El jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires aceptó este martes las acusaciones contra la jueza Julieta Makintach y dio por iniciado el juicio político que definirá si es destituida por su rol en el escándalo del juicio anulado por la muerte de Diego Maradona. Con esta resolución, la magistrada queda suspendida de manera definitiva y comenzará a regir la quita del 40% de su salario.

La resolución también dejó sin efecto la carta de renuncia que Makintach había presentado semanas atrás y que permanecía sin tratamiento en el despacho del gobernador Axel Kicillof. A partir de la admisión de las acusaciones, la dimisión ya no puede ser considerada mientras se sustancie el proceso de remoción.

La audiencia de este martes comenzó al mediodía en el Salón Dorado del Honorable Senado bonaerense. Allí, el cuerpo rechazó por unanimidad todos los planteos formulados por la defensa de la jueza, a cargo del abogado Darío Saldaño. Entre ellos, figuraba una recusación a la presidenta de la Corte Suprema provincial, Hilda Kogan, un cuestionamiento a la validez del tribunal por la renuncia de la senadora Lorena Mandagaran y una denuncia por supuesta “parcialidad” en el enfoque del jury, al no haber imputado también a los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso.

Pese a esos intentos, la audiencia continuó y se aceptaron los cargos formulados por cinco de los ocho denunciantes iniciales. Entre ellos, figuran el procurador bonaerense Julio Conte Grand, el Colegio de Abogados de San Isidro, la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento, un grupo de legisladores y el ex custodio de Maradona, Julio Coria.

La defensa de Makintach

La semana pasada, la jueza había presentado su descargo ante el jury. Allí negó haber incurrido en mal desempeño o haber violado normas judiciales. “No hubo filmación prohibida, sino que se trataba de un hecho conocido por todos los integrantes del tribunal”, aseguró, en referencia al registro audiovisual del primer día del juicio por la muerte de Diego Maradona, luego declarado nulo por esa razón.

También aclaró que no participó de ningún documental, sino que dio una entrevista antes del inicio del debate, en un día no laborable y sin interferir con sus funciones. En su escrito, apuntó directamente contra sus excolegas del Tribunal Oral N° 3 de San Isidro, Savarino y Di Tommaso, quienes —según dijo— también estaban al tanto de las grabaciones.

Rechazó además que el juicio haya estado “guionado”, como sugieren algunas de las denuncias, y sostuvo que todas las decisiones fueron adoptadas de forma colegiada: “No se puede responsabilizar a una sola persona por actos compartidos”, afirmó.

El documental que desató el escándalo

Makintach fue vinculada con el documental “Justicia Divina”, un proyecto cinematográfico que buscaba retratar el proceso judicial por la muerte de Diego Armando Maradona y que terminó provocando la anulación del juicio. El camarógrafo fue visto en la sala durante el primer día de audiencias, y aunque se argumentó que tenía permiso, esa participación disparó el escándalo.

En paralelo al jury, la jueza está siendo investigada por los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, José Amallo y Cecilia Chaieb, quienes avanzan en una causa penal por los presuntos vínculos entre la magistrada y la productora del documental.

Dalma y Gianinna Maradona también presentaron una denuncia penal contra los responsables del proyecto audiovisual. Los señalados son José Arnal, dueño de La Doble S.A.; Juan D’Emilio, escritor maradoniano cercano al entorno de Makintach; y María Lía Vidal, amiga personal de la jueza desde la infancia. Según las hijas del Diez, todos ellos formaban parte del equipo que, sin consentimiento de las partes, asistía a las audiencias para inspirarse en un guion cinematográfico.