A partir de la presentación de Martín Guzmán, se abre un período de veinte días en el que los bonistas –fondos de inversión extranjeros, en su mayoría– deberán resolver si aceptan la propuesta de canje de títulos de deuda argentina que le ofrece Argentina, o llevan al país al default.

Hay muy poco margen para la negociación, quizás agregar algún punto más de interés en el mediano o largo plazo (reduciendo la quita del 62% propuesta).

Pero los términos en los que el gobierno llegó a presentar su oferta, con el FMI de su lado, revierte las cargas: un rechazo sin presentar alternativas «viables» dejaría sobre la espalda de los acreedores la responsabilidad del default.

Así lo debería considerar el FMI, que ya dio su veredicto de que la deuda argentina en su estructura actual es «insostenible».

Y así lo deberían evaluar incluso los gobiernos y otros factores de poder de las principales potencias, admitiendo que la prioridad en el uso de recursos en este momento, de ningún modo puede estar en el pago de deudas financieras.

Quizás en este punto radique parte del mérito de la propuesta: la elección del momento de presentarla, desafiando a quienes recomendaban desensillar hasta que aclare (aunque no en los términos de la liturgia peronista).