La Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez advirtió que cortará el suministro de energía en una treintena de barrios populares que están enganchados del servicio, ante una deuda de 6.000 millones de pesos que le reclama la Empresa Provincial de Energía (EPE). La situación genera preocupación y desde distintos sectores reclaman que se barajen otras alternativas.

Las autoridades de la EPE deslizaron que el corte de servicio “no es una salida”, pero desde la cooperativa aseguran que los números no cierran.

“Nos encontramos en situación difícil de solucionar. No hay muchos caminos para poder contrarrestar este hurto a corto plazo”, describió Alberto Ricci, intendente de la ciudad. Desde la oposición pusieron el foco en la quita de subsidios nacionales que ampliaron la informalidad, y apuntaron a la falta de obras en los barrios populares, donde el “enganche” es la solución que encontraron los vecinos para tener luz, porque la red eléctrica no llega. “Veo que se intenta cortar el hilo por lo más fino. Esto de amenazar a la gente con cortarle la luz me parece que no es la solución”, cuestionó Nicolás Ramírez, concejal del peronismo.

La situación no es nueva, pero se fue acumulando y el número se hizo impagable: alrededor de 6.000 millones de pesos es la deuda que mantiene la cooperativa eléctrica con la EPE. Ante esa situación, la semana pasada la distribuidora local envió una carta documento dirigida al ministro de Producción, Gustavo Puccini, para abordar en conjunto “la problemática de fraude y hurto de energía eléctrica” en esa localidad. Según la cooperativa, la pérdida por consumo irregular alcanza un promedio del 42%, lo que dificulta la prestación del servicio.

La carta también remarca que la firma está obligada a aplicar las mismas tarifas que la EPE, al mismo tiempo que sus usuarios no son alcanzados por la tarifa social, por decisión del propio gobierno santafesino. En ese marco, la cooperativa resolvió “elaborar un plan de cortes programados en barrios populares como medida gradual de contención frente al consumo clandestino, en tanto se alcancen alternativas conjuntas más equitativas”. En total, son unas 8.000 familias alcanzadas por esta situación, distribuidas en 30 barrios populares de la ciudad.

Este miércoles, las autoridades de la EPE brindaron una conferencia de prensa, donde se refirieron a la situación. “El corte del servicio es una propuesta de la cooperativa. Nosotros no entendemos que sea la salida cortar la energía en los asentamientos vulnerables”, dijo Anahí Rodríguez, directora de la entidad.

“Invitamos a la cooperativa de Villa Gobernador Gálvez a realizar los esfuerzos internos para alcanzar eficiencia, de la misma manera que la realizó la Empresa Provincial de la Energía, y a presentar un plan serio y responsable”, apuntó.

De difícil solución

Para el intendente Alberto Ricci se trata de una problemática en donde las dos partes tienen razón. “La cooperativa factura y cobra el 50% de la energía que recibe de la EPE, porque un 40% es hurto y un 10% se va en pérdidas técnicas. Y con eso no alcanza a cubrir los costos de funcionamiento. Por eso la deuda se está haciendo cada vez más grande”, explicó en diálogo con Rosario/12.

“Lo que plantean es que la única manera de contrarrestarlo es haciendo cortes en lugares donde no tienen líneas asignadas, que son los barrios populares. Por otro lado, la EPE le reclama con justa razón la deuda”, agregó.

En ese sentido, el mandatario local remarcó que es una situación difícil de abordar y solucionar. “No hay muchos caminos para poder contrarrestar este hurto a corto plazo. En los barrios donde hay hurto de energía no hay líneas homologadas. La cooperativa no presta el servicio oficializado y no tiene redes. Están todos enganchados de redes alrededor”, expresó y añadió: “Tenemos que llegar a un entendimiento. No digo que se desestime la deuda, sino que la EPE vea que a los barrios populares hay que alimentarlos desde otro lado, no desde la cooperativa”.

Desde el municipio indicaron que se reunirán con autoridades provinciales el próximo viernes, donde llevarán dos propuestas. Una es realizar una inversión desde el programa provincial Luz y Agua segura, que busca dar accesibilidad de servicios en sectores vulnerables de la provincia. “Queremos que se instalen medidores a los lugares donde hoy llega la red, pero la gente se engancha. Y al mismo tiempo empezar a hacer obras de infraestructura para extender la red”, explicó.

Por otra parte, confirmaron que el municipio comprará a la brevedad dos terrenos donde hoy se sitúan barrios populares. “Una vez que pasen a nombre de la municipalidad también debe hacerse una obra de infraestructura para solucionar esa situación”, completó.

Los que menos tienen

En la oposición se mostraron críticos de la situación. Reconocen que hay una problemática de hurto que repercute en las arcas de la cooperativa. Sin embargo, también entienden que eso se da por la falta de inversión, que se relaciona además con la falta de regularización de los barrios. La situación tiene una doble complejidad: aunque muchos de los vecinos quisieran pagar el servicio no podrían hacerlo, porque donde viven no llega la red eléctrica. Pero al mismo tiempo, muchos de los barrios fueron creciendo sobre terrenos privados, donde se dificulta conveniar obras para llegar con el tendido eléctrico.

“Son unos 30 asentamientos irregulares que ningún gobierno municipal, ni provincial, se ha encargado de regularizar. Son muchísimas personas las que viven y, de esos lugares, la cooperativa percibe cero por la imposibilidad de cobrarles. Pero no les puede cobrar porque tampoco les puede poner un medidor. Hay gente que quiere pagar y se ve imposibilitada”, explicó Ramírez, en diálogo con Rosario/12. “Eso es responsabilidad de los gobiernos que nunca se encargaron de regularizar la situación dominial de esos terrenos. Al contrario, los expandieron”, cuestionó.

Para el concejal del peronismo, también hay otros factores que juegan en ese sentido. “Es verdad que hay un gran hurto. Pero también hay que decir que esto se ha profundizado con la quita de subsidios nacionales, que ha llevado a que gente que antes pagaba pase a la informalidad”, sostuvo y añadió: “Además, los ciudadanos de Villa Gobernador Gálvez aportamos para que la EPE brinde tarifas subsidiadas, pero nosotros no podemos tenerlas, porque la cooperativa no puede dar subsidios en la boleta de energía eléctrica”.

Por último, Ramírez criticó que la única solución sobre la mesa sea cortar el servicio a los que menos tienen: “Veo que se intenta cortar el hilo por lo más fino. Esto de amenazar a la gente con cortarle la luz me parece que no es la solución. Esta situación es insostenible hace tiempo y que de un día para otro amenacen a la gente no me parece correcto. La gente no tiene la culpa. Es gente laburante la que vive en estos barrios, que quiere pagar sus servicios y por la ineptitud de otros no lo puede hacer. Tendrá que intervenir la provincia y rever la situación entre la EPE y las cooperativas, para poder hacer un abordaje correcto”.