Profesionales, familiares y pacientes de instituciones que atienden a personas con discapacidad volvieron a movilizarse esta mañana en distintos puntos del país para reclamarle al gobierno nacional que aplique de una vez la legislación de emergencia que fue sancionada por el Congreso el año pasado y ratificada en varias instancias por el Poder Judicial. También se oponen al proyecto de ley anunciado por las autoridades nacionales que busca eliminar prestaciones y coberturas.

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Una de las protestas tiene lugar frente al Ministerio de Salud, ubicado en el histórico edificio de Desarrollo Social, pero también hay otras que se desarrollan en distintas ciudades como Mar del Plata y Córdoba capital.

El pedido es doble: que el Gobierno cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, ratificada en distintas instancias del Poder Judicial, y que el oficialismo retire el proyecto que envió el Gobierno para reemplazar la ley que ni siquiera cumple.

“El déficit cero es mentira, aprendan a administrar y dejen de robar. Cumplan con la ley”, dice uno de los carteles desplegados frente al edificio ubicado en 9 de Julio y Belgrano.

La convocatoria fue hecha por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aglutina instituciones de todo el país. La organización advierte que, de no aplicarse la ley y los aumentos en las prestaciones que ello conlleva, podría haber un cese de atenciones generalizado.

Sueldos e insumos en estado de emergencia

Exige también que se actualicen los pagos del programa Incluir Salud, que mantiene deudas desde octubre del año pasado. Las demoras “impiden a los prestadores cumplir con obligaciones básicas como salarios, servicios y proveedores”, remarcó la organización en un comunicado.

Mauro Stefanizzi, titular de la Asociación de Electrodependientes, afirmó que, a pesar de la ley que se sancionó para proteger a esas personas, “el sector está totalmente golpeado” por el ajuste del Gobierno.

“A las personas con internación domiciliaria, Incluir Salud no les está mandando pañales, medicamentos, sondas, leche, enfermerías ni insumos básicos. La situación es angustiante, no la podemos naturalizar”, puntualizó.

Una de las pancartas sostenidas por una familia exige: “Basta de crueldad. Ni un derecho menos”. Otra dice: “Por cada prestación que no se paga, hay un derecho que se vulnera”.

Marcela Gómez, madre de un chico con respirador artificial internado en su casa, contó a C5N que “desde la semana pasada” no encuentra una enfermera “porque les pagan 3 mil pesos la hora. Es una pelea constante con la empresa que sostiene la internación”.

Los crueles argumentos del Gobierno

El argumento del Gobierno para no cumplir con la Ley de Emergencia es que existe un “sistema fraudulento” de otorgamiento de pensiones, del cual –dicho sea de paso- ni siquiera presentó pruebas fehacientes.

Las organizaciones exigen una actualización de los aranceles para las distintas especializaciones que reciben las personas en tratamiento, el fin del ajuste presupuestario en el sector, y la universalidad de las prestaciones con costos actualizados en nomenclador.

Si se dan de baja los parámetros del nomenclador, las obras sociales podrían pagar costos que se autoimpogan y que, obviamente, estarán por debajo de las demandas de los profesionales prestadores.

Asimismo, le piden a los legisladores de la oposición “que reafirmen su compromiso con el colectivo de personas con discapacidad, rechazando el proyecto de ley” presentado en el Congreso.