La Fiscalía pidió 120 días de prisión preventiva para un personaje clave ligado a Los Monos, para avanzar en la identificación, localización y eventual aseguramiento de bienes, dinero y otros activos que pudieran encontrarse bajo control de Ruiz o registrados a nombre de terceros.
La Justicia Federal de Rosario imputó este martes a Mariano Hernán Ruiz, señalado en una causa anterior como encargado de las finanzas de Los Monos, a su pareja Teresa Nora Pérez y al hijo de ambos, Agustín Mario Ruiz, como coautores de una maniobra de lavado de activos de origen delictivo. La Fiscalía pidió prisión preventiva por 120 días para Ruiz y medidas de coerción alternativas para sus familiares. El juez federal de garantías, Carlos Vera Barros, dio por formalizada la investigación y fijó en un año el plazo para profundizarla. Para Pérez y Agustín Ruiz dispuso la obligación de someterse al proceso, presentaciones cada 20 días ante la Oficina de Gestión y prohibición de salir del país. La definición sobre la situación cautelar de Mariano Ruiz quedó, en cambio, postergada por sus antecedentes de salud. El acusado será evaluado este miércoles 19 de agosto por el Gabinete Médico Interdisciplinario de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Con ese informe, el juez deberá resolver si corresponde disponer la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y bajo qué modalidad.
La fiscal coadyuvante María Virginia Sosa, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), sostuvo que los tres imputados participaron de manera habitual en operaciones destinadas a incorporar al circuito legal, bienes cuyo origen estaría vinculado con actividades delictivas.
La acusación los ubica como coautores de lavado de activos de origen delictivo agravado por la habitualidad y por haber actuado, según la Fiscalía, como integrantes de una asociación o banda destinada a cometer en forma continuada ese tipo de maniobras. El valor de las operaciones detectadas fue estimado en aproximadamente “881,88 salarios mínimos, vitales y móviles”.
Según la imputación, Ruiz habría utilizado vehículos, inmuebles y sociedades para otorgar apariencia lícita a bienes de origen presuntamente ilícito y ponerlos en circulación. Entre las operaciones investigadas aparecen la compra y posterior venta de una Yamaha Ray ZR 125, una Royal Enfield Meteor 350, un Peugeot 408 Feline y un Toyota Yaris. También se le atribuye haber administrado un Audi A5, otro Toyota Yaris y una Renault Captur que figuraban registrados a nombre de terceras personas.
La investigación incorporó además operaciones inmobiliarias. Una de ellas corresponde a un terreno de 363,21 metros cuadrados ubicado en el barrio Tierra de Sueños III, de Roldán, adquirido en enero de 2026 por al menos 20 millones de pesos y registrado a nombre de Teresa Pérez. Para la Fiscalía, la mujer habría aportado sus datos personales para ocultar quién ejercía realmente la administración del inmueble. A Pérez también se le atribuye haber prestado su identidad para registrar una Ford Bronco Sport y un Peugeot 207.
En otro caso, Ruiz hijo habría aportado sus datos para registrar a su nombre una propiedad ubicada en Canales al 1500, de Roldán. La acusación sostiene que Mariano Ruiz la adquirió en octubre de 2024 por al menos 30 mil dólares y la administró hasta noviembre de 2025.
La Fiscalía también puso bajo análisis una operación inmobiliaria realizada en Piñero con dólares en efectivo y vinculada con la ex pareja de Ruiz. Allí se escrituraron 17.500 dólares, aunque los investigadores sostienen que el valor real de la operación habría alcanzado los 35 mil dólares.
Una sociedad bajo la lupa
Otro de los puntos centrales de la acusación es la actividad comercial declarada por Ruiz. El imputado figura como integrante de Romaninno SRL, una sociedad cuyo objeto incluye la venta de viandas y comidas. Sin embargo, según la investigación, no fueron encontrados balances, comprobantes electrónicos, proveedores, documentación comercial ni un local en funcionamiento que permitieran acreditar el desarrollo efectivo de esa actividad. Para la Fiscalía, la sociedad habría sido utilizada como pantalla para encubrir operaciones de origen ilícito.
La pesquisa también detectó vínculos con al menos 16 entidades financieras, entre bancos y plataformas. Ese movimiento fue relacionado por los investigadores con la capacidad económica atribuida a Ruiz, la adquisición de bienes considerados suntuosos y la disponibilidad de moneda extranjera. A junio de 2026, además, registraba un endeudamiento de 58.917.000 pesos con diez entidades financieras, de acuerdo con la información incorporada al expediente.
Ruiz ya había sido condenado en 2015 mediante un juicio abreviado, en una causa vinculada con Los Monos. En ese expediente fue condenado por asociación ilícita y encubrimiento agravado y cumplió tres años de prisión.
En 2019, además, fue procesado por la Justicia Federal por lavado de activos junto con Ariel Máximo “Guille” Cantero, Ramón Machuca, alias “Monchi Cantero”, y Patricia Celestina Contreras, entre otros.
Su nombre también apareció en una investigación derivada del crimen cometido en el casino de Rosario en enero de 2020. En ese expediente, intervenciones telefónicas registraron que Maximiliano “Cachete” Díaz había mencionado bares vinculados con Ruiz como posible lugar para concretar una reunión relacionada con una extorsión.
La nueva investigación está a cargo de Sosa y del fiscal federal Juan Argibay Molina, de la PROCELAC, quienes profundizaron el análisis de los movimientos financieros, comerciales y patrimoniales atribuidos a Ruiz y su entorno familiar.
Para justificar el pedido de prisión preventiva, los fiscales señalaron una serie de indicadores que, a su criterio, configuran riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Ruiz tiene otros dos procesos federales en trámite: uno se encuentra en etapa de juicio y otro continúa en instrucción. La Fiscalía también recordó que su domicilio había sido allanado en octubre de 2025 y que posteriormente no se presentó ante la Justicia.
Otro elemento considerado relevante es la existencia de al menos cinco domicilios asociados al imputado: Ituzaingó al 1800, Viamonte al 1800, Italia al 1900, Pueyrredón al 1100 y Larrechea al 800, donde finalmente fue detenido.
En algunos de esos lugares los investigadores no encontraron a Ruiz o constataron que residían otras personas. En Viamonte, domicilio fiscal declarado ante ARCA, tampoco fue localizado el estudio contable informado ni personas que lo identificaran como residente. En Pueyrredón, en tanto, se constató que se trataba de un alojamiento temporal.
La Fiscalía incorporó además conversaciones telefónicas en las que Ruiz habría pedido trasladar determinadas conversaciones económicas a WhatsApp. Los investigadores interpretaron esa conducta como un posible mecanismo para reducir la exposición de las operaciones.
También se incorporó una conversación de su ex pareja en la que se mencionó la posibilidad de que Ruiz mantuviera dinero depositado en una mutual para evitar que pudiera ser localizado.
Según la acusación, el imputado mantenía además capacidad económica para avanzar en nuevas operaciones hasta el momento de su detención. En ese sentido, se analizaron conversaciones vinculadas con la intención de comprar propiedades y terrenos en Ibarlucea y alquilar locales comerciales.
La Fiscalía sostiene que la prisión preventiva resulta necesaria durante 120 días para avanzar en la identificación, localización y eventual aseguramiento de bienes, dinero y otros activos que pudieran encontrarse bajo control de Ruiz o registrados a nombre de terceros.
La resolución sobre esa medida quedó pendiente del informe médico que se realizará este miércoles, luego de la descompensación que sufrió Ruiz durante el allanamiento en el que fue detenido la semana pasada y que obligó a trasladarlo al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).