La senadora lo pidió en la presentación de su libro y el bonaerense propuso un proyecto cajoneado. Lavagna prefiere esperar a negociar con los acreedores.
La deuda externa será uno de los temas centrales del próximo Gobierno, por la dificultad del presidente elegido para afrontar los vencimientos y la supervisión que elija tener el Congreso de las futuras emisiones de crédito.
En su última presentación del libro «Sinceramente», en Malvinas Argentinas, ocho días antes de las elecciones, Cristina Kirchner le pidió expresamente a Sergio Massa retomar los proyectos de ley frenados por Cambiemos que obligan al Poder Ejecutivo a detallar con precisión a los legisladores cada vez que decida endeudarse.
«Deberíamos ponernos de acuerdo en qué tipo de endeudamiento se puede recurrir en Argentina. Nadie va a estar en contra si es para infraestructura y tenemos posibilidades de pago, pero no para hacer la bicicleta financiera y que pongan los dólares, pesos y se lo lleven. Es criminal hacer esto».
«Sergio (Massa) y otros compañeros y compañeras: creo que hay que pensar en algún mecanismo. No podemos estar librados a la mano de cualquiera que gana una elección a que comprometa a generaciones y generaciones. Algo hay que hacer con esto para que no nos vuelva a pasar otra vez lo mismo», solicitó Cristina, entre aplausos.
Ni ella ni Alberto imaginaban una victoria tan aplastante en las primarias, que hizo de la posición de ambos con los acreedores externos la principal cuestión de Estado.
A los pocos días de aquel pedido de Cristina, en una entrevista con LPO, Massa aconsejó avanzar con el proyecto aprobado en el Senado en 2016 y caído en febrero último porque en Diputados nunca se trató. Obliga al Gobierno de turno y a las empresas del Estado a informar sus emisiones de crédito público al Congreso, con detalles de tipo de deuda, monto de operación y plazos. Detalles que nunca dan los presidentes, que se amparan en el plan financiero aprobado en cada presupuesto para salir a los mercados al riesgo que crean necesario.
Se prohíbe además endeudarse con legislación extranjera, mecanismo conocido como prórroga de jurisdicción, una restricción excesiva para algunos legisladores de la oposición porque está avalado en fallos de la Corte y en tal caso cada Gobierno decide si es conveniente o no.
El diputado macrista Luciano Laspina escondió el proyecto en la Comisión de Presupuesto y en el peronismo federal, el bloque de los gobernadores, pidieron en reiteradas ocasiones considerarlo pero fueron ignorados. Y nunca hubo una ofensiva opositora coordinada para imponerlo en el recinto con la mayoría que, por ejemplo, les permitió aprobar una ley para bajar las tarifas vetada por Mauricio Macri. Los acuerdos de gobernadores y Casa Rosada de cada fin de año diluían la discusión.
La iniciativa había sido presentada por Adolfo Rodríguez Saá y respaldada por los senadores del peronismo, mayoría absoluta en el recinto de 2016. Venían de avalar la ley para cancelar la deuda con los holdouts y consideraban que, levantado del default, Macri debía ser cuidadoso antes de volver a endeudarse.
Nada de eso ocurrió. Según la secretaría de Finanzas la deuda argentina en 2015 apenas superaba 240 mil millones de dólares y en diciembre de 2018, la flamante Oficina de presupuesto del Congreso (OPC) informó un pasivo de US$ 330 mil millones, un 85,8% del PBI, medido con una cotización del dólar que no llegaba a 40 pesos.
Se agrega a la herencia financiera los pasivos del Banco Central, como las Leliq, que si bien se licúan con cada devaluación representan una suma exorbitante con vencimientos cortos, un problema que Alberto Fernández logró incorporar al debate de campaña.
El Gobierno frenó todos los intentos de la oposición para limitar la deuda
Los últimos datos de Finanzas reducen la deuda externa a US$ 323 mil millones, por cancelaciones recientes, pero con un agravante: el 80% es en moneda extranjera, o sea, crece al ritmo de la devaluación. De ahí que los US$ 5400 millones del FMI que se esperan para las próximas semanas sean esenciales para afrontar vencimientos.
