Después de dos años de juicio y a medio siglo de la represión ilegal iniciada en 1975 en Villa Constitución, la Justicia Federal emitió ayer «un fallo vergonzante» que absolvió a los 17 acusados en la causa conocida como «el Villazo», donde se juzgaron delitos de lesa humanidad contra obreros metalúrgicos de la localidad del sur santafesina. Además, cuestionaron que se trata del primer decisorio de este tipo en la jurisdicción. Querellantes, víctimas y familiares plantearon que se dio como parte de «un clima de época» y aseguraron que seguirán organizados y que apelarán la decisión del tribunal para alcanzar la justicia que vienen reclamando hace medio siglo.

A pesar de la lluvia que se desató ayer por la mañana, para las 10 el ingreso a los Tribunales Federales de calle Oroño al 900 se colmó de paraguas. Un grupo de víctimas, sobrevivientes, familiares y allegados, junto con representantes de organizaciones y gremios que vienen acompañando la la causa, esperaron el momento del veredicto bajo el techo de la entrada, donde se dispuso una pantalla para poder escuchar colectivamente el fallo que esperaban condenatorio.

Pasadas las 10.30 comenzó la lectura del tribunal integrado por Germán Sutter Schneider, Ricardo Vasquez y Otmar Paulucci, que decidió las absoluciones, por mayoría, luego de dos años de debate oral, por el que pasaron más de cien testimonios.

Ante ese resultado, en el ingreso al tribunal retumbó el clásico «Olé ole, olé, olá… como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar». En seguida, desde el megáfono arengaron: «La sangre obrera es lucha y es bandera», que fue repetido una y otra vez.

Los acusados por lo ocurrido a partir de 1975, como antesala del golpe del 76, fueron expolicías federales y un expolicía provincial; al tiempo que, por primera vez en la provincia, se juzgó a civiles en el caso de dos ex jerárquicos de Acindar, Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo, para quienes Fiscalía y querella habían pedido penas de prisión perpetua, en el marco de la acusación por la responsabilidad empresaria.

«Este fallo es vergonzante. No está a la altura de la prueba que se produjo en el juicio, de lo que dieron cuenta los cientos de testimonios», señaló la abogada Julia Giordano, del equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa. «Hemos probado la responsabilidad. Los testimonios pudieron decir con claridad que los asesinatos y las torturas fueron responsabilidad no solamente de la burocracia sindical, sino del poder del estado que estaba organizado clandestinamente, en clara planificación con el directorio de Acindar, y en clara planificación con sus mandos medios, como Pellegrini y Torralvo, que entregaron los legajos de los trabajadores y que todos dieron cuenta de que entraron a secuestrarlos con los legajos de los trabajadores a sus casas. Y un testimonio desde adentro mismo de la boca del terror, que dio cuenta que era Pellegrini que hacía los pagos para esas tareas clandestinas. No estamos hablando de pagos que tenían que ver con tareas normales de las fuerzas de seguridad. Estamos hablando de los pagos por entregar compañeros, para la tortura, para el asesinato. Las pruebas son claras, las pruebas son contundentes. El tribunal, una vergüenza», cuestionó.

Para Federico Pagliero, también abogado de la querella, «el fallo no tiene ni pies ni cabeza»; y aseguró que hay «muchísimos elementos probatorios: cientos de testimonios coincidentes han pasado y han acreditado cómo antes del 24 de marzo del 76 ya comenzaba este operativo de terror, ya comenzaba el terrorismo de Estado. Pruebas que tienen más de 50 años. La Conadep se constituyó en Villa Constitución en 1984. Han declarado muchísimas personas en Comodoro Py. Hoy es un día oscuro para la justicia argentina, para el movimiento obrero. Y a las claras esto también tiene que ver con la persecución que tiene el movimiento obrero actualmente, las reformas laborales que quieren imponer a los trabajadores. Nada es casual en este momento», aseguró.

