Las movilizaciones, encabezadas especialmente por trabajadores mineros, se multiplicaron en las últimas jornadas y tuvieron su epicentro en Plaza Murillo, el corazón político boliviano. La zona conocida como “Kilómetro 0” amaneció completamente militarizada, en una imagen que distintos sectores compararon con los escenarios previos a la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y con el operativo desplegado durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez en 2019.

Según denunciaron organizaciones sociales y referentes de los sectores movilizados, el país vive un “Estado de Excepción de facto”, donde se habrían suspendido garantías constitucionales y derechos fundamentales. También acusaron al gobierno de utilizar una represión desproporcionada, especialmente durante los operativos realizados en centros urbanos.

Uno de los episodios más tensos ocurrió en las ciudades de La Paz y El Alto, donde un operativo con más de 3.500 efectivos intentó dispersar bloqueos y protestas mediante gases lacrimógenos. Sin embargo, tras los enfrentamientos, manifestantes retomaron los cortes y continuaron las medidas de fuerza.

Hasta el momento, se reportaron al menos 57 personas detenidas en el marco de las protestas.

Desde los sectores movilizados sostienen que el presidente “mintió y realiza lo contrario a su programa electoral”, y afirman que sus decretos “son inconstitucionales”. Además, denuncian que el gobierno “dio un golpe al país y gobierna para quienes no votaron por él”.

La crisis política boliviana continúa escalando mientras crecen las protestas y la presión social sobre el gobierno.