Una denuncia presentada por el periodista e investigador Fernando Míguez ante la Justicia Federal desató un verdadero escándalo: acusa a funcionarios del gobierno nacional y personas del entorno directo del prescindente Javier Milei de haber participado en una maniobra de ingreso ilegal de valijas sin control aduanero, a bordo de un jet privado proveniente de Miami.
La presentación apunta directamente contra Laura Belén Arrieta, Santiago Caputo, Leonardo Scatturice, Emiliano Yacobitti, Diego Colunga, Karina Milei, Alicia Luján Lucich de Milei, la sociedad AlKari radicada en Estados Unidos, y la Fundación El Faro.
Se los acusa de usurpación de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, y presuntas maniobras de lavado de activos o tráfico de dinero no declarado.
El hecho clave ocurrió el 26 de enero de 2025, cuando una aeronave Bombardier Global 5 mil negra aterrizó en Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Miami.
Según la denuncia, la pasajera Laura Arrieta ingresó al país sin pasar por Aduana ni declarar sus pertenencias: 10 valijas que nunca fueron inspeccionadas, según los registros, y permaneció durante 7 días en el hangar de la empresa Royal Class, perteneciente a Scatturice y Colunga.
El denunciante sostiene que la orden de no revisar el equipaje “vino de arriba”, y plantea que la maniobra habría servido para introducir dinero negro en efectivo, posiblemente ligado a operaciones cripto o financiamiento político no declarado, por un valor estimado de 100 millones de dólares.
Además, la denuncia conecta a los involucrados con redes de poder político y empresarial, como la CPAC, vinculada a Donald Trump, y menciona posibles vínculos con exagentes de inteligencia y estructuras de lobby internacionales. También se nombra a la sociedad AlKari, registrada en EE.UU. a nombre de Karina y Alicia Milei, que ya habría canalizado 2,7 millones de dólares.
La causa exige a la Justicia Federal citar a todos los mencionados, investigar registros de vuelos, controles aduaneros, migraciones y posibles movimientos de fondos en efectivo. El denunciante también pidió notificar al FBI y al GAFI.
El caso recuerda al escándalo de Antonini Wilson, pero con implicancias políticas directas en el gobierno libertario actual, y podría escalar si se comprueban los elementos denunciados.
