En medio de la escandalosa interna que protagonizan miembros de la Libertad Avanza, el presidente de la Cámara de diputados fue señalado por un hecho vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad. La denuncia sostiene que la empresa beneficiada está «vinculada» al libertario y destaca que el ente público no publicó información sobre la transacción.
Alejandro Sebastián Díaz Pascual, miembro de la Asociación Civil en formación “Arco Social”, presentó este lunes una denuncia penal contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, «por los hechos de corrupción relacionados a la contratación millonaria realizada con omisión de los procedimientos legales, por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)«, sostuvo la denuncia, que da cuenta de una presunta masiva compra de productos medicinales sin licitación previa. La causa cayó en el juzgado federal número 11, a cargo de Julián Ercolini.
Días atrás, un informe televisivo de Canal Nueve informó que la Agencia Nacional de Discapacidad destinó casi 30 mil millones de pesos para comprar productos medicinales a una firma «vinculada a Martín Menem» -como se describe en la causa- y la gestión de la operación -sostuvo también la presentación judicial- habría estado en manos de su primo Eduardo «Lule» Menem».
Este informe, presentado por el periodista Tomás Méndez, reveló que la Agencia Nacional de Discapacidad, ahora bajo la conducción del abogado y ex candidato porteño por la lista de Milei en 2021, Diego Spagnuolo, destinó más de 27 mil millones de pesos para la adquisición de productos medicinales de la droguería Suizo Argentina. Esta empresa, que opera a través de su plataforma “FarmaOnline”, también comercializa productos de la compañía de suplementos dietarios Gentech, fundada por Martín Menem, lo que despertó serias inquietudes sobre la transparencia y la legalidad de tales transacciones.
«Los hechos denunciados revelan un esquema de corrupción operado por Martín Menem y Eduardo ‘Lule’ Menem desde las más altas esferas del gobierno , utilizando la cartera de Diego Spagnuolo como vehículo para desviar fondos públicos que debían llegar a las 1,5 millones de personas con discapacidad«, planteó el denunciante quien solicitó que se investiguen los hechos y se los encuadre en delitos de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, cohecho y tráfico de influencias.