La polémica por la decisión del gobierno de enviar al Congreso un proyecto para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, que bajaría de 16 a 15 años la edad de imputabilidad para delitos graves, generó polémica una vez más. Según el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, no tiene otra finalidad que el “uso político” porque a su entender el gobierno tiene conciencia de que es “inconstitucional” y va en contra de los “tratados internacionales”.
“El proyecto es para tratar de agitar el tema de la seguridad en lugar de enfrentar la inseguridad que genera la situación económica. Se genera la marginación social forzada, es decir, no logran inclusión para lograr una función productiva a los jóvenes”, dijo en Sí 98.9 Barcesat.
“Esto demuestra el grado de perversidad del modelo, porque en lugar de atender un plan de empleo y educación, victimiza aún más a los jóvenes y es lo peor que puede hacer”.
En cuanto al aspecto jurídico, el constitucionalista consideró que “saben que es inconstitucional y contrario a las convenciones internacionales”. “Por lo tanto saben que se va a frustrar en el Congreso, y luego le echarán la culpa a la oposición argumentando que están a favor de los delincuentes. Es un uso político”, finalizó.
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