Quebró Carsa, la empresa controlante de Musimundo
La Justicia decretó la quiebra de Carsa S.A., firma detrás de la histórica cadena de electrodomésticos Musimundo. La compañía acumulaba cierres de sucursales, una venta frustrada y una deuda concursal de $63.500 millones. El fallo revocó el concurso preventivo que había sido habilitado en julio y abrió una nueva etapa judicial para la empresa.
La decisión fue adoptada el 2 de septiembre por el Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia, a cargo de Fernando Luis Lavenas. El tribunal revocó la apertura del concurso preventivo del 17 de julio y decretó la quiebra de Carsa, en una resolución comunicada por la propia compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV). El expediente pasó a tramitarse bajo la carátula “CARSA S.A. s/ Quiebra”.
La situación de la empresa ya mostraba señales de deterioro. En los últimos días, Musimundo había cerrado 20 sucursales en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, en un contexto marcado por la caída del consumo, el avance de las ventas online y los problemas financieros de la firma. Según fuentes cercanas a la compañía, los cierres afectaron a más de 100 trabajadores y correspondían principalmente a locales considerados duplicados dentro de una misma plaza.
En paralelo, había fracasado una negociación para transferir 45 sucursales. También se había intentado avanzar con una posible venta de Musimundo a los propietarios de On City, la cadena surgida del cambio de marca de locales operados por Electrónica Megatone, pero la operación finalmente no prosperó. En ese escenario, Carsa había presentado un plan de reducción de estructura que fue aprobado por su directorio el 26 de agosto, aunque la Justicia consideró que ya existían elementos que demostraban un estado de cesación de pagos.
La compañía ya tenía un antecedente concursal: en junio de 2018 había declarado una deuda de $900 millones. A fines de mayo de este año registraba además pasivos bancarios por unos $3.060 millones, con el Banco Nación como principal acreedor, mientras que la deuda incluida en el concurso alcanzaba los $63.500 millones. La Justicia mantuvo a la sindicatura a cargo del Estudio Contable Benítez y conservó los plazos previstos para la verificación de créditos, cuyo vencimiento será el 6 de noviembre de 2026.
