En la sede Rosario del Ministerio de Trabajo ya se abrieron casi 1000 expedientes que reflejan la precarización laboral y el achique de la economía. De esos, entre 30 y 40 representan nuevos despidos y cesantías.
Decenas de trabajadores, abogados y representantes de distintos sindicatos llegan cada mañana a las oficinas de la Regional Rosario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en Ovidio Lagos y San Lorenzo. El motivo: presentar diferentes situaciones que, aunque puntuales, son las distintas aristas que van tramando el relato de una crisis que se profundiza día a día.
En mesa de entrada dan números contundentes. Hasta el 23 de enero ingresaron 905 nuevos expedientes bajo distintas carátulas: reclamos, actas acuerdo y procedimientos preventivos de crisis. “Los contamos ayer”, aseguran. No es un conteo difundido de manera oficial, es el conteo de ellos, hecho bajo el asombro de la abrumadora cantidad de ingresos diarios. “Son todos de Rosario, habrá alguno, un caso puntual, que viene de otra localidad pero son las excepciones”, agregan.
En los pasillos de la dependencia local del Ministerio de Trabajo se dan más datos. “Nosotros estamos abriendo entra 8 y 10 expedientes por día”, asegura un abogado de Empleados de Comercio que se acaba de acercar al mostrador para dejar la decena de carpetas diarias. Lo tratan con familiaridad y bromean con él, sabiéndose partes ambos, de un lado y del otro del mostrador, de la triste burocracia del desempleo.
Los expedientes que están en movimiento no son las pilas y pilas de carpetas amarillas que se acumulan a los costados de los escritorios. Estos corresponden a casos cerrados. “Desde que asumió Macri se triplicó el trabajo. Todas esas carpetas que están ahí, son expedientes cerrados y aquellas son sólo actas acuerdo que se tienen que firmar hoy. Son entre 30 y 40 cada día, es decir 30 despidos diarios. Son 150 por semana, sacá la cuenta de la gente que se está quedando sin trabajo”, calculan a ojo los empleados mientras siguen ingresando expedientes.
Sin embargo, un acta acuerdo no es garantía de nada. En muchos casos, además de ser la disolución de la relación laboral, es apenas el inicio de una serie de audiencias y negociaciones para que el ex empleador cumpla con lo pactado. Eso es lo que está sucediendo justo en ese momento en el primer piso del Ministerio, en la sala de audiencias. Allí, una decena de personas -entre abogados del sindicato, delegados, agentes del ministerio de Trabajo y representantes de la patronal- dirime números, cuotas y exige el cumplimiento de los pagos a los que la empresa Electromecánica Vic se había comprometido el 16 de agosto del pasado año, cuando les otorgó el retiro a 47 trabajadores calificados.
Más de una decena de trabajadores de la electromecánica, situada en Ecuador 451 bis, aguardan en la sala de espera, rodeada de oficinas vidriadas. Desde ahí intentan apreciar qué es lo que sucede en esa pecera que auspicia como sala de audiencia. Leen gestos, rostros, hablan entre ellos intentando ver qué vuelta le encuentran, con pocas expectativas de que lo que esté sucediendo ahí dentro les resuelva algo.
“Lo pactado era el pago de las quincenas y el aguinaldo que se adeudaba en cuotas. Y a la par el retiro, también en cuotas. Las primeras se cobraban el 23 de cada mes, mientras que las segundas el 6. El mes pasado terminamos de cobrar lo adeudado, y este mes, estamos a 24 y aún no recibimos la cuota correspondiente al retiro”, detalla Jorge Barboza un empleado de 55 años que aceptó el retiro luego de 14 años de servicios prestados a la empresa.
En ronda todos suman y aportan al relato de una desgracia compartida. “El retiro lo vamos a cobrar en dos años: con la inflación y la suba del dólar, nosotros le salimos gratis a la empresa, y ni siquiera eso cumple”, agrega. Otros prefirieron continuar trabajando y no aceptar el retiro, pero también siguen aguantando las dilaciones en los pagos y van acumulando sueldos adeudados.
“Yo tengo 55 años, salí de la empresa con un problema en la columna. ¿Adónde me van a tomar?”, pregunta, retórico. Sabe la respuesta, sabe que su situación es compleja, pero sobre todo sabe que es el destino actual de muchos como él. De los 47 que aceptaron el retiro, son pocos –“los más jóvenes”, dice Barboza– quienes pudieron conseguir algo. “Sólo algunos, muy pocos. Y lo que consiguieron son changas o contratos basura de tres meses de duración. Acá se perdieron 47 puestos genuinos de trabajo y no se recuperaron”, detalla Darío García quien estuvo durante 8 años en la electromecánica situada en barrio Larrea, zona oeste.
Algo similar cuenta desde la oficina de medicina laboral la encargada de recibir a los candidatos que tramitan el alta médica para empezar a trabajar. “Ingresaron en lo que va de enero unas 776 altas. Pero eso no quiere decir que sean puestos genuinos. Entre un 40 y un 50 por ciento de lo que tengo acá (toma con las dos manos una resma de hojas impresas y las apoya en el escritorio) son empleados de la construcción, que tienen un régimen particular, al terminar la obra termina el empleo”, aclara.
El humor como autodefensa
El ánimo de los empleados del ministerio se sostiene sólo con humor (casi negro). Un cinismo impuesto por la práctica con el que buscan mantener distancia y hacer de cuenta que de verdad su material de trabajo son expedientes, y no historias de familias desmembradas, futuros hechos de harapos por la precarización laboral y el desempleo.
“¿Y vos piba? Cuidá el laburo, hablá bien del presidente, que se viene fea en serio. No te hagas la choriplanera”, le dice uno a esta cronista y se ríe de su humorada, pero parece un lamento resignado.
Un compañero, detrás del mostrador, también ríe, pero apenas con una mueca y define: “No es que no la suframos nosotros, yo tengo hijos, amigos, parientes. Somos sociedad, y la distancia que uno puede poner acá se termina cuando el que viene a hacer el trámite es un hermano”. Todos coinciden: Se viene aún más mala. No importa el año electoral.