El diputado provincial Marcos Corach lanzó duras críticas hacia la administración santafesina, denunciando una falta de transparencia en la política tarifaria, irregularidades en el manejo del presupuesto educativo y una estrategia de «apriete» hacia los trabajadores del sector público.

Corach puso el foco en los aumentos de las tarifas de agua y energía, cuestionando que se disfracen de «eficiencia lo que en realidad son quitas de subsidios y cambios en las fórmulas de cálculo». Según el legislador, en el caso de Aguas Santafesinas, el incremento real para el usuario desde el inicio de la gestión oscila entre el 600% y el 1600%, superando ampliamente la inflación.

El diputado denunció que se eliminó el subsidio del 20% que beneficiaba a quienes consumen entre 0 y 20 metros cúbicos, afectando directamente a los sectores que menos tienen. «Es una decisión política de sacarle el subsidio a quienes menos consumen agua», sentenció. Además, alertó sobre la situación del ENRESS (ente regulador), calificándolo como un organismo «en vías de extinción» al que se le han quitado competencias para que el Ministerio de Obras Públicas fije tarifas por resolución, evitando así audiencias públicas y controles externos.

Asimismo, el legislador alertó sobre el movimiento de partidas presupuestarias. Corach afirmó que, mientras se discute la falta de inversión en educación, el gobierno provincial realizó una transferencia de fondos desde el Ministerio de Educación hacia la Empresa Provincial de la Energía (EPE). «Se está discutiendo dejar de invertir en educación para sostener a la empresa; no digo que no haya que sostenerla, pero que no lo saquen de educación», reclamó el legislador.

El «ánimo social» y la táctica del «apriete»

Al analizar el conflicto con los docentes, la policía y el sector salud, Corach describió una política sistemática de confrontación por parte del Ejecutivo provincial. Según su visión, el gobierno utiliza mecanismos de presión eficaces pero desgastantes, como el descuento por días de paro y el premio por presentismo, lo que busca romper la unidad sindical.

«Uso mi base de datos de las familias y les mando a los padres para contarles cuál es la oferta que los ‘malos’ de los docentes no quieren aceptar. Es una política de apriete», denunció respecto a la comunicación directa del gobierno con la ciudadanía para desacreditar los reclamos gremiales.

Finalmente, Corach comparó los métodos de control de la protesta: mientras a nivel nacional observa una «represión salvaje», en Santa Fe percibe un mecanismo de debilitamiento de la sindicalización a través de medidas económicas directas sobre el salario del trabajador, lo que ha generado un clima social de creciente enojo y una discusión necesaria sobre el modelo de representación gremial ante estos nuevos escenarios