La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, fue denunciada este jueves ante la Cámara Nacional Electoral por sus spots publicitarios, y manifestaciones de campaña, en donde habla de “terminar” y “destruir” al kirchnerismo. La denuncia fue presentada por Hugo Kofman, militante del movimiento de derechos humanos de Santa Fe, que cuenta con el patrocinio del abogado Guillermo Munné. En el escrito, se exige un pedido de disculpas público y que la justicia determine una indemnización económica “de carácter ejemplificador” contra la dirigente. “Es un juego sucio de la campaña electoral y es sumamente peligroso”, evaluó Munné en declaraciones a Rosario/12.

La denuncia presentada este jueves ante la Cámara Nacional Electoral hace mención a una serie de mensajes publicitarios, difundidos por el propio organismo electoral, que hablan de “terminar con el kirchnerismo ahora y para siempre”. Pero también se refiere a otro tipo de manifestaciones que tuvieron lugar durante la campaña electoral, puntualmente en la provincia de Santa Fe, durante la jornada en la que Maximiliano Pullaro se consagró como gobernador electo. Allí la candidata llamó a “destruir al kirchnerismo para que no vuelva más una ideología que ha generado un mal terrible en un nuestro país”.

“Esta antidemocrática acción para hacer desaparecer una expresión de la vida política contemporánea de nuestro país, no se corresponde con las posibilidades jurídicas para llevar adelante una campaña proselitista como candidata presidencial”, señala la presentación judicial. “Estos actos de Patricia Bullrich no solo violan la ley antidiscriminatoria argentina, sino que operan una incitación a la violencia y constituyen una amenaza que nos infunde temor por los ataques de los que podamos ser blanco por militar políticamente como kirchneristas”, agrega.

En declaraciones a este medio, Munné explicó que la denuncia se sustenta en el “discurso violento y de incitación a la violencia” que ejerce la candidata de Juntos por el Cambio con el objetivo de “demonizar” a un sector político específico. Para el abogado, con trayectoria como querellante en los juicios por crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en Santa Fe, esa postura se utiliza “como un argumento del programa gubernamental y de campaña para ganar votos”.

“Recaer nuevamente en esta idea de estigmatizar a un colectivo nacional que protagoniza la vida política del país como un blanco a suprimir, a destruir, decididamente es un juego sucio de la campaña electoral y es sumamente peligroso, porque más allá de lo que la propia Patricia Bullrich esté dispuesta a llevar adelante, las acciones violentas que proponen pueden convocar a gente mucho más irresponsable”, cuestionó el abogado.

En ese sentido, recordó que poco más de un año atrás, una persona intentó dispararle a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con un arma de fuego que se terminó trabando, sin que salga el disparo. “Patricia Bullrich sigue sin manifestar ninguna solidaridad por ese hecho, pero también sin aclarar los oscuros vínculos de Gerardo Milman, su jefe de campaña, con el grupo que organizó el atentado”, rememoró.

La denuncia finaliza con un petitorio hacia el tribunal para que ordene a Bullrich dejar de realizar ese tipo de manifestaciones “por ser actos proselitistas contrarios al derecho político y constitucional argentino, y violatorio de las garantías fundamentales”. Además, se exige que la interrupción de los mensajes “discriminatorios y promotores de violencia” alcance también a los spots audiovisuales emitidos en distintos medios por el propio organismo electoral.

Otro de los pedidos tiene que ver con que la referente de Juntos por el Cambio realice un pedido de disculpas públicas “como forma de reparación simbólica” para quienes forman parte o se sienten representados por el kirchnerismo. “Nos vemos sometidos a la peligrosa y amenazante demonización de esta candidata, que reincide en las prácticas largamente conocidas en la historia de nuestro país de estigmatización del peronismo para justificar proscripciones, intentos de magnicidio y violaciones múltiples a los derechos humanos”, sostiene la denuncia.

Por último, el documento solicita que se aplique una indemnización económica “de carácter ejemplificador y disuasiva de toda repetición de estos ataques” que vaya dirigido a alguna entidad de bien pública o vinculada a los derechos humanos.

“Esta denuncia la hacemos para que quede claro en nuestra sociedad que la vida democrática no transita por esa voluntad de destruir a algún sector, como el responsable de los males de la sociedad. Que eso ha sido una experiencia histórica fatal para la Argentina”, finalizó Munné.