Fuerte respaldo de funcionarios y empresarios a la búsqueda del Gobierno de frenar las remarcaciones abusivas de precios.
Tras los fuertes pronunciamientos de las grandes corporaciones formadoras de precios contra la decisión del Gobierno de frenar la inflación de productos esenciales, provincias, municipios, PYMES y asociaciones de consumidores salieron a resguardar la política nacional que busca cuidar el poder de compra de los hogares. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, retrotrajo al 1 de octubre 1.432 artículos y los congeló hasta el 7 de enero.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que nuclea a las mayores compañías nacionales, calificó a los topes a los precios como “una medida muy negativa para el funcionamiento habitual de las empresas establecidas en nuestro país». Mario Grinman, presidente de la CAC, amenazó: “Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda”. Ese término fue compartido por Horacio Rodríguez Larreta, un jefe de Gobierno de la Ciudad en modo oposición desinteresada por cooperar en resolver uno de los principales problemas de las familias. “Esto termina en desabastecimiento”, dijo el referente de Juntos por el Cambio. La COPAL, que representa a las productoras de alimentos, había valorado que “no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios”.
Ante esto, funcionarios nacionales y gobiernos locales respaldaron la medida para demostrar que no se trataba de una mera resolución de la Secretaría de Comercio, sino de una política de Estado. “Vamos a cuidar los precios, controlar la inflación y garantizar que la cadena de producción y consumo estén al alcance de todos los argentinos”, remarcó Gabriela Cerruti, la portavoz oficial, en el estreno de sus conferencias semanales.
Horas antes, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, fue enfático con que el Gobierno “vigilará la competencia equitativa entre las empresas y actuará con todos los recursos de la ley para sancionar a las que no cumplan la resolución”. “Una medida que garantiza precios justos y estables para proteger y defender a los consumidores argentinos”, resaltó por Twitter.
Había recibido de brazos abiertos esta decisión el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof el martes, cuando invitó a la Casa de Gobierno de la provincia a Feletti y a todos los intendentes de la zona metropolitana. “Respaldamos y vamos a acompañar las medidas que está implementando el Gobierno Nacional para cuidar el bolsillo de la gente”, le dijo el mandamás bonaerense al secretario de Estado y a la subsecretaria nacional de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Débora Giorgi.
Feletti congeló 1.432 productos de primera necesidad tras no arribar a un acuerdo voluntario con la totalidad de los fabricantes y distribuidores a una semana de asumir. La canasta básica alimentaria y el salario de los trabajadores se deterioraron sustancialmente en septiembre (con la suba de precios del 3,5%) y en los primeros días de octubre Nación observó algunas remarcaciones del 10% al 20%.
Las provincias y municipios vigilarán los precios
Varios intendentes bonaerenses explicitaron su intención de sumarse al control de la medida, como los jefes comunales de Ensenada, Mario Secco; Morón, Lucas Ghi; y Pilar, Federico Achával. “Sacarles tarjeta roja a los vivos” prometió Secco al asegurar que ordenará a los inspectores municipales a realizar una estricta vigilancia de precios.
Ghi afirmó que los jefes comunales tienen “la obligación institucional” de controlar que se cumpla con el congelamiento dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior, puesto que la medida busca “que la comunidad pueda consumir a precios razonables”. Achával dijo que los municipios intentarán que se cumpla la decisión del Gobierno nacional para “lograr que esos productos estén en la góndola al precio fijado”.
También sacará inspectores a revisar las góndolas la Defensoría del Pueblo provincial, como prometió su titular, Guido Lorenzino. No será sólo para demostrar el “compromiso del Estado”, sino también para que “los ciudadanos se animen a denunciar”.
Desde la provincia de Santa Fe, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, aclaró que comenzará las conversaciones con “los municipios y comunas que quieran articular y sumarse a la fiscalización”. “Entendemos debe ser el ámbito en el cual nos convoquen, para organizar y articular la manera de llevar adelante esto. Creo que se puede lograr, como se venía logrando con el programa Precios Cuidados”, señaló.
En Chubut, el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco, confirmó que la provincia “se sumará al monitoreo de control de precios en línea con lo que dispuso el Gobierno nacional”. “Ahí estaremos, tal como lo venimos haciendo con el programa de Precios Cuidados”, adelantó el funcionario.
Incluso en Jujuy, el director de Control Productivo y Comercial, Carlos Luque, afirmó que “la provincia habitualmente hace control interno de precios cuidados y eso lo vamos a seguir haciendo”. “Como provincia veríamos con buenos ojos que nos den la capacidad de sancionar la ausencia de productos, tener la potestad de sancionar a las firmas que no cumplen con el pacto”, dijo.
En La Pampa, la directora General de Defensa del Consumidor, Florencia Rabario, confirmó que la provincia “hará un acompañamiento para el cumplimiento y el control de precios” en los productos dispuestos por el Gobierno nacional. Rabario sostuvo que la medida “era realmente necesaria y lamentablemente tuvo que ser aplicada en virtud de que no hubo acuerdo”.
PYMES, contra las “actitudes extorsivas” de los formadores de precios
Ante las expresiones de representantes de las grandes corporaciones que se oponen a los controles de precios, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) reiteró su apoyo a la resolución del Gobierno. Ponderaron que así se podrán frenar los “aumentos abusivos de los productos más sensibles de la canasta básica” y alertaron por la situación de las Pymes, expuestas a los constantes incrementos de insumos.
“A diferencia de las grandes corporaciones, las Pymes venden sus productos fundamentalmente en el mercado interno. Por lo tanto, la entidad apoya todas las medidas tendientes a recuperar el poder de compra del salario y reactivar la demanda local”, se diferenció el gremio patronal.
Reiteraron en este punto que las Pymes no son formadoras de precios. “Es preciso abordar el papel de los monopolios y oligopolios que producen y comercializan insumos difundidos, los cuales están en el origen del incremento de costos que se termina trasladando a precios”, resaltaron.
Finalmente, APYME repudió “las actitudes extorsivas de desabastecimiento por parte de agrupaciones empresarias y sectores políticos que se oponen sistemáticamente a todo intento de poner reglas de juego claras y dar previsibilidad a la economía por parte del Estado en beneficio del conjunto de la población y de la recuperación con equidad social”.
Días atrás, la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) alertó al Gobierno “sobre la embestida de las multinacionales extranjeras y grandes empresas argentinas, nucleadas en el Coloquio IDEA, en AEA y en el G6, que boicotean la política económica y productiva de la Argentina”. En concreto se refirieron al “aumento inaudito en los insumos industriales monopólicos busca desestabilizar el mercado interno, la economía PYME y la economía familiar de nuestros trabajadores que aún con paritarias que rondan el 50% no les alcanza para llegar a fin de mes”.
Las asociaciones de defensa del consumidor, con Feletti
Un grupo sustancial de asociaciones de defensa del consumidor también manifestó su respaldo a la resolución de la Secretaría de Comercio por la que se fijan precios máximos para más de 1.400 productos por 90 días. “Acompañamos lo resuelto porque entendemos que se trata de una medida que busca proteger prioritariamente a los argentinos y argentinas en su rol de consumidores y consumidoras, por sobre las ganancias exponenciales de unas pocas empresas con posición dominante en el mercado”.
“En los últimos años se ha producido una transferencia de riquezas descomunal desde los sectores populares, trabajadores y de la clase media a manos de estas grandes compañías, lo que profundizo la brecha de desigualdad social y las necesidades de quienes menos tienen”, criticaron. Por eso plantearon como “inconcebible e inaceptable que, en el marco de una crisis global como la actual, haya quienes especulen con los precios de los productos de consumo básico, incluso cuando no hay ningún indicador que justifique estos aumentos, mientras los consumidores y consumidoras ven como cada día les cuesta más acceder a la canasta básica”.
Es por ello que respaldaron esta fijación de precios máximos por favorecer el acceso a productos básicos, “en protección de los derechos como consumidores de los argentinos”. “Nos ponemos a disposición para colaborar en que lo establecido se cumpla, tanto en los valores fijados a los productos como en su adecuado abastecimiento”, propusieron decenas de organismos, entre los que se encuentran ADDUC, DEUCO, Consumidores Argentinos, CEPIS, Consumidores Libres, CODELCO y Consumidores Responsables.