Según el diputado del peronismo Diego Bossio, en diciembre último, de cada 100 pesos recaudados por la AFIP 18 se destinaban a cancelar deuda externa, un porcentaje que en este semestre escaló por la devaluación y la caída de la recaudación en términos reales.
La OPC aclara que el año pasado el FMI aportó u$s 28.000 millones, sólo US$7.500 millones fueron al Banco Central y el resto a «financiamiento presupuestario». Su ayuda no impidió que el pasivo externo creciera en US$ 11.289 millones y anticipara una curva hacía arriba para los próximos años que coloca a la deuda como la preocupación central de todas las plataformas de campaña.
Es que los vencimientos el FMI empiezan a correr el próximo año y crecen fuerte entre el 2022 y 2023, cuando habrá que girar más de 40 mil millones de dólares, el 80% de las reservas actuales. Y a esa cuenta hay que agregarle la deuda privada comprometida en Wall Street para esas épocas. Impagable para Alberto Fernández y Roberto Lavagna, quienes vienen pidiendo sin éxito que el Gobierno inicie una renegociación con los acreedores para evitar esta herencia.
En diálogo con LPO, el diputado Marco Lavagna, hijo del candidato presidencial, sostuvo que los proyectos que limitan la salida a los mercados de deuda eran necesarios para «evitar lo que pasó», pero ahora prefiere esperar una negociación del próximo Gobierno con los acreedores antes de retomar el debate.
«Hay que tener un poco de cuidado en materia de deuda. Es mejor primero estabilizar la situación ordenando el perfil de los vencimientos, que el año que viene llegan a 20 mil millones de dólares. Y desarmando los títulos que vencen en corto plazo y las Leliq del Central».
«El proyecto del Senado incide demasiado en lo operativo, porque te pide informar cada emisión. Yo prefiero copiar las restricciones que tienen las provincias con la ley de responsabilidad fiscal, que las limita a endeudarse en hasta un 15% de sus recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios», apunta el diputado, que en octubre intentará reelegir y armar un bloque que sea la llave del quorum los próximos dos años.
La ley de responsabilidad fiscal se sancionó en diciembre de 2017, el año de mayor salto de la deuda externa (subió de U.S.$ 275 mil millones a 320) y fue tal vez una de las razones de que la mayoría de las provincias tengan superávit.
La Nación fue por otro camino. El 4 de enero de 2018, con oficio de trader, el entonces ministro de Finanzas Luis Caputo licitó 9 mil millones de dólares de deuda para anticiparse a la suba de tasas en Estados Unidos, pero cuando este evento finalmente llegó no pudo sostener la corrida bancaria y Macri pidió un auxilio al FMI.
Unos días antes de aquellas jornadas de furia en las ruedas financieras, durante una sesión de la bicameral de seguimiento de deuda Marco Lavagna le preguntó a Caputo si tenía algún plan previsto para afrontar los vencimientos en dólares si se producía una devaluación o una merma de los ingresos tributarios. No le respondió.
«Lo que tenemos que hacer en los próximos años es empoderar a la Oficina de Presupuesto y a la bicameral de control deuda para hacer un seguimiento minucioso de cada emisión». propone Lavagna.
El senador Fernando «Pino» Solanas, candidato a diputados de Todos, presentó otro proyecto de ley para derogar el artículo 60 de la ley de administración financiera que permite a los gobiernos no consultar al Congreso para tomar deuda en organismos que integra el país, como el FMI. Propone además que la oficina de crédito público sea la dependencia autorizada a emitir deuda y dependa del parlamento, el único autorizado a habilitar empréstitos según la Constitución vigente.
«Hay que entender que todas las deudas que toma Macri están autorizadas por la ley de presupuesto. Así que lamentablemente la deuda no es sólo del macrismo sino de la dirigencia política con representación parlamentaria», aclaró Alejandro Olmos Gaona, cuyo padre homónimo es recordado por haber denunciado la deuda externa del siglo 20 y obtener un fallo favorable del juez Jorge Ballestero en 2002. Hacía un año que Argentina estaba en default.