Al mismo tiempo, desde la querella indicaron que para la apelación, «no solamente vamos a tener en cuenta el voto en minoría (en disidencia), porque tampoco es suficiente para nosotros para dar cuenta de lo que se probó en este juicio. Vamos a ir por mucho más. Y lo que es inentendible es que otro de los puntos de la sentencia se niega a declarar como centro clandestino de detención lo que fue el Albergue de Solteros. ¿Qué prueba más necesitamos para decir que Acindar fue parte de la planificación del genocidio, que funcionó un centro clandestino, puertas adentro de la fábrica? Un centro clandestino donde pasaron compañeros como Martínez, como Jorge, como María, que padecieron las torturas. Más prueba que eso… Y más prueba entonces de que esta sentencia solo quiere cubrir el poder».

También sostuvieron que el fallo tiene que ver «sin duda» con un clima de época. «Pero, al mismo tiempo sabemos que estamos organizados para seguir torciendo eso», aseguró Giordano. Su par, Gabriela Durruty, agregó: «Nunca bajamos los brazos, ni lo vamos a hacer. Es un día triste por el resultado del fallo, pero es un día de lucha. Sigamos peleándola. Estos juicios no son el pasado, son hoy. Y esta resolución se toma después de lo que pasó el 26 de octubre. Esto lo vamos a dar vuelta».

Norma Ríos, presidenta honoraria de APDH, también cuestionó que lo resuelto tiene que ver con «el clima de época»; y apuntó a que «absolver a Pellegrini y a Torralvo es absolver a Acindar. Estos 50 años de lucha también fueron un hilo conductor. Estamos luchando, sin bajar los brazos».

Disidencia

Por su parte, el juez Sutter Schneider hizo un voto en disidencia sobre algunos puntos del fallo, en el que indica que 30 detenciones juzgadas, ocurridas entre el 20 de marzo de 1975 y el 3 de mayo de 1976), y 10 asesinatos (cometidos entre abril y octubre de 1975) «constituyeron delitos de lesa humanidad, al originarse en su persecución política por pertenecer, adherir o invocarse su vinculación al grupo o colectivo con identidad propia llamado «Lista Marrón» del gremio de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, liderado por Alberto Piccinini, tildado falsamente de subversivo».

En esa línea, consideró que caben condenas para el expolicía federal Roberto Álvarez por privación ilegal de la libertad agravada (mediando violencia y amenaza) en perjuicio de 8 víctimas, a la pena de ocho años; y para Roberto Pellegrini (jerárquico de Acindar), como partícipe necesario de privación ilegal de la libertad agravada, a seis años de prisión. El voto minoritario abre el camino para la apelación.

«Ensayo» del golpe

En el debate se juzgaron homicidios agravados, casos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados y asociación ilícita, que tuvieron como víctimas tanto a trabajadores vinculados a la Seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), como a militantes políticos y simpatizantes de la lista Marrón, que poco tiempo antes había ganado las elecciones y ocupaba su conducción.

Por esos hechos, fiscalía y querella pidieron penas que iban de prisión perpetua, para los civiles; a entre 10 y 25 años para el resto de los acusados, por 67 casos.

Fiscalía indicó al inicio del debate que los hechos represivos juzgados fueron la respuesta a la histórica protesta conocida como «El Villazo». Los secuestros sucedieron entre el 20 y el 26 de marzo de 1975, y también en abril, mayo y junio de ese año. Las privaciones de la libertad se prolongaron por meses o años, según cada caso. En enero y marzo de 1976 también se produjeron secuestros y posteriores homicidios relacionados a estos hechos.

El requerimiento agrega que en aquel momento “se inició una verdadera cacería que perduró hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y continuó con posterioridad, aunque adquiriendo otras características. La estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial y, en nuestra zona, no sólo incluyó a Villa Constitución, sino también a Rosario, San Nicolás y San Lorenzo».

La querella viene planteando que hechos «tuvieron como objetivo derrotar la lucha sindical de lxs trabajadorxs metalúrgicxs. El operativo ‘Serpiente roja del Paraná’ fue una prueba piloto del terrorismo de estado en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que luego se aplicaría durante la dictadura de forma sistemática».