La aprobación de un registro municipal de damnificados por los planes de ahorro para vivienda de Bauen Pilay marcó el primer reconocimiento institucional de la magnitud de un conflicto que lleva casi una década acumulando denuncias de incumplimientos en Rosario. La iniciativa, impulsada por vecinos autoconvocados y respaldada por el Concejo Municipal tras una fuerte discusión política, permitirá relevar desde el 10 de agosto quiénes han sido perjudicados por la empresa y construir un diagnóstico oficial sobre un universo de afectados que los propios reclamantes estiman más de 15 mil familias.

La resolución fue aprobada luego de dos jornadas de intenso debate en las comisiones de Planeamiento y Gobierno, donde los vecinos insistieron en que el Estado dejara de considerar el conflicto como una disputa entre particulares y asumiera un rol activo frente a denuncias que involucran demoras en las adjudicaciones, cambios en las condiciones originalmente pactadas y ofrecimientos de viviendas fuera de las zonas previstas en los contratos.

El registro funcionará en el ámbito de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios e incorporará a todas las personas que declaren integrar los planes de esfuerzo individual y ayuda común promovidos por la unión transitoria conformada por Bauen Arquitectura SRL, Pilay SA y Pilares SRL y que manifiesten haber sufrido presuntos incumplimientos contractuales.

Los inscriptos deberán acreditar su condición de contratantes, detallar el perjuicio denunciado, informar si el caso fue judicializado y señalar si el plan estaba destinado a la vivienda única. La información servirá para dimensionar el alcance del conflicto y orientar futuras intervenciones estatales.

La iniciativa nació a partir de una presentación realizada por el Colectivo Autoconvocados contra Incumplimientos de Bauen Pilay, cuyos integrantes expusieron nuevamente su situación ante la comisión de Planeamiento. Durante la reunión afirmaron que contrataron “de buena fe”, que cumplieron con todas las obligaciones económicas previstas durante años y que la empresa dejó de ofrecer las condiciones comprometidas originalmente.

“Nosotros cumplimos, Bauen no”, resumieron los representantes del colectivo, quienes remarcaron que la mayoría de los afectados son trabajadores, profesionales y jubilados que destinaron durante dos décadas una parte importante de sus ingresos con el objetivo de acceder a su vivienda.

En nombre del colectivo de damnificados Mariela Mulhall habló con Rosario/12. “Por supuesto que estamos muy conformes, se votó por unanimidad con más razón. Es un puntapié, es un comienzo, es empezar a reconocer que el problema de los damnificados de Bauen Pilay y de los incumplimientos de esta empresa y de esta UTE, que no es un problema entre privados, entre particulares, como siempre se planteó, sino que tiene que ver con lo colectivo y se empieza a instalar cada vez más en la agenda pública. Es de interés público. Entonces, para nosotros la verdad es un logro. Y empieza una etapa diferente, empezar a trabajar de otra forma. El 10 de agosto ya se empezaría a implementar, algo que ya tiene fecha y que para nosotros también es importante porque es una acción concreta que ya se está proyectando” aseguró.

Los reclamos no son nuevos. En 2018 y 2019 ya existieron actuaciones vinculadas a la empresa con intervención de la entonces Oficina Municipal del Consumidor. Sin embargo, los damnificados sostienen que durante todos estos años el conflicto continuó creciendo sin una respuesta estatal que permitiera establecer cuántas personas fueron alcanzadas por las presuntas irregularidades.

El concejal Antonio Salinas, de Ciudad Futura, recordó que “hay expedientes que datan de 2017 y 2018 en el Concejo por presuntas irregularidades al finalizar los contratos firmados con la empresa” y señaló que los vecinos “se fueron organizando en distintos colectivos para intentar canalizar sus demandas”. El edil explicó que el registro responde a una herramienta utilizada habitualmente cuando existen daños masivos sobre consumidores. “No es algo que inventan los vecinos. Los registros públicos de damnificados se utilizan para poder cuantificar la magnitud del problema cuando todavía se desconoce el número de afectados”, afirmó.

Durante el debate legislativo surgió uno de los principales focos de tensión. Según relató Salinas, el oficialismo propuso inicialmente reemplazar el registro por un pedido de informes dirigido a la propia empresa para que informara la situación de sus planes y la existencia de incumplimientos. “La contrapropuesta era pedirle un informe a la empresa para que diga cuál era la situación y si había damnificados. Nos parecía una tomada de pelo”, cuestionó el concejal. Y agregó: “Todavía no ha nacido el empresario que se autoincrimine y diga que incumplió contratos o que perjudicó a miles de personas”.

Tras un cuarto intermedio y nuevas negociaciones, el proyecto incorporó ambas medidas: el pedido de informes a Bauen Pilay y, fundamentalmente, la creación del registro reclamado por los vecinos. Para Salinas, ese punto representa el verdadero avance de la resolución. “Lo importante es construir información pública para empezar a dimensionar de qué estamos hablando cuando hablamos de damnificados por Bauen Pilay”, sostuvo. El concejal insistió además en que la información permitirá dejar de presentar el conflicto como una suma de casos individuales. “Si estamos hablando de 15.000 familias rosarinas que vienen pagando una cuota mensual para acceder a la vivienda única y eso no sucede, claramente estamos frente a un problema de incidencia pública”, afirmó.

Entre las denuncias que motivarán las inscripciones aparecen planes completamente abonados cuyos adjudicatarios reciben como respuesta que deberán esperar entre tres y cinco años más para acceder a una vivienda; ofrecimientos de departamentos ubicados en sectores periféricos cuando los contratos establecían inmuebles dentro del radio urbano de Rosario; personas que debieron vender sus planes con pérdidas económicas; y numerosos casos ya judicializados.

“Este registro permitirá reunir ese amplio abanico de situaciones y cuantificar el problema”, explicó Salinas, quien sostuvo que el objetivo final sigue siendo que “los vecinos puedan acceder a la vivienda que pagaron durante 20 años”.

La resolución no modifica la situación contractual de los ahorristas ni resuelve los reclamos económicos, pero constituye el primer instrumento oficial destinado a establecer la dimensión real del conflicto y a reunir información sistematizada sobre uno de los casos de consumo que acumula más años de reclamos en la ciudad. Con ese diagnóstico, el Concejo busca abrir una nueva etapa de intervención estatal frente a un conflicto que durante años avanzó sin respuestas institucionales proporcionales al volumen de denuncias acumuladas.