El acuerdo rubricado la semana pasada por el gobernador Maximiliano Pullaro con la ministra Sandra Pettovello y la Anses para reactivar los envíos de fondos a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe abrió un frente de críticas en la Legislatura provincial que confronta el triunfalismo del relato oficialista. Cuestionan que se acepte un acuerdo por 120 mil millones de pesos cuando la deuda de la Nación llega a los dos billones, según admitió en el Senado el titular de la Caja, Jorge Boasso. Desde distintos espacios de oposición, los diputados Carlos Del Frade y Marcos Corach coincidieron en criticar tanto el monto acordado como la decisión de suspender acciones judiciales contra el Estado nacional.

El convenio prevé transferencias por 120.000 millones de pesos en doce cuotas mensuales desde mayo, como anticipos a cuenta del ejercicio 2026, con el objetivo de recomponer el flujo de fondos interrumpido en 2024 tras la decisión del presidente Javier Milei de dejar de cubrir el déficit previsional de las cajas no transferidas. Sin embargo, para la oposición, el entendimiento deja interrogantes abiertos sobre la magnitud real de la deuda acumulada y el costo político del acuerdo.

Del Frade puso el foco en esa diferencia. Según recordó, el propio Boasso, reconoció en el Senado que “la deuda completa es de dos billones de pesos”, cifra que –remarcó– supera ampliamente los 120.000 millones incluidos en el acuerdo. “Sea como sea, lo que hay que tener en cuenta es que la deuda total de la Nación con la provincia es de dos billones de pesos”, insistió el legislador del Frente Amplio por la Soberanía, quien consideró clave sostener ese reclamo “mucho más allá de lo judicial”.

En esa línea, el diputado advirtió que si bien el convenio garantiza un flujo mensual de ingresos para la provincia, también expone una “sintonía” política con la administración nacional.

Para Del Frade, ese alineamiento resulta contradictorio con el ajuste aplicado sobre jubilados y trabajadores estatales: “No había necesidad de descargar el peso del déficit sobre sus espaldas cuando lo tenía que pagar el gobierno nacional”, sostuvo, en referencia a la reforma previsional provincial que postergó aumentos durante dos meses.

Desde el peronismo, Corach fue aún más duro y calificó el acuerdo como una “rendición”.

“Los que enarbolan el slogan de ‘provincia invencible’ terminaron celebrando una rendición frente al gobierno del ajuste de Milei”, disparó. El legislador cuestionó que, a cambio de un monto “claramente menor al que la Nación tiene la obligación de enviar”, la provincia haya aceptado suspender por 360 días las acciones judiciales por la deuda acumulada.

“Dos años dejó de pagar Milei esa plata”, enfatizó Corach, quien también recordó el conflicto social que rodeó la reforma previsional santafesina.

“A los jubilados y trabajadores estatales les impusieron un esfuerzo enorme, con represión incluida”, señaló, para luego contrastar esa postura con la negociación con la Casa Rosada: “Frente a la Nación, la firmeza desaparece”.

El ex ministro político de la gestión de Omar Perotti cuestionó además la magnitud de los desembolsos acordados: “Aceptan 12 pagos de 10.000 millones que no alcanzan a cubrir ni un tercio del déficit previsional de este año”, afirmó.

Y agregó que el entendimiento implica “patear el reclamo judicial por la deuda acumulada”, pese a que —según sostuvo— la provincia cuenta con fundamentos sólidos para ganar esa disputa.

Las críticas opositoras se apoyan en la estimación de que la deuda nacional con Santa Fe, acumulada entre 2020 y 2025, rondaría los 2 billones de pesos, cifra que deberá determinarse mediante auditorías conjuntas según el propio acuerdo. Mientras tanto, el gobierno provincial apuesta a recomponer el flujo mensual de fondos, en un contexto de creciente presión sobre las cuentas públicas y el sistema previsional.

Del Frade lo planteó en diálogo con Rosario/12: “Es injustificable que por el ajuste se haya llegado a postergar los aumentos a los jubilados durante dos meses. Este déficit no lo deben pagar los trabajadores estatales ni los jubilados, sino lo tenía que pagar, de hecho, el gobierno nacional”.