El bigote le queda bien a Milei: el Gobierno pasa la motosierra por organismos que buscan nietos robados en la dictadura
El gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel pueden descatar su accionar en contra de los derechos humanos, similar a la dictadura militar, donde sostienen el objetivo permanente de no permitir el hallazgo de niñas y niños robados durante los años del terrorismo de Estado ya que constantemente atacan organismos que buscan a aquellos bebés que hasta la actualidad no pueden conocer su historia familiar.
En esta ocasión, en continuidad con la permanente motosierra, el Gobierno atacó fuertemente contra la Comisión Nacional por el Derechos a la Identidad (Conadi) y a modo de guerra, los primeros en cargar los cañones fueron los ministerios de Seguridad y Defensa, de Patricia Bullrich y Luis Petri, dos personas que al parecer la búsqueda de la verdad no les importe demasiado y apoyan un accionar perjudicial para la historia del país, en donde descalificaron a la Conadi como un «organismo militante».
Más tarde, atacó el Presidente. En esta ocasión, el jefe de Estado derogó el decreto 715/2004, de Néstor Kirchner, que dio origen a la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Conadi. Este organismo, que durante dos décadas resolvió más de 2400 casos relacionados con la apropiación de menores, queda así desarticulado, dejando en la incertidumbre miles de casos aún pendientes.
En medio de una actualidad desfavorable y en constante ataque hacia la verdad, la Conadi pertenece a la secretaría de Derechos Humanos, un área que viene siendo atacada desde el 10 de diciembre de 2023, cuando Milei asumió al poder. El ajuste podría recortar un alarmante 67 por ciento de la planta de la Conadi, amenazando su existencia misma. Por si fuera poco, la Ley Bases deja al organismo a merced de un simple decreto presidencial, que podría modificar o incluso eliminar sus competencias.
El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), pieza clave para identificar a los nietos y nietas, tampoco se salva de la política de asfixia presupuestaria. Para 2024, el Gobierno asignó un presupuesto de 2333 millones de pesos, lo que representa un recorte superior al 50 por ciento respecto a 2023. Esta decisión pone en jaque una de las herramientas más importantes para la restitución de identidad en Argentina.
Con estas medidas, el Gobierno de Milei y Villarruel parece decidido a borrar los avances históricos en derechos humanos, desmantelando instituciones que durante años trabajaron para reparar las heridas del pasado.