Alicia Bernal tenía 19 años cuando un grupo de tareas del batallón de Inteligencia 121 secuestró a su padre. Rubén “Tito” Messiez, militante del Partido Comunista, en agosto de 1977, en Entre Ríos al 800, para luego torturarlo en el centro clandestino de detención La Calamita, último destino conocido. Décadas después, tras participar de la búsqueda de justicia y de los juicios por crímenes de lesa humanidad, Bernal vuelve a encontrarse con una trama de poder que le despierta una dolorosa sensación de familiaridad: la de los privilegios que sobreviven y la impunidad que cambia de escenario, pero no de destinatarios. Hace 16 años, junto con su marido, contrató un plan de viviendas Bauen-Pilay. Lo hicieron pensando primero en asegurarle un departamento a su hija y, cuando ella resolvió su situación habitacional, continuaron pagando con otra expectativa: contar con una renta que complementara sus jubilaciones del presente. Pero el departamento prometido sigue siendo una incertidumbre.

“Era una marca de esta ciudad, cumplidora. Los que habían fundado Bauen eran, entre comillas, progresistas. Yo había conocido a algunos porque tenían militancia política en la misma organización donde militaba mi padre. Buena gente, digamos”, recuerda sobre la confianza que depositaron en aquel proyecto.

Con el tiempo, descubrieron que detrás de aquella marca estaba la financiera Pilay y que entre sus propietarios se encontraba la familia Vigo Leguizamón. “Bauen nos vendió la marca y nos entregó a la financiera”, resume, aunque aclara que considera compartidas las responsabilidades por los incumplimientos.

La conexión con su historia personal es lo que estremece. Javier Vigo Leguizamón, abogado y uno de los propietarios señalados de Pilay, defendió a represores y patrocinó a la familia del coronel Argentino del Valle Larrabure en su intento de que el secuestro y la muerte de este militar fueran considerados un crimen de lesa humanidad.

Bernal, querellante en la causa Guerrieri, recuerda haber presentado un escrito para resistir un intento de judicializar la teoría de los dos demonios.

“Nunca hubiera pensado a quién le estaba comprando”, admite. No imaginaba que ese apellido volvería a cruzarse con su vida en un reclamo por el que, como tantos otros ahorristas, debe exigir que se cumpla lo pactado.

“La impunidad es la misma”

Bernal no equipara la desaparición de su padre con un conflicto contractual. Distingue las dimensiones de cada tragedia, pero encuentra una continuidad inquietante en las relaciones de poder que, a su entender, permiten que los más fuertes conserven sus privilegios mientras los demás cargan con las consecuencias.

“Yo tenía 19 años cuando a mi papá lo secuestraron y tengo 68. Mi papá desapareció en el ’77 y yo compré este plan en el 2008. Yo digo que la impunidad es la misma para los mismos”, reflexiona. Y agrega: “En algún caso más grave, estamos hablando de la vida. Pero el juego sigue siendo el mismo y siempre para el mismo lado”.

La experiencia de los juicios por delitos de lesa humanidad también le enseñó que la impunidad no es necesariamente definitiva. Después de años de lucha, la causa Guerrieri permitió condenar a los responsables de los crímenes cometidos en La Calamita. Esa conquista, sin embargo, no borra la indignación que le produce volver a enfrentar estructuras que considera difíciles de cuestionar.

En el conflicto con Bauen-Pilay, los damnificados denuncian que existen sentencias favorables en primera instancia que no consiguen avanzar en la Cámara de Apelaciones. Bernal piensa en los vínculos de Vigo Leguizamón como ex funcionario de Justicia durante la dictadura y se permite sospechar.

El colectivo también busca romper las dificultades para instalar el reclamo en los medios y llevarlo al terreno público: para ella, no se trata solamente de una disputa entre privados, sino de un problema de acceso a la vivienda y de desigualdad entre consumidores y empresas.

Según la información publicada por La Política Online, los afectados podrían superar los 13.000 ahorristas. En esa trama aparece también Marcelo Vorobiof, exdirector de Pilay y expresidente del Puerto de Santa Fe durante las gestiones de Hermes Binner y Antonio Bonfati, condenado en 2022 a tres años de prisión condicional por negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.

Bernal todavía tiene cuatro años por delante hasta completar su plan. Pero el temor no es abstracto: observa que hay ahorristas que ya terminaron de pagar y siguen sin recibir su departamento. Mientras algunos aceptan terrenos u otras alternativas para recuperar una parte de lo invertido, ella insiste en que lo que corresponde es cumplir los contratos.

Al final, vuelve a una reflexión que excede el destino de una vivienda. “Sigue perjudicado el que menos tiene y sigue beneficiando el que tiene mucho y que es capaz de cualquier cosa para mantener ese privilegio”.

Y cierra con la amargura de quien creyó haber dejado atrás una parte de su historia, pero vuelve a reconocer sus sombras: “Es muy duro ver que los mismos personajes están presentes en la vida de uno, hace cincuenta años y hoy”.