La discusión sobre lo que suele llamarse “industria del juicio” laboral sumó un dato que incomoda al discurso que responsabiliza a trabajadores y abogados por la litigiosidad: las estadísticas elaboradas por el propio Cuerpo Médico Especializado del Fuero Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe muestran fuertes diferencias entre los porcentajes de incapacidad fijados por las comisiones médicas que maneja la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (casi siempre 0%) y los determinados posteriormente en sede judicial.

Los datos fueron compartidos por los ministros de la Corte con dirigentes de la CGT Santa Fe durante una reunión mantenida el lunes pasado. Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Rubén Weder mostraron conclusiones sobre 113 expedientes tramitados por el Cuerpo Médico Especializado. De esos, 72 ya tenían informe emitido y 41 permanecían en trámite. En el 79,65 por ciento de esos casos había existido antes el paso obligatorio por una comisión médica.

El dato más significativo apareció al cotejar los porcentajes. En los expedientes en los que se pudo establecer una comparación, las comisiones médicas otorgaron en promedio 1,01 por ciento de incapacidad, mientras que los peritos médicos de lista llegaron a un promedio de 10,50 por ciento, y el Cuerpo Médico Especializado de la Corte a 7,79 por ciento. O sea, quedó explícito que aquellas tienden de manera sistemática a rechazar los reclamos o minimizarlos, cuando en realidad la instancia de revisión en la Justicia encuentra razones para el planteo del trabajador.

La propia planilla muestra numerosos casos en los que una comisión médica había establecido 0 por ciento y luego los peritos judiciales y el cuerpo forense determinaron una incapacidad concreta.

Para el exministro de Trabajo santafesino Juan Manuel Pusineri, esos números cuestionan el diagnóstico que sirvió de fundamento a las modificaciones introducidas en el procedimiento laboral. Según su análisis, sobre 40 expedientes que habían llegado con un rechazo total de la comisión médica –0% de incapacidad–, en 35 el Cuerpo Médico Forense reconoció más tarde algún grado de incapacidad: es decir, aquellas ningunearon el reclamo laboral en el 87,5 por ciento de los casos.

Pusineri concluye en que el problema de la litigiosidad no se origina necesariamente en los tribunales, sino que llega hasta ellos luego de atravesar una instancia administrativa que rechaza una proporción importante de los reclamos.

El planteo coincide con una de las principales preocupaciones que la CGT Santa Fe llevó a la reunión con la Corte. La central sindical cuestionó el funcionamiento de las comisiones médicas y sostuvo que sus deficiencias y demoras terminan favoreciendo la judicialización de los accidentes y enfermedades laborales.

Sebastián Serrano Alou, integrante de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario y ex presidente de la entidad, interpretó las estadísticas como un dato relevante frente al argumento de que los peritos judiciales inflan artificialmente las incapacidades para favorecer a los trabajadores.

Es que el nuevo cuerpo médico especializado había sido presentado como una herramienta para controlar esas supuestas distorsiones. Sin embargo, señaló que los primeros resultados muestran que sus profesionales muy a menudo corrigen los 0 por ciento establecidos por las comisiones médicas y se aproximan a los porcentajes determinados por los peritos que intervienen en los expedientes.

El letrado cuestionó que el debate se centre en los abogados “caranchos” o en una supuesta “industria del juicio”. Su interpretación es que, si las ART reconocieran las incapacidades y otorgaran las prestaciones correspondientes, la necesidad de recurrir a los tribunales sería considerablemente menor.

El nuevo cuerpo médico, en el centro

La discusión adquiere además una dimensión política por las modificaciones introducidas al procedimiento laboral durante los últimos años. El nuevo esquema contempla la intervención del Cuerpo Médico Especializado del Fuero Laboral, creado para intervenir en la determinación de incapacidades dentro de los expedientes judiciales.

Para Serrano Alou, la reforma busca concentrar esa evaluación en un cuerpo reducido de profesionales, en lugar de recurrir a los médicos que integran las listas de peritos del Poder Judicial. A su entender, esa concentración puede facilitar el control sobre quienes determinan los porcentajes de incapacidad.

El abogado Agustín Traffano, por su parte, vinculó la reforma con el lobby de las ART habilitado por el Ejecutivo provincial, y cuestionó la independencia que, a su criterio, deberían tener los profesionales encargados de determinar las incapacidades. “Quieren acotar todo con un grupo reducido de médicos, y quitar del medio a los peritos que se anotan en Tribunales, para así poder tener todo bajo control. Y en muchos casos son médicos que han pasado antes por las comisiones, o sea que son afines al criterio de las ART”, señaló.

“La comisión médica, instancia obligatoria que impuso una ley de Macri y acá se aprobó durante el gobierno de Perotti, es un colador para tratar de desalentar el reclamo del trabajador”, definió Serrano Alou.

“Es la instancia en la que le dan la razón a la ART y le dicen que tiene 0% de incapacidad. Entonces a ese trabajador no le queda otra que ir al tribunal. Pero eso implica pedir días en el trabajo para hacerse los estudios y demostrar su problema, para ir a las revisiones y llega un punto en que dice ‘No puedo seguir pidiendo días… me van a echar’, y termina aceptando el 0%”.

El laboralista afirmó en esa línea: “Las comisiones médicas funcionan en tándem con las ART. No es casual que muchos de sus médicos son médicos de ART”.

El informe estadístico presentado por la propia Corte Suprema santafesina introdujo un elemento inesperado en una discusión que lleva años: que las comisiones médicas rechazan o minimizan de manera sistemática incapacidades que luego son reconocidas en sede judicial. Por lo tanto, la pregunta ya no pasa solamente por cuántos juicios laborales existen, sino también por qué tantos trabajadores necesitan llegar a un tribunal para que su incapacidad sea reconocida.