El Servicio Penitenciario Federal (SPF) notificó su intención de desalojar los pabellones de Ezeiza donde están alojados 19 represores, bajo el pretexto de liberar espacio para mujeres detenidas.

Sin embargo, los organismos de derechos humanos y sobrevivientes denuncian que el operativo es parte de un plan mayor: garantizar condiciones de privilegio para los genocidas y acelerar su impunidad.

Astiz, conocido como «el ángel rubio de la muerte», ya pidió una celda individual y exigió seguir usando Skype para hablar con su familia, mientras sus víctimas apenas tuvieron el derecho al silencio eterno.

Otros represores, como Ricardo Cavallo y Antonio Pernías, también solicitaron habitaciones privadas y toda clase de comodidades, pedidos que los tribunales de Comodoro Py, siempre tan atentos, no dudaron en aprobar.

Desde H.I.J.O.S Capital y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos alertaron sobre la maniobra: trasladar a Campo de Mayo no resuelve la sobrepoblación carcelaria sino que premia a quienes deberían purgar sus crímenes en cárceles comunes. “No buscamos venganza, sí justicia”, remarcaron.

La historia de Campo de Mayo habla por sí sola: fue cerrada en 2013 tras fugas escandalosas y reabierta en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri para recibir a represores que pidieron el cambio como si reservaran un hotel boutique. Hoy cuenta apenas con 52 detenidos en un espacio para más del doble, rodeados de privilegios.

Lejos de reparar la memoria colectiva, el gobierno de Javier Milei (con Bullrich como ejecutora) no solo entierra las políticas de memoria, verdad y justicia: también se dedica a mimar a los genocidas mientras se desploma todo el sistema penitenciario.

En esta tragicomedia macabra, el verdugo Astiz se queja del WiFi, los represores juegan al tenis, y la ministra garantiza su «comodidad». El dolor de las víctimas, claro, no tiene cancha de tenis ni taller de reeducación postural.