Una serie de crímenes acontecidos en la provincia y protagonizados por menores de 18 años, incluso de 16, fueron utilizados por la administración de Maximiliano Pullaro para reflotar su campaña en favor de la baja en la edad de imputabilidad.

«Hoy un joven de 14 años que va a matar, sabe que va hacerlo», planteó el gobernador para pedir “cambiar la ley ya, con un debate sin prejuicios ni ataduras ideológicas”. Palabras que apuntaron directamente al debate que ya habilitó el presidente Javier Milei y que se dará en el Congreso Nacional.

El problema es cuando se oculta o no se quiere ver la propia ideología. Esa que aparece por detrás de un organismo del Estado que decide “acompañar” el sincero dolor y legítimo sentimiento de venganza, por parte de las víctimas y/o familiares, para hacer proselitismo punitivista.

“Estamos sobre una ola donde la sociedad solo quiere mano dura, lo cual tiene mucho que ver con el discurso que se propaga a través de los medios y de los discursos políticos”, señala Jaquelina Balangione, extitular del Servicio de la Defensa Penal y de profusa carrera legislativa y judicial.

Así resume la idea de que cuando un Estado adopta una actitud “demagoga” ante un caso donde el sector público tiene más de responsable que de simple árbitro, se generan las condiciones ideales para cultivar el creciente clima de violencia permanente.

“Estoy en contra de la baja de la edad de imputación, pero es una postura que ya resulta muy difícil de sostener”, plantea Balangione sobre los peligros de que el titular de un Gobierno aproveche el clima de indignación general para fomentar un debate.

Y profundiza: “El fin de la pena no debe ser retributivo, sino resocializador. Sobretodo con los niños, cuya característica común suele ser que provienen de los sectores de menores recursos económicos de la población, donde tienen una vulneración de derechos absoluta.”

Siguiendo esta misma línea, Balangione plantea la necesidad de escuchar a los especialistas. “En Argentina tenemos a profesionales como la doctora Mary Beloff, una criminóloga que colaboró con las legislaciones penal juvenil de muchos lugares del mundo”, dice.

Y agrega: “En países de Europa hace 30 años que utilizan la Justicia restaurativa y han logrado disminuir la criminalidad, porque genera soluciones que impactan en la sociedad”. «Sin embargo y por el contrario, acá el debate se fue banalizando», cierra.

—¿Cómo ve el debate que reflotó el gobernador Maximiliano Pullaro, sobre la baja de la edad de imputabilidad, a partir del debate en el Congreso nacional y del homicidio de Jeremías Monzón?, preguntó Rosario Plus.

—Primero hay que aclarar: Pullaro no tiene nada que ver con la baja en la edad de imputabilidad. Es un tema del Congreso nacional, porque es una ley de fondo. En todo caso, la provincia puede modificar la parte procesal y ya hubo una reforma en ese sentido, del código penal juvenil, que se está aplicando bajo el sistema acusatorio.

El problema es que las personas de mayor renombre en la materia están siendo desoídas y el tema se fue llevando más por el lado de la mediatización, sin un estudio profundo, porque además son pocos los penalistas que realmente se dedican dogmáticamente a estudiar el tema.

Como que se fue banalizando. El clamor social sostiene que hay que bajar la edad de imputabilidad, pensando que es una vara mágica que va a solucionar los problemas originados bajo un trasfondo social. Sin embargo, los países que bajaron la edad de imputabilidad a los ponchazos como se viene pensando acá, registraron un incremento de la criminalidad de menores.

También es importante no propagar la mentira de la suba en la cantidad de adolescentes que delinquen. Hay estudios en Argentina que demuestran que los chicos menores a 16 años institucionalizados por cometer delitos es ínfimo. Serán 30 o 40 en todo el país, sobre una población total de 3 millones y medio. Este tipo de acciones agravan la situación, porque son discursos que además están muy en boga.

—¿Cuáles son los motivos concretos por los que está en contra de la baja en la edad de imputabilidad?

—En Argentina y en el mundo en general es muy bajo el porcentaje de menores y sobre todo de menores no punibles que cometen delitos. Es menos del 0,1% del total en una determinada población.

