El equipo de abogadas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) cuestionará formalmente la validez de la orden de allanamiento al domicilio de Mariano Soria, el dirigente de Izquierda Socialista acusado de infringir la ley antidiscriminatoria.

Luego de acceder al expediente –dos días después del procedimiento– sostienen que la actuación fue desproporcionada y no guarda vínculo con el delito investigado, además de advertir por filtraciones de información y un seguimiento de sus movimientos durante meses.

“Intervenimos en numerosas denuncias por delitos muy graves y en ningún caso vimos que se desplieguen estos métodos”, apuntó Gabriela Durruty, una de las abogadas.

Al mismo tiempo, desde Izquierda Socialista denuncian “una campaña difamatoria y persecutoria” contra el militante. “Intentan presentarme como un personaje oscuro dedicado a reproducir mensajes de odio, cuando soy un militante político que denuncio al sionismo. Eso no es antisemitismo”, cuestionó Soria.

Se llevaron libros sobre Palestina, computadora y teléfono

El allanamiento de la Policía Federal Argentina (PFA) se produjo este miércoles por la tarde tanto en el domicilio de Soria, como en el de su pareja, también militante de Izquierda Socialista.

Según le informaron los oficiales, el ingreso se produjo en el marco de una causa federal de la que Soria no tenía conocimiento, ni nunca había sido notificado. En el domicilio los agentes secuestraron su computadora, su teléfono celular y libros vinculados a la historia de Palestina, entre otros objetos. La orden de allanamiento fue firmada por la fiscal federal Federica Tiscornia.

Según la información preliminar brindada por las autoridades intervinientes, la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por un integrante de distintas organizaciones de la comunidad judía en la ciudad, entre ellas la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) y la Unión Sionista Argentina de Rosario (Usar).

La denuncia alertaba por la “difusión sistemática” de mensajes de carácter antisemita en distintas plataformas digitales. Por el hecho la fiscal dio intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (Duia).

El expediente

Las abogadas que representan a Soria recién pudieron acceder al expediente el viernes, dos días después del allanamiento. La causa investiga una presunta infracción al artículo 3 de la ley de Actos Discriminatorios (23.592) que contempla penas de un mes a tres años de prisión para quienes participen “en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma”.

Para Durruty, los mensajes en cuestión apuntan a publicaciones que no pueden ser catalogadas como delitos, y que forman parte de la militancia pública de Soria.

“Cuestionar el despliegue de un genocidio cuando la Corte Penal Internacional tiene dictado pedido de captura al presidente Israel por genocidio, no puede ser considerado ni un acto de discriminación religiosa, ni siquiera una afirmación falaz”, evaluó en diálogo con Rosario/12. “La medida solicitada por la Fiscalía es absolutamente desproporcionada e ilegal, porque no guarda vínculo con el delito investigado”, agregó.

Según planteó, se trata de una causa “muy voluminosa” que contempla fotografías, patrullaje cibernético, entrevistas con vecinos y un despliegue que no se condice con el delito investigado.

Del expediente incluso surge que hubo trabajo de campo y de inteligencia sobre Soria y su entorno durante meses. “Se convocó a la brigada antiterrorista de la policía federal para hacer tareas de seguimiento y llevar adelante el allanamiento. Es algo que no tiene ninguna vinculación con la investigación manifiesta”, sostuvo.

En ese marco, el equipo de abogadas de APDH –que se complementa con Julia Giordano– adelantó que cuestionarán la validez de la orden de allanamiento, y todas las actuaciones en consecuencia. “Nunca notificaron de ninguna causa y fueron a la medida más extrema, y de excepción, como es el allanamiento, que entendemos que no está fundada” expresó Durruty.

Y añadió: “Estamos hablando de una persona sin antecedentes, con arraigo, militante y docente que formó parte de la conducción de Amsafé Rosario hasta hace poco. Es una barbaridad la medida, de una desproporción que sorprende”.

En resumen, para Durruty no solo no existe delito, sino que además se está investigando mal. También señalan que tras el allanamiento hubo una filtración de los acontecimientos, que tenía como intención desinformar en torno a la situación: “Se dijo que hubo una detención, cuando es algo que no ocurrió. Mariano no está ni siquiera imputado. Incluso se difundieron nombres, es algo que no corresponde de ninguna manera en una etapa investigativa. Nos parece un hecho grave todo lo que sucedió”.

Por último, la abogada mencionó una particularidad que les llamó la atención: la orden de allanamiento tenía una palabra escrita en inglés. En lugar de “estrictamente”, figuraba “strictly” sobre la orden.

“Tengo tres décadas de ejercicio de derecho penal y nunca vi una palabra en inglés en una orden”, señaló. “En nuestro rol de abogadas de la APDH intervenimos en numerosas denuncias por delitos muy graves y en ningún caso vimos que se desplieguen estos métodos. Hablamos de delitos de gravedad institucional y potencial violación a los derechos humanos, que nunca se investigan de esta manera”, concluyó.

Campaña difamatoria

Según Soria, los allanamientos se dieron de forma pacífica por parte de los agentes, y en ningún momento hubo resistencia de su parte. Durante el procedimiento buscaban materiales políticos, publicaciones, banderas y dispositivos electrónicos. Además de su celular y su computadora se llevaron cuatro libros, tres de ellos de autores judíos que denuncian el sionismo. También secuestraron un arma de fuego y un mangual.

Para el dirigente, esa información –junto a fotos del procedimiento– se difundieron para brindar una falsa imagen suya.

“El arma fue un regalo y hace 20 años no se dispara, es algo que la policía puede comprobar. El mangual no es real, es una réplica a la venta para turistas que tengo de un viaje. Ninguno de los dos objetos eran materia de la búsqueda del allanamiento. Con eso buscan mostrarme como un terrorista preparado para hacerle daño a alguien”, dijo a Rosario/12.

“Intentan presentarme como un personaje oscuro dedicado a reproducir mensajes de odio, cuando soy un militante político que denuncio al sionismo, que no es antisemitismo. Nunca hice ningún tipo de declaración contra la comunidad judía, que además es diversa y con distintas posiciones políticas. Yo denuncio al sionismo, una ideología que busca apoderarse del territorio palestino y expulsar a su población originaria, como lo vienen haciendo desde 1948”, completó.

Tras el allanamiento, desde Izquierda Socialista difundieron un comunicado denunciando una “campaña difamatoria y persecutoria” que se traduce en la denuncia, pero también en la información que se difundió de los hechos.

“Queremos clarificar que no existió orden de detención ni existe aún procesamiento de nuestro compañero”, indicaron en el escrito, donde también reclaman el derecho a réplica “para rebatir las falsedades difamantes que han reproducido”.

“Movilizarse o pronunciarse a favor del pueblo palestino no implica de ninguna manera ser antisemita, que es lo que aparentemente sostiene la causa”, evaluó Daniela Vergara, también docente e integrante de la organización.

“Rechazamos de plano estas afirmaciones. Nosotros denunciamos un genocidio reconocido hasta por organismos internacionales. Es gravísimo que quieran presentar a Mariano como si fuera un criminal”, añadió en diálogo con Rosario/12.

Por último, la dirigente remarcó que además de tener “una trayectoria intachable”, la situación es más grave al tratarse de un docente con antigüedad en el sistema educativo, con trayectoria sindical y política: “No vamos a hacer más que repudiar toda esta calumnia donde entraron a la casa de un docente y se llevaron cuatro libros de historia que se venden en cualquier librería o se bajan de las redes. Es tremendo que lleven semejante operativo para perseguir a militantes y trabajadores”.