Polémica por el proyecto de Monteverde de delegar la salud municipal a la provincia
La propuesta del concejal Juan Monteverde de delegar en la Provincia el financiamiento del sistema de salud de Rosario encendió un fuerte cruce político y volvió a poner en debate uno de los pilares históricos de la ciudad: su sistema de salud pública municipal. La iniciativa, presentada como una forma de “liberar recursos” —con un cálculo que habla de hasta $180.000 millones disponibles para otras áreas—, fue rápidamente cuestionada por el Ejecutivo local, que advirtió sobre un posible retroceso en un modelo que Rosario construyó durante décadas.
Desde el municipio no tardaron en responder con dureza. Funcionarios del área de Gobierno y Salud salieron a cruzar el proyecto señalando que implicaría, en la práctica, delegar autonomía sobre un sistema que hoy es referencia nacional, con redes de atención primaria, hospitales de alta complejidad y un esquema territorial consolidado. La discusión no es solo presupuestaria: es estructural.
En números, el sistema de salud pública municipal de Rosario muestra una escala difícil de reemplazar: 330.000 rosarinas y rosarinos están hoy adscriptos, con casi 94.000 atenciones mensuales y más de 1.190.000 consultas ambulatorias al año. Además, hay un dato que explica el momento: unas 1.700 personas nuevas se incorporan cada mes, en gran parte trabajadores que perdieron su obra social o no pueden sostener una prepaga. Es decir, lejos de achicarse, el sistema crece en plena crisis y absorbe cada vez más demanda.
Rosario no construyó su sistema sanitario de un día para el otro. Es un entramado que combina centros de salud en los barrios, hospitales de referencia y políticas públicas sostenidas en el tiempo. Y ahí aparece el punto más sensible del debate: ¿qué pasa cuando ese sistema deja de ser gestionado localmente?
El argumento de Monteverde —que propone delegar el financiamiento a la Provincia para redireccionar recursos— se presenta como una discusión de eficiencia. Pero desde distintos sectores advierten que ese “salto” podría tener un costo alto: perder control sobre una política pública clave.
En redes sociales, el cruce subió de tono. Referentes políticos y funcionarios intercambiaron acusaciones directas, exponiendo no solo diferencias técnicas sino una disputa de fondo. Desde el oficialismo local se habló de una propuesta “improvisada” y desconectada de la realidad del sistema, mientras que desde el entorno de Monteverde defendieron la iniciativa como un debate necesario sobre el uso de los recursos públicos.
Incluso dirigentes como María Eugenia Schmuck salieron a marcar posición, defendiendo el modelo rosarino y cuestionando la idea de delegar responsabilidades. Pero el cruce más fuerte llegó desde el socialismo, con voces directamente vinculadas a la construcción del sistema.
Los diputados Antonio Bonfatti y Varinia Drisun fueron contundentes: “La salud pública rosarina no es un gasto: es una inversión, un patrimonio de la ciudad”. Y agregaron una advertencia directa: discutir quitarle recursos en este contexto “es exactamente lo contrario de lo que Rosario necesita”.
Además, pusieron en contexto histórico el modelo local, recordando que no nació de una decisión administrativa sino de más de cien años de construcción, con un punto de inflexión desde fines de los años 80 bajo la gestión de Hermes Binner.
“No se trata solamente de quién paga una factura. Se trata de quién decide, quién planifica, quién está cerca y quién responde”, plantearon. Y fueron más allá: calificaron la propuesta como un planteo que “retrocede más de un siglo”, al poner en riesgo un sistema basado en la cercanía territorial, la atención primaria fuerte y la integración con hospitales.
También desarmaron uno de los ejes del proyecto: hoy la Provincia ya financia una parte sustancial del sistema —más del 40%— mientras que el Municipio sostiene el primer nivel de atención, clave para el funcionamiento general. Es decir, el sistema actual no es aislado, sino articulado, y funciona justamente por esa lógica.
Para los sectores que defienden el modelo rosarino, el trasfondo del debate es claro. En un contexto nacional atravesado por ajuste, recorte y redefinición del rol del Estado, la idea de delegar responsabilidades hacia otro nivel aparece, aunque no se diga explícitamente, en sintonía con un clima de época donde el Estado tiende a correrse.
El problema es que en Rosario la salud pública no es un gasto más. Es identidad. Es gestión territorial. Es respuesta en crisis.
Por eso, más allá de los números, el debate dejó algo claro: no se está discutiendo solo financiamiento. Se está discutiendo quién decide, cómo se gestiona y qué rol debe tener el Estado en uno de los servicios más sensibles para la ciudad.
Y en esa discusión, el consenso parece lejos.