En lo personal, empecé mi carrera en la Justicia y anteriormente había trabajado en el Poder Ejecutivo, en el área de minoridad. Fui secretaria social de un juzgado menor. Jamás ví por ahí a un chico de clase media, ni siquiera de clase baja. Aparecen, por el contrario, los chicos absolutamente excluidos y que provienen de una situación de absoluta carencia de derechos, ya sea porque la familia no se los puede garantizar o porque el Estado no llega.

Entonces, es una cuestión absolutamente contraindicada plantear el debate a partir de hechos que son mediáticos. También está contraindicado en el contexto de campañas políticas, porque se trata el tema con una liviandad y como una respuesta rápida que no tiene nada que ver con el problema de fondo.

Estoy en contra de la baja de la edad de imputación, pero es una postura que ya resulta muy difícil de sostener porque todo el mundo piensa que hay que bajarla. Pero eso tiene que ir acompañado de una ingeniería institucional acorde para que no empeore la situación.

—¿Qué opina de la frase del gobernador: “La pena tiene que ver con el delito y no con la persona que lo cometió”?

Sí, por supuesto. Nuestro derecho penal es de acto y no de autor. Pero una cosa es que cometa el delito un adulto y otra que lo cometa un niño. Lo de Pullaro es una respuesta de tipo política.

El fin de la pena no es retributivo, sino resocializador. Sobretodo con los niños, cuya característica común suele ser que provienen de los sectores de menores recursos económicos de la población, donde tienen una vulneración de derechos absolutos.

La mayoría de estos chicos son criados por la abuela, o en la calle, porque las madres los dejan porque ellas mismas incluso repiten su misma historia. Los padres generalmente son jóvenes y están atravesados por el consumo de droga.

—Acá aparece un tema particular, de un tiempo a esta parte, donde estos niños son utilizados por el narcotráfico para cometer crímenes, porque son imputables. ¿Este tipo de casos no ameritan por sí solos el pensar en un cambio de sistema?

A esos chicos los usan porque no son punibles y las penas son de menor impacto. Pero es lógico que así sea porque hay una Convención Internacional de los Derechos del Niño que pone ciertos límites. Entonces, ¿cuál es la la respuesta? ¿Criminalizarlos o protegerlos?

Y ojo que no hablo de una protección de ‘ay, pobrecito’. Tiene que ver con fines educativos que aseguren que ese joven pueda comprender lo que está haciendo. Pasa lo mismo en las cárceles de adultos, donde la mayoría de la población apenas supera los 18 años.

Pero yo pienso todo esto porque me recorrí las cárceles. Era una defensora de pisarlas. No quiero hablar de lo actual porque hacen todo lo contrario. No se acercaron a una todavía. Ahí te encontrás con que la mayoría de los pibes son prácticamente adolescentes que no entienden ni lo que hablan. Tienen la cabeza absolutamente arruinada por el uso de drogas malas, y muy fuertes, que empiezan a usar desde muy chicos.

Y por más bronca que nos dé, no se los puede culpar de eso porque vienen de sectores muy excluidos donde muchas veces el primer contacto que tienen con el Estado es una cárcel.

—¿Pero esa protección no puede significar una suerte de “premio” para quien delinque?

Acá decimos: «Ay, en Inglaterra se aplica a tal edad, en Alemania son menos, en España también…» Yo estuve en España recorriendo las cárceles, por mi cuenta, y todas cuentan con un sistema de justicia restaurativa. Tanto las de mayores como la juvenil. Su fin es resocializador, sobre todo con los chicos.

Todo el mundo vio en Netflix la serie Inocencia, que trata el tema de chicos punibles siendo menores de edad. Pero ahí el sistema es absolutamente protector con quien aparece como responsable. Lo aíslan y nadie lo puede tocar.

La justicia restaurativa le da mayor respuesta a la víctima. Se construye teniendo en cuenta la palabra y la interacción con ella o su familia. Le da más satisfacción a la víctima y la sociedad. Genera un acercamiento. Da soluciones genuinas que apaga el conflicto y la violencia. Actualmente se envía a las personas a la cárcel, sin resolver la raíz de fondo. Entonces la familias se agreden, se incendian las casas, etcétera… Por eso se busca dar una respuesta a la víctima.

