jubilados, bombos y consignas en defensa de la obra social. Pero el eje de la convocatoria no fue uno más en la larga lista de conflictos estatales, sino un caso que condensa varios de los procesos en curso: el despido de la secretaria general de la junta interna de ATE en el organismo, Melina Gutiérrez, señalado como un acto de persecución gremial en el marco de un ajuste más amplio sobre los policlínicos propios.

La protesta fue impulsada por el Frente Intersindical PAMI Rosario, que denunció que la cesantía de la trabajadora forma parte de un “plan de vaciamiento” que incluye la quita de cápitas –afiliados asignados– a los efectores públicos para su derivación al sector privado. Según expusieron, la reciente decisión de retirar 3.000 cápitas de los policlínicos I y II locales se suma a una tendencia que, desde el inicio de la actual gestión, ya habría recortado cerca de 10.000.

Gutiérrez, con nueve años de antigüedad como trabajadora contratada, fue una de las cerca de 300 personas cuyos contratos vencieron el 31 de marzo en la delegación Rosario. Sin embargo, su situación aparece diferenciada: es la única que, según denunció, recibió la confirmación informal de que no continuará. “Esto es persecución gremial e ideológica. Me quieren sacar del medio por denunciar lo que pasa en el Pami y exigir el pase a planta”, sostuvo.

La dirigente vinculó su caso con su actividad sindical y con las denuncias públicas que viene realizando sobre el estado de los policlínicos. “Intentan callar la voz que pide que dejen de robarse la plata del Pami. Vinieron por mí, pero van a ir por todos si dejamos que cierren los policlínicos”, advirtió. En ese sentido, planteó que la medida no tiene sustento formal: “No existe una causa para la baja de mi contrato. Cumplo funciones todos los días, tengo evaluaciones favorables”.

El conflicto se inscribe en un escenario más amplio de precarización laboral dentro del organismo. Durante años, buena parte del personal se desempeñó bajo la figura de monotributo, con contratos renovables que, en la práctica, encubren relaciones laborales permanentes. “No es un despido más: es fraude laboral contra una trabajadora con nueve años de antigüedad”, señaló la secretaria general de ATE Rosario, Lorena Almirón. Y añadió: “Tuvimos que pronunciarnos para que no privaticen el Pami, y vamos a seguir haciéndolo; los policlínicos son de los trabajadores y jubilados”.

Desde el plano jurídico, el caso abre un frente delicado para la gestión nacional. Gutiérrez cuenta con tutela sindical, lo que implica que su desvinculación debería ser previamente autorizada por la Justicia a través de un proceso de desafuero. “Es una aberración jurídica”, definió el secretario general de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, quien además advirtió que el despido podría constituir una represalia directa por los reclamos que encabeza la dirigente.

El nombre que aparece en el centro de las acusaciones es el del administrador local de los policlínicos, Pablo Flores, a quien Gutiérrez responsabiliza por la decisión. Según relató, la notificación de que no sería incluida en la renovación de contratos llegó de manera extraoficial, sin comunicación formal ni justificación. “Está atentando contra la organización sindical”, insistió.

La movilización reunió a una amplia gama de organizaciones: además de los gremios del Frente Intersindical, participaron sindicatos como Coad, La Bancaria y Camioneros, así como organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas la Apdh Rosario. También se hicieron presentes dirigentes políticos y legislativos del ámbito local y provincial, en una señal de que el conflicto desborda lo estrictamente sectorial.

El trasfondo, sin embargo, remite a una discusión estructural sobre el modelo de atención del Pami. La derivación de cápitas al sector privado implica, en los hechos, una transferencia de recursos que debilita la red propia de la obra social. “Sin afiliados no trabajamos, son nuestras fuentes de trabajo”, había advertido Gutiérrez días antes, al describir el impacto concreto de estas decisiones sobre el funcionamiento cotidiano de los policlínicos.

La jornada concluyó con la ratificación de un plan de lucha que tendrá continuidad. Para este lunes 6, ATE anunció una nueva movilización en Rosario con la presencia de dirigentes nacionales, en lo que buscan convertir el caso en un emblema de la resistencia al ajuste en el Estado. Entre los reclamos centrales figuran la reincorporación de Gutiérrez, la renovación de contratos para el personal precarizado y la restitución de cápitas a los efectores públicos.

“Esto es quirúrgico”, había definido la propia dirigente sobre su situación. La frase resuena ahora como síntesis de un conflicto que combina recorte presupuestario, reconfiguración del sistema de salud y tensiones gremiales. En ese cruce, la disputa por el futuro del Pami en Rosario empieza a tomar forma de conflicto político de mayor escala.