Desde el gobierno continúan con el argumento de que “no hay plata” para seguir con la motosierra sobre jubilados, personas con discapacidad y trabajadores estatales. Sin embargo, sostienen beneficios fiscales para grandes empresas. Este es el caso de Mercado Libre, que se ahorró en los primeros seis meses del año 42 millones de dólares por estar incluida en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, lo que le permite reducir obligaciones vinculadas con Ganancias y cargas sociales, según el balance que la empresa fundada por Marcos Galperin presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC). Por esta razón, el bloque de Unión por la Patria impulsa en el Senado un proyecto para excluir del régimen a las empresas que operan, directa o indirectamente, en crédito y servicios de pago. Argumentan que su actividad principal no sería la producción tecnológica para exportación, sino el negocio financiero o de pagos. Además, hacen hincapié en que estas empresas beneficiarias del Estado manejan tasas excesivas, que han sido un factor determinante para el sobreendeudamiento que existe, que tiene a 6 millones de personas con deudas impagas y en situación de mora.

La propuesta es del senador peronista Mariano Recalde, y fue presentada esta semana en la Cámara alta junto a un proyecto que propone un “programa de desendeudamiento familiar”, destinado a mitigar el sobreendeudamiento de los hogares, garantizar la subsistencia económica de las familias y regular las condiciones crediticias del sistema financiero y de tecnologías financieras.

La iniciativa de exclusión busca sacar del Régimen de Economía del Conocimiento a las empresas que operan, directa o indirectamente, en crédito y servicios de pago. Es decir, que las entidades financieras, los proveedores de Servicios de Pago (PSP) y billeteras virtuales; los proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), las plataformas de crédito entre particulares (PSCPP), y las empresas controlantes, controladas, vinculadas o filiales tecnológicas de esas entidades no gocen de los beneficios que impulsa la Ley 27.506 que otorga reducciones impositivas a las empresas que desarrollan actividades de tecnología, ciencia e innovación.

El argumento principal es que estas empresas no utilizan los beneficios fiscales para promover actividades tecnológicas, sino que su actividad principal es el negocio financiero o de pagos. Además, los fundamentos vinculan la iniciativa con el “profundo deterioro de los ingresos populares” y a la “creciente necesidad de las familias de recurrir al financiamiento para cubrir gastos básicos”.

El proyecto cuestiona especialmente las tasas y los mecanismos de evaluación crediticia utilizados por estas empresas. Afirma que el scoring (puntaje crediticio) mediante algoritmos y la falta de análisis de solvencia pueden llevar a otorgar créditos de alto riesgo, lo que genera: “una espiral de refinanciaciones consecutivas y acumulación de intereses punitorios”.

De esta forma, el proyecto apunta a que el Estado estaría otorgando beneficios fiscales a empresas que utilizan la tecnología como herramienta para desarrollar su actividad financiera y no para desarrollar software y servicios informáticos; biotecnología, nanotecnología y neurotecnología, mucho menos para la industria aeroespacial y satelital. Tampoco para la producción audiovisual y servicios profesionales de exportación, como especifica el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento que se sancionó en mayo de 2019.

Los fundamentos recuerdan que la Ley 27.506 fue creada para promover: “el uso intensivo de tecnología, la innovación, la creación de empleo calificado y la generación de divisas genuinas a través de la exportación de alto valor agregado”.

Por lo que la propuesta manifiesta que es “inadmisible y fiscalmente insostenible” que el Estado subsidie mediante beneficios impositivos a corporaciones que participan del negocio crediticio. La crítica es que un banco, una financiera o un PSP puede desarrollar mucho software internamente, pero ese software no necesariamente constituye el producto que comercializa o exporta. Por eso denuncia que los beneficios de la Ley 27.506 terminan por subsidiar “el costo operativo de la infraestructura de cobranza y colocación de deuda del sector financiero y las fintech”.

Por otro lado, el proyecto sostiene que los beneficios generan una ventaja para las grandes plataformas financieras frente a las pymes tecnológicas, lo que termina “concentrando los recursos humanos y económicos en pocas corporaciones dominantes”.

“Ninguna actividad cuyo fin último sea la extracción de tasas de interés y comisiones sobre el consumo básico de la población puede ser considerada un ‘sector de vanguardia merecedor de la promoción del Estado”, expresa el texto.

De esta forma, se presenta la exclusión de Régimen como una medida para proteger a los consumidores, reducir el costo fiscal y evitar que los beneficios tecnológicos subsidien indirectamente actividades financieras y crediticias.

Finalmente, se explica que “no es posible diseñar un programa de alivio financiero y desendeudamiento si, en paralelo, las arcas del Estado continúan financiando las herramientas tecnológicas que facilitan la captación de esa renta familiar”. En este sentido, resalta que ninguna actividad cuyo fin último sea la extracción de tasas de interés y comisiones sobre el consumo básico de la población puede ser considerada un “sector de vanguardia merecedor de la promoción del Estado”.

Esta iniciativa se complementa con otra, también presentada por el senador porteño, que tiene por objeto establecer un “Programa de desendeudamiento familiar”, que busca, entre otras cosas: regular el refinanciamiento y ponerles tope a las tasas de interés. A su vez, destina un capítulo para la protección de datos y prohíbe la cesión de cartera de morosos. También pone límites el sector fintech y determina sanciones ante incumplimientos.