Todo lo contrario a lo que pasa acá, donde se los manda a instituciones de menores que son lugares de terror, donde nadie debería estar. Además de que son chicos absolutamente en situaciones vulnerables y que por eso ingresan con una carencia de valores de tipo intelectual: no van a la escuela, no saben hablar ni escribir, se drogan desde chicos, nunca comieron. Tampoco fueron tratados médicamente en sus dolencias.

Suelen ser abandonados por sus padres, pertenecientes a familias de muchísimos hermanos, y generalmente criados por las abuelas. No es para tenerles lástima, pero sí para tener en cuenta de dónde vienen.

—Para aplicar políticas públicas, digamos… ¿cómo ve el debate que se dará el Congreso?

Al principio el proyecto era más duro. Establecía el límite de edad en los 13 y penas de hasta 30 años. Un dislate total, jurídica y socialmente hablando. Ahora se acordó un piso de 14 años y penas de hasta 15. También es un montón, más en los institutos que tenemos nosotros que son absolutamente denigrantes. No le aportan nada al chico, más que resentimiento y odio.

Lo que pasa es que la respuesta política viene siendo la más rápida y la que la sociedad quiere escuchar. Estamos sobre una ola donde la sociedad solo quiere mano dura, lo cual tiene mucho que ver con el discurso que se propaga a través de los sí medios y de los discursos políticos. Un discurso medio demagógico en un aspecto punitivo.

Pero es un tema que debe ser tocado con absoluta seriedad. Por eso la baja no es una cuestión ni de Pullaro ni de ningún gobernador. Es un debate nacional del que va a participar todo el país.

Hoy quien delinque no está pensando en su restitución a la sociedad. Por eso el pibe sale y vuelve a hacer lo mismo, porque su situación de base no cambió.

—¿Cómo debería aplicarse esa justicia restaurativa?

—Hay que escuchar a los grandes académicos. En Argentina tenemos a la doctora Mary Beloff, con todo su equipo, también a Martiniano Terragni. Son eminencias a nivel internacional. Mary es una es una teórica y criminóloga, una persona que colaboró con las legislaciones penal juvenil de muchos lugares del mundo. Coincido completamente con lo que piensa. Si queremos solucionar los problemas debemos escuchar a la gente que sabe, y hacerle caso.

La justicia restaurativa se inventó hace más o menos 30 años justamente pensando en la justicia penal juvenil, porque se advierte que la mayoría de los chicos provienen de sectores absolutamente postergados.

Busca la conciliación, la mediación y el acercamiento a la víctima. Un montón de cosas que en el sistema penal común no están. En el proceso que estableció Pullaro, a través de la Legislatura, no se implementa un sistema de justicia restaurativa. Pero hay que aplicarla no solo con los menores sino también con los adultos.

La justicia restaurativa echa mano no solo al abogado, no solo a la seguridad policial, sino a la interdisciplina. Apunta a la educación. Entonces hay que cambiar el foco. Es un cambio de paradigma. Pero no lo quieren ver. ¿Por qué? Porque el punitivismo lógico es un discurso de mayor impacto político.

En países de Europa hace 30 años que la utilizan y lograron disminuir la criminalidad. Las cárceles están vacías en muchos lugares, porque el sistema restaurativo genera soluciones que impactan en la sociedad.

—¿Tuvo oportunidad de charlarlo con Pullaro o alguien de su equipo?

En la Convención reformadora lo planteé todas las veces que pude. Pero están subidos a una postura y no quieren escuchar otro razonamiento. Esto pese a que son sistemas más baratos y que garantizan una menor reincidencia. Pero claro, hay que trabajar mucho para construir una ingeniería institucional que brinde el acompañamiento necesario.

Pullaro no es abogado, a lo mejor no sabe del tema. Yo lamento lo de sus asesores, porque la verdad que como convencional me llegaron a decir que la pena no es resocializadora. Llegaron a negar algo tan básico y que está en la Constitución con argumentos absolutamente pueriles. Es decir, que no están queriendo ver la raíz